Ángel Arias
| Sociólogo y trabajador del MinTrabajo @angelariaslts
Una votación el mes pasado en la ONU sobre Venezuela renovó las discusiones en la izquierda sobre qué actitud tener frente a las violaciones de derechos humanos del gobierno de Maduro y las FFAA, y ante estos organismos de “gobernanza mundial”. Debate que se renueva con el reciente anuncio de la Fiscal de la CPI. La discusión es compleja, aunque algunos prefieren simplificarla a favor de una falsa dicotomía. Nos vemos en la necesidad de exponer con renovada claridad nuestra posición.
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se votaban dos resoluciones. Una (45/L55) contaba con el aval del gobierno venezolano y el equipo de trabajo de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, fue impulsada por gobiernos aliados de Maduro (Irán, Siria y Turquía), contemplaba “cooperación y asistencia técnica” entre el gobierno venezolano y la oficina de Bachelet (que tiene presencia en el país), descartando el monitoreo. La otra (45/L43) era impulsada por el arco de gobiernos que viene alineándose con Estados Unidos y la Unión Europea, además del “Informe Bachelet” de 2019, se apoyaba también en el reciente informe de otra institución de la ONU, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (a la que el gobierno no le permitió acceso al país), para establecer el monitoreo sobre el país, prorrogar por dos años más el mandato de esta misión, e instruía a que sus informes y los de la Oficina de la Alta Comisionada sean enviados “a todos los órganos pertinentes de las Naciones Unidas para que adopten las medidas que correspondan”. Esto último abre la posibilidad de que la Asamblea General envíe informe al Consejo de Seguridad y este podría elevar diligencia ante la Corte Penal Internacional para que actúe.
El gobierno argentino, considerado con una suerte de “tercera posición”, que no apoya al gobierno venezolano pero tampoco se suma al arco de gobiernos derechistas que le sirven de alfiles a la política imperialista de Estados Unidos (aunque vergonzosamente sigue manteniendo la herencia de Macri de que Argentina sea parte del “Grupo de Lima”), no votó a favor de la primera moción y votó a favor de la segunda resolución, a diferencia de México (otro de los pocos gobiernos latinoamericanos con esa “tercera posición”) que se abstuvo.
Esto fue visto como un cambio de posición del gobierno argentino, como un alineamiento con los gobiernos del Grupo de Lima y de Trump que, por supuesto, celebraron la resolución y saludaron la posición del gobierno de Fernández. Desde nuestro partido hermano en Argentina (el PTS) –y las demás fuerzas que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU)– se le cuestionó al gobierno de Fernández este alineamiento. El gobierno argentino se defendió luego señalando que no se trató de tal alineamiento con la política injerencista de EEUU, puesto que no suscribió una declaración emitida por el Grupo de Lima y, en sus argumentos en la votación en la ONU, los representantes argentinos señalan explícitamente que rechazan las intervenciones, sanciones y bloqueos. Queda sin embargo la discusión de qué implicaba la votación afirmativa (y no abstenerse, como hizo México) de esa resolución de la ONU.
Otros sectores de izquierda (se supone que también anticapitalistas), en cambio, aplaudieron la posición del gobierno argentino, se entusiasmaron con esa votación en la ONU y, a quienes no la apoyamos, nos cuestionan por, según, “hacerle el juego a Maduro”. La discusión trasciende el hecho concreto de esa votación, incluye más de conjunto las posiciones a sostener ante el bonapartismo reaccionario de Maduro y las FFAA, sus sistemáticos ataques a las libertades democráticas y las violaciones de derechos humanos fundamentales de la población, así como ante las iniciativas en organismos como la ONU y la política del imperialismo estadounidense y la derecha regional, que emplean el argumento “derechohumanista” para sus fines.
¿Pueden usarse a favor de las luchas algunas medidas de organismos internacionales?
La ONU no es un organismo de cándidos activistas por los DDHH, las votaciones allí no tienen alguna motivación moral a favor de los pueblos oprimidos del mundo, sino que son parte de las disputas políticas entre los diferentes bloques de poder de la geopolítica mundial, donde abundan la doble moral y las omisiones o vetos a conveniencia. Quien no tenga claro eso y quiera hacer política revolucionaria, sencillamente se desorienta y se pierde.
