Las potentes movilizaciones que forzaron la renuncia de Manuel Merino no solo pusieron en evidencia el profundo descontento que sienten millones de peruanos hacia el parlamento y hacia el poder ejecutivo, sino también mostraron el verdadero papel de las fuerzas policiales, quienes no dudaron en apelar a la violencia más brutal para mantener el “orden” y sostener así a políticos e instituciones en quienes ya casi nadie cree. Esto termino costando la vida de dos jóvenes estudiantes y dejo muchos detenidos injustamente, además de heridos y secuestrados por las fuerzas represivas, lo cual ha generado que sectores importantes de la población empiecen a incubar un profundo cuestionamiento al accionar de la Policía Nacional.
Para revertir este proceso de deslegitimación social de la Policía Nacional, el recién elegido gobierno de Sagasti, a través de su Ministro del Interior Rubén Vargas Céspedes, ha anunciado el pase al retiro de 18 generales de la PNP dentro de los cuales se encontraría el responsable de la brutal represión a los manifestantes en las últimas jornadas de lucha que obligaron a renunciar a Manuel Merino.
El resto de generales que pasarían al retiro estarían involucrados en malos manejos administrativos que tienen que ver con la compra irregular de implementos de bioseguridad para salvaguardar la salud de los policías durante la pandemia. El presidente también anuncio que, a raíz de estos malos manejos, de ahora en adelante, los encargados de las compras para la policía nacional ya no serían miembros de esta institución sino funcionarios del servicio civil Servir. Además de ello, el ejecutivo procedió a nombrar como nuevo jefe de la Policía Nacional a César Cervantes quien al parecer no sería del agrado de la cúpula policial.
Es frente a estos hechos que, diferentes mandos de la policía Nacional, han venido haciendo público su malestar con las decisiones del ejecutivo y, para presionar, han anunciado una huelga policial para los primeros días de diciembre. Ellos aducen que con las últimas medidas anunciadas por el presidente se atenta contra la honorabilidad de la policía nacional, sin embargo, lo que en realidad buscan los altos mandos que promueven esta huelga policial, es no perder los privilegios que les permiten enriquecerse a costa del dinero público, además de no ser sancionados y ni siquiera ser reprendidos por los actos de brutalidad mostrados en las últimas movilizaciones, los cuales no son nuevos en nuestro país, sino más bien hacen parte del modus operandi de los miembros de esta institución represiva.
La anunciada huelga policial es, por tanto, una medida reaccionaria que busca fortalecer a una institución que nada tiene que ver con la defensa de los derechos del pueblo trabajador, sino todo lo contrario, ya que la policía nacional es la principal herramienta de la cual se valen los empresarios y los funcionarios del estado, además de los políticos de turno para acallar en última instancia la lucha y las exigencias de las grandes mayorías. Esta institución goza en la actualidad de la denominada “ley del gatillo fácil” (Ley Nº 31012) que fue promulgada por el defenestrado gobierno de Martin Vizcarra,la cual les da una serie de prerrogativas y la impunidad necesaria para que los agentes policiales puedan arremeter contra la población.
Es al amparo de esta norma antidemocrática que en lo que va de la pandemia los abusos policiales se han incrementado considerablemente y no se sancionan a los responsables, hasta ahora, de crímenes que violentaron los más elementales derechos humanos como ocurrió con el caso de los 13 fallecidos en la discoteca de los Olivos por una intervención policial, o en la brutal represión a los pobladores de Espinar-Cusco, así como en la represión policial a los pobladores Cucamas en el oriente peruano.
Por esa razón el pueblo trabajador debe rechazar categóricamente esta huelga policial y debemos exigir juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de la brutal represión que costó la vida de nuestros compañeros Inti Sotelo y Bryan Pintado. No basta con que el gobierno de Sagasti pase al retiro a los generales represores y corruptos, estos deben ser juzgados y castigados por los crímenes cometidos. Derogatoria ya de la “ley del gatillo fácil” que da impunidad a los policías asesinos y que promueve la represión contra las y los que luchan. Basta de invertir recursos públicos en una institución como la policía nacional que reprime al pueblo y que es fuente de corrupción.
La policía nacional no puede ser reformada para estar del lado del pueblo trabajador. Por lo tanto, la única solución viable contra la brutalidad policial y contra su descomposición interna, es la abolición completa de este aparato represivo. Pero, para que haya una abolición, también debe haber una abolición de las cárceles, del ejército y el estado burgués y del capitalismo en su conjunto, porque son fuerzas absolutamente entrelazadas. Exigir entonces la disolución de la policía nacional, que es la que se encarga de sofocar los esfuerzos para mejorar las condiciones materiales de la sociedad en su conjunto, implica también dirigir nuestra lucha hacia el sistema en que se basa esta represión. |
