A pesar de que fue en abril de 2019 que en Hidalgo se aprobó la ley de identidad de género, las muestras de discriminación y violencia naturalizadas e institucionales, continúan en contra de las personas trans. En esta ocasión, trascendió el caso de las unidades rosas del "Tuzobús", transporte del estado de Hidalgo. Y es que tan sólo en este año, suman al menos tres casos de discriminación y violación de sus derechos en contra de mujeres trans y cisgénero, en éste último caso, por "confundirla" con una mujer trans.
Estas violaciones han sido perpetradas por elementos de la Policía Industrial Bancaria del estado que custodian las estaciones del sistema de transporte. Por toda respuesta, las autoridades aseguran que aplican capacitación y protocolos para evitar la discriminación, sin embargo, están muy lejos de garantizar el pleno acceso a sus derechos a la población trans del estado, la movilidad, entre ellos.
Es de notar que Hidalgo, gobernado por el priísta Omar Fayad Meneses, no cuenta con cifras públicas de crímenes de odio recientes. Esto es un problema en distintos niveles, pues además de revelar una invisibilización sistemática, es claro que, sin cifras que den un estimado del estado de la cuestión, no hay punto de partida para atender las necesidades de un sector de la población que enfrenta una violencia de Estado que se refleja en cada aspecto de sus vidas.
Esta situación, que se agrava de la mano del avance de los discursos de odio de la Iglesia y la derecha reaccionaria, sólo podrá afrontarse de la mano del pleno acceso para las personas trans de todo el país a derechos elementales como salud, educación, vivienda y trabajo dignos. |