Ahora bien, ¿quiere esto decir que, por principio, se rechazan cualesquiera sean las medidas en todo momento y circunstancia que puedan tomar instancias internacionales derivadas de la ONU (o la OEA, la OIT), aun cuando alguna pudiera usarse favorablemente por el pueblo en lucha o por las víctimas de violaciones de DDHH? No.
Hemos escrito con claridad lo siguiente: “Que se hagan notorias las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y se denuncien con gran destaque, es importante, ante el grado de vulnerabilidad en que se encuentra gran parte de la población, y puede contribuir a la visibilidad de situaciones sistemáticas que constituyen mecanismos de sometimiento y brutal represión social y política, con los que se sostiene un régimen cuasi-dictatorial contra el pueblo”.
El gob dice #BacheletMintió... seguramente son "mentira" casos como el de #RufoChacon. Que los EEUU y la derecha busquen sacarle provecho y no tengan moral para hablar d DDHH es cierto, pero eso no niega la cruda verdad y la responsabilidad del gobierno https://t.co/35d5akeD6Xpic.twitter.com/UI1x7yhBXS
Más aún, si alguna de estas instancias relacionadas con derechos humanos dictaminase alguna medida que sirva para exigir al Estado venezolano la libertad de trabajadores, campesinos, mujeres, habitantes de las comunidades, activistas de DDHH presos o enjuiciados por luchar o por ejercer algún derecho, si hubiese alguna medida dirigida concretamente a preservar la integridad física, la vida o derechos laborales, que permita desarrollar la lucha por el enjuiciamiento en el país de los responsables de violación de derechos, o que obligue al Estado venezolano a reparación a las víctimas, en esos casos somos partidarios de apoyarse en tales medidas para la movilización obrera y popular.
De hecho, el Estado venezolano ha sido antes objeto de dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligan al enjuiciamiento en el país de los responsables de graves violaciones de DDHH como en el Caracazo (1989) y El Amparo (1988), y a la reparación a las víctimas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha pronunciado recientemente por la libertad de trabajadores presos por ejercer la actividad sindical, y hay en curso solicitudes de sindicatos nacionales para que se pronuncie por el respeto a las contrataciones colectivas. Son ejemplos concretos de medidas que pueden ser usadas por el pueblo trabajador para sus objetivos propios de lucha, no para los objetivos de quienes se oponen a Maduro desde posiciones reaccionarias, siendo por tanto también nuestros enemigos.
Pero esa no es la norma, toca ver con mucho cuidado cada caso concreto, sus objetivos, porque los objetivos reaccionarios de países imperialistas y sus socios locales se travisten de un “derechohumanismo” en el cual denuncias o medidas en general correctas, pueden ser no más que aditivos en un paquete o una política cuyos verdaderos objetivos son la injerencia imperialista, que nada tiene que ver con las necesidades del pueblo venezolano. Una política en la que las libertades democráticas y derechos del pueblo no son más que demagogia.
La resolución votada por el gobierno argentino no entraba en la categoría de aquellas cosas como algún habeas corpus, un pedido de libertad de algún trabajador, activista, campesino, mujer, estudiante, la exigencia de juicio en el país a algún represor o reparación a las víctimas, por ejemplo. No, nada de eso, entraba en la categoría de esas medidas que usan el argumento de los derechos humanos como mera cobertura para los objetivos políticos de otra banda de avasalladores de los derechos humanos. Ceder a eso sería una ingenuidad muy peligrosa, porque es dejar que unos bandidos reaccionarios utilicen las genuinas aspiraciones de justicia del pueblo para sus propios fines; y en el caso de las corrientes políticas de la izquierda que nos cuestiona, es sencillamente claudicar al “derechohumanismo” de cuño imperialista.
La ONU no es una asamblea de cándidos activistas por los DDHH
(O “todos los países son iguales, pero unos son más iguales que otros”)
Quienes en la izquierda se entusiasman con la votación de la ONU y aplauden a los gobiernos latinoamericanos que la apoyaron, ¿querrán convencernos de que ese organismo, su Consejo de Seguridad y la CPI son algo así como un conglomerado de honestos activistas por las causas justas? ¿Cuándo fue que, para estos “anticapitalistas”, la ONU dejó de ser lo que realmente es, un instrumento para la “gobernanza mundial” subordinada a la división imperialista del mundo? Es decir, un instrumento para la gestión de las relaciones estatales internacionales bajo el mando de las principales potencias capitalistas y sus intereses.
Desde ese organismo se define bombardear países, invadir naciones, cambiar gobiernos… siempre de naciones que no son las que mandan en el mundo, porque ¡hay países y países! Desde allí se violenta a placer la soberanía de esas otras naciones que no son tan iguales, a veces “pacíficamente”, a veces sangrientamente. El argumento “humanitario” es invitado más o menos recurrente a estos eventos. Hablamos de miles –o cientos de miles– de muertos, destrucción masiva de infraestructuras necesarias para la vida, la producción, la salud, la educación, la alimentación, destrucción de bienes culturales, torturados y perseguidos, ocupaciones y sistemáticas violaciones a la libertad de expresión, al derecho a la vida, en fin… digamos que implican, sin lugar a dudas, masivas violaciones de derechos humanos. Pero, ¡cosas de este “mundo democrático”, que tales violaciones de DDHH no les traen a esos países ninguna consecuencia seria dentro del sistema ONU y de la “justicia internacional”! Claro, ¿quién sanciona a los sancionadores? ¿Quién castiga a los que tienen el privilegio exclusivo de impartir “justicia” a las demás naciones?
Cuando, dados intereses diferentes dentro de ese club exclusivo que cuenta con privilegios sobre los otros países, no se pusieron de acuerdo, y uno de esos países que son más iguales que otros (¡supongamos que los EEUU!), decidió por cuenta propia invadir otro país –siempre un país de ese otro tipo, los que no son tan iguales–, ahorcar al gobernante y sustituir el despotismo local por el autoritarismo y la dominación militar extranjera, la ONU no hizo sino encogerse de hombros… ni modo, ¿qué se le va a hacer, cierto? El mundo es así de mugre, así de injusto. Así es la gobernanza mundial imperialista.
Es que hay una serie de países en los que sus regímenes pueden hacer más o menos lo que les venga en gana en materia de derechos humanos, tanto al interior de sus fronteras como con las poblaciones de otros países, en total impunidad. Están a salvo de las sanciones y medidas punitivas que ellos mismos imponen a conveniencia a esa otra categoría de países.
El informe de la misión que –además del informe de Bachelet– da base a la resolución que votó favorablemente el gobierno argentino, llama a “los países” a considerar acciones legales en contra de los responsables de los hechos que se denuncian y pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que tome nota de estos hechos. Ya hay precedentes recientes, dice la prensa. ¿Cuáles? Por ejemplo, a los responsables del gobierno sirio los están juzgando en otros países. ¿Y cuáles son los países que juzgan? ¡Francia, Alemania, Suecia! Por ejemplo Myanmar, sobre cuyos casos están interviniendo la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.
Lo que revela la naturaleza hipócrita, de doble rasero y acomodaticia de ese sistema de “justicia internacional”, su subordinación a los intereses del selecto grupo de los países que gestionan el mundo, no es si el gobierno Sirio o el de Myanmar cometieron crímenes contra sus pueblos o minorías étnicas, sino cosas como que, ¿por ejemplo, alguna vez fueron los gobernantes franceses juzgados por algún país, digamos, africano o latinoamericano, por algún órgano de esa “justicia internacional”, por las atrocidades cometidas en masa y sistemáticamente durante su ocupación colonial (¡en plena segunda mitad del siglo XX!) en Argelia? No, por supuesto que no, ¡pero Francia juzga a los gobernantes sirios! Cosas como que el régimen de Saddam Hussein cometió crímenes en masa contra la población kurda, una política con ribetes de “limpieza étnica”, pero como era aliado de los Estados Unidos en su pugna contra el Irán post revolución del ‘79, nadie lo tocó entonces. Como diría el chiste de Virulo, “eso no era malo porque a los buenos les convenía”.
Tras la invasión a Afganistán (y luego a Irak, cuando uno de los “buenos” decidió que Saddam sí era “malo”), los Estados Unidos cometieron por supuesto graves violaciones a los derechos humanos en ambos países, centros clandestinos de detención y torturas, etc., de lo cual lo ocurrido en la prisión de Guantánamo fue lo más visible… ¿alguna comisión internacional de la ONU que se haya instalado en EEUU para vigilar el accionar de sus órganos militares y de justicia, para pedirle cuentas y denunciar lo que hacen? No, claro que no.
Estados Unidos, de hecho, no adhiere a la CPI, no acepta que ningún gobernante ni militar de su país pueda ser juzgado por esa instancia, pero, por ejemplo, ¡sí votó en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de que la CPI interviniera contra el gobierno Libio (de Gadaffi) y sí aplaude que gobiernos no aliados suyos (como el venezolano) sean sometidos a esa corte! En sentido contrario, regímenes brutalmente criminales como el del Estado de Israel contra una nación entera (los palestinos) o la monarquía saudita, están a salvo de cualquier acción seria de la “justicia internacional” de cuño ONU mientras sean aliados de los EE.UU., bien porque tales órganos no se mueven, o bien porque si lo intentan, es anulada su acción con el poder real, de veto y fáctico, de los Estados Unidos.
Aquí al lado tenemos a uno de los países más peligrosos para los sindicalistas, con el mayor índice de activistas sociales asesinados y con las más grandes fosas comunes producto de las masacres cometidas por fuerzas oficiales y paramilitares con apoyo estatal. Sin embargo, los impulsores de las políticas injerencistas sobre Venezuela “por razones de derechos humanos”, miran para otro lado en el caso colombiano y, más aún, ¡en esa causa “derechohumanista” forman alianza con el gobierno colombiano!
Los ejemplos pueden seguir por doquier. No hay “igualdad ante la ley”, hay países que están fuera del alcance de sanciones o consecuencias serias, bien sea porque son las principales potencias capitalistas o porque son aliados de estas… O lo que es lo mismo decir: se puede ser un perfecto déspota, se puede ser un asesino serial de su pueblo, se pueden violentar los derechos humanos de miles o millones, pero si se es de ese tipo de países se tiene impunidad, y muy posiblemente ni siquiera se arme el escándalo que se arma en otros casos.
Esta cuestión elemental parecen no entenderla quienes nos cuestionan, ¡oh, pecado!, que no aplaudamos la resolución de la ONU. Es como que si vivieran en el mundo imaginario de “democracia” y “justicia” internacional que dibujan los discursos de los gobiernos de las burguesías imperialistas.
De hechos, relaciones y objetivos (o “el enemigo de mi enemigo no es mi amigo”)
Esa realidad de la ONU, de los usos políticos y a conveniencia del tema de los derechos humanos, ¿quiere decir entonces que son falsos los hechos que denuncian los informes? Por supuesto que no, ya lo hemos dicho, el problema no son los hechos, sino el uso político y los objetivos detrás. Ah, pero entonces, si los hechos son ciertos, “los hechos son los hechos”, dicen nuestros interlocutores, y no importa quién los señale, porque lo que importan son los hechos.
Cuenta John Rees que, en una discusión entre dirigentes bolcheviques, a propósito de lógica y dialéctica, donde Bujarin ponía como ejemplo de falso antagonismo una hipotética discusión sobre si un vaso era un cilindro de vidrio o un recipiente para beber, Lenin mostraba la importancia de las determinaciones concretas, las relaciones. El objeto en cuestión ciertamente sería tanto un cilindro de vidrio como un recipiente para beber, dirá Lenin, pero podría ser también un objeto pesado usado como “misil” contra alguien, o receptáculo de una mariposa capturada, o un artículo de valor artístico por su grabado o diseño, y así sucesivamente, siendo objetivamente el mismo objeto. La clave son las determinaciones de las relaciones en que está inmerso. Es mucha más conocida la explicación de Marx sobre que una máquina de coser es una máquina de coser, y solo es capital cuando está en determinadas relaciones sociales, fuera de las cuales no tiene ninguna propiedad de capital, “del mismo modo que el oro no es de por sí dinero”. Lo que define, una vez más, son las relaciones concretas.
Este abc es hecho a un lado por estos “marxistas” que parecen alardear “¡un vaso es un vaso, una máquina de coser es una máquina de coser, no importa en qué relaciones concretas estén!”. La denuncia al gobierno de Maduro en boca de las madres de los miles de chamos asesinados a sangre fría por las FAES, tiene un valor genuino, legitimidad total y un objetivo verdadero de conseguir justicia; la misma denuncia, en boca de un Trump, Bolsonaro, Duque, Ledezma, Guaidó, es en cambio una calculada utilización demagógica para objetivos propios reaccionarios, entre los que no está el anhelo de conseguir justicia para esas madres.
Pero el simplismo de algunos “críticos” los lleva a sostener una lógica según la cual, si uno está contra el gobierno de Maduro, violador de derechos humanos, debe estar a favor de cualquier iniciativa contra este, así venga aupada por… una coalición de violadores de derechos humanos a quienes, en realidad, las libertades democráticas del pueblo trabajador venezolano y sus derechos les importan un comino. Parecen ser subsidiarios de la repetida –que no por eso sabia– frase del sentido común según la cual “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, fuente de peligrosas desorientaciones.
En 2019, en medio de la agresión estadounidense para deponer al gobierno venezolano e instalar a su títere en Miraflores, jugaron la carta de la “ley de amnistía”: a cambio de que empujaran a Maduro del poder, Guaidó y los Estados Unidos le ofrecían a los militares un perdón por sus crímenes (reales o inventados). En cambio, si no se pasaban al bando gringo, serían juzgados por crímenes de lesa humanidad si se concretaba un hipotético cambio de régimen comandado por los gringos. ¡Lo importante eran los objetivos yanquis y de la oposición de derecha de cambiar a su favor el régimen político, los “derechos humanos” era apenas una moneda de cambio!
Es por eso que, cuando en el intento de golpe del 30-A el general Cristopher Figuera, hasta entonces de larga trayectoria en jefaturas de los servicios de inteligencia y represión política, se cambió de bando, llegaron a hablar del “Sebin bueno” y, de hecho, un buen tramo de los hechos que relata el reciente informe de la misión de la ONU, están basados en declaraciones de este. Pero este alto jefe represor no declaró estando preso o enjuiciado, sino libre bajo protección estadounidense… porque se pasó a su bando.
Una posición de constante denuncia y enfrentamiento a las políticas represivas del gobierno de Maduro y las FFAA
Es en este marco que, en un blog de un intelectual de izquierda argentino, tomaron el título de un artículo de opinión de julio del año pasado en el diario de nuestra red en Chile, lo mezclaron con la posición actual de rechazo a la votación del gobierno argentino en la ONU, para “concluir” que al igual que el gobierno de Maduro/FFAA desacreditamos los informes que señalan las violaciones de DDHH, minimizamos los hechos denunciados, con lo que, en última instancia, seríamos condescendientes con el gobierno venezolano, en nombre de oponernos a las políticas imperialistas.
El título de la nota de opinión (que no una declaración política) ciertamente no era el más adecuado (“Informe de la ONU: Piñera y Bachelet unidos contra el pueblo venezolano”), puesto que en el interés de cuestionar, correctamente, la política de Piñera que usaba el “informe Bachelet”, dejaba la impresión de que se cuestionaba no solo el uso político del represor Piñera sino el informe mismo. Cuando se nos interpeló públicamente acá en Venezuela –sobre este artículo que desconocíamos, puesto que son cientos los que salen a diario en una red que abarca más de una decena de diarios–, señalamos de inmediato esa apreciación crítica sobre el título, no sin señalar al mismo tiempo que, aún así, en ninguna parte del artículo se desacreditaba el informe ni se desestimaban las denuncias: el contenido era una crítica al uso político de Piñera y el imperialismo estadounidense del argumento de los derechos humanos.
Un título impreciso en una nota de opinión cuyo contenido era correcto: denunciar a su gobierno y a la política imperialista que empleaban el argumento “democrático” y de los DDHH en el contexto de una agresiva ofensiva imperialista contra Venezuela (¡¿se olvida acaso todo lo que ocurría entre enero de 2019 y la primera mitad de ese año?!). Una nota que, al hacer esa crítica correcta y necesaria, no por eso desmentía el informe ni cuestionaba los hechos allí denunciados.
El asunto estaría aclarado si no fuera porque nuestros críticos insisten en seguir tomándose de esta “prueba” para intentar “demostrar” la infundada idea de que nuestra corriente desacredita los informes, minimiza los hechos represivos y, “en nombre del imperialismo”, no denuncia por todo lo alto al gobierno represivo y cuasi-dictatorial de Maduro y los militares venezolanos. Así mismo, porque cuando denunciamos los usos políticos reaccionarios de la cuestión de los DDHH en Venezuela, estos agudos razonadores sacan la lógica dicotómica de que eso implica entonces hacerle el juego a Maduro.
La verdad es que hay que ser chiflado o tener muchas ganas de cuestionaros a como dé lugar, para decir que la FT-CI en Venezuela, y el diario de nuestra red aquí, sea condescendiente con el gobierno de Maduro/FFAA en materia de libertades democráticas y de ataques a los derechos políticos y sociales fundamentales de la población. Si algo ha caracterizado a nuestro grupo y a nuestro diario, es una constante, tenaz e incansable denuncia de las políticas autoritarias y represivas del gobierno de Maduro. Si a algo le hemos dedicado con celo y constancia nuestras modestas fuerzas, es a denunciar cada paso dado por el régimen político contra las libertades democráticas del pueblo. A nadie que viva y milite en Venezuela, o que desde afuera conozca nuestra militancia y La Izquierda Diario Venezuela, se le ocurriría semejante acusación.
Obviamente, también estamos en las protestas de calle de las organizaciones de trabajadores y de la izquierda contra la criminalización y represión a las luchas, así como hemos desarrollado campañas propias (“¡Basta de policías y militares en las fábricas!”), incluso recién iniciando los años de Maduro, cuando aún el régimen mantenía las formas “democráticas”.
Se trata de una conducta política firme de constante enfrentamiento a los avances represivos de este gobierno. Una conducta que, además, también tuvimos en los gobiernos de Chávez, porque, como es sabido, también éramos entonces oposición por izquierda.
De los informes en cuestión, hemos dicho que, aún cuando a partir de los mismos hay un furibundo uso político del imperialismo, ajeno a los intereses del pueblo venezolano, eso “en modo alguno, nos puede llevar a la posición del Gobierno y las FFAA de despachar como ‘falsos’ esos informes de organismos como los de la ONU. Como señalamos, más bien en algunos casos hay ausencias y se quedan cortos”. Es nuestro diario el que, desde varios años antes de estos informes, ya por allá en 2016, reportaba: “El sistema de seguridad del presidente venezolano Nicolás Maduro, la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), responsable de graves violaciones a derechos humanos en los barrios pobres”.
Por supuesto, todas estas posiciones son patrimonio común del conjunto de la Red Internacional de La Izquierda Diario y de nuestra corriente política internacional. Somos parte de una corriente internacionalista que discute y desarrolla sus posiciones en esa perspectiva y en discusión permanente, las posiciones de la LTS en Venezuela expresan las posiciones de la FT-CI sobre Venezuela.
No hay “contradicción principal” y “contradicción secundaria”
Dadas todas estas circunstancias, nuestra posición nada tiene que ver en lo absoluto con esa lógica mecánica y abstracta de ciertas corrientes de izquierda que beben en las concepciones derivadas del stalinismo (o sus variantes como el maoísmo), según la cual hay que diferenciar entre una “contradicción principal” a la cual se subordinan todas las demás contradicciones, lo que significaría en este caso que, la contradicción de la nación con el imperialismo sería la “principal” y por tanto, el enfrentamiento al gobierno burgués reaccionario y represor de la nación acosada sería la “contradicción secundaria”, por lo cual, se tiende a suspender o minimizar esta “contradicción” en función de la “principal”.
Esa caricatura grotesca, que intentan contrabandear como “marxismo”, no tiene cabida en nuestra posición. Ese “anti-imperialismo” en el nombre del cual intelectuales latinoamericanos como Borón, Grosfoguel y las más diversas corrientes populistas tapan (¡o peor aún, justifican!) las políticas reaccionarias del gobierno cuasi-dictatorial de Maduro y los militares. Un anti-imperialismo bastante limitado e impotente, sin estrategia, que al subordinarse a regímenes burgueses tibiamente nacionalistas, o directamente reaccionarios y entreguistas, como el de Maduro, obra precisamente en contra de lo que hace falta para una verdadera emancipación nacional contra la dominación imperialista: las más amplias libertades democráticas y de acción del movimiento obrero, popular y campesino, el despliegue audaz y no regimentado desde el Estado burgués de toda la iniciativa y energía de lucha del pueblo.
Nuestra firme e intransigente oposición a la demagogia imperialista la hacemos sin cesar la denuncia y el enfrentamiento a las políticas reaccionarias de Maduro y los militares, tanto en materia económica como laboral y represiva. Nuestro antiimperialismo implica, precisamente, apostar a una dinámica en la que la lucha de los trabajadores y trabajadoras, en conjunto con el pueblo pobre, los posicione de tal manera que no solo puedan pararle la mano a las pretensiones imperialistas sino también, en ese mismo proceso, fortalecerse ante el régimen reaccionario local.
