Este año, diversas instituciones de seguridad publica acumularon en promedio tres acusaciones diarias por violaciones a los derechos humanos.
De enero a septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 864 quejas por actos cometidos por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras dependencias federales de seguridad.
Las quejas hacia estas instituciones son por detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura, intimidaciones, agresiones contra migrantes, transgredir los derechos de la mujer, uso arbitrario de la fuerza, cometer detenciones sin ordenes de aprehensión, incomunicar, desaparición forzada, privación de la vida y retención ilegal. Además, por irregularidades en las ordenes de cateo, omitir brindar protección y auxilio o imputar hechos indebidamente.
De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, tanto el Ejército, como la Guardia Nacional y la FGR están dentro de las 10 instituciones con más quejas al sumar 237, 209 y 203, respectivamente. A su vez, la Sedena, la Semar, la GN, la FGR y otras dependencias concentran quejas por violaciones a derechos humanos en 309 municipios del país.
Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido que las fuerzas armadas ya no son los principales violadores de derechos humanos, en un intento por limpiarle la cara a las instituciones represivas al servicio del Estado. Todo esto en el marco del destape de casos de colusión de altos mandos del Ejército con el crimen organizado y los cárteles de la droga, como es caso del extitular de la Sedena Salvador Cienfuegos.
Lo cierto es que la violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas es algo recurrente en el país de los más 100 mil muertos de la guerra contra el narco, los miles de desaparecidos y desplazados. Una situación estructural que va ligado a la continuidad, respecto a los sexenios anteriores, de la militarización del país, que ha profundizado la violencia.
Y contrario a lo que sostienen algunos especialistas, lejos de ser una estrategia fallida, la realidad es que la militarización del país y con ello las violaciones a los DDHH, son una política del Estado y quienes están al frente de éste, para asentar el control social sobre la población e imponer la agenda empresarial.
Si algo ha caracterizado al gobierno de la 4T en estos dos últimos años, es la profundización de sus rasgos autoritarios, usando la represión contra el movimiento de mujeres que se moviliza por sus derechos, o persiguiendo y asesinando a luchadores sociales, así como defensores de la tierra y el medio ambiente.
A esto se le suma el despliegue por todo el país de la Guardia Nacional, un política dictada desde la Casa Blanca y que, entre otras cosas, ha convertido al actual gobierno en la border patrol para detener a migrantes centroamericanos en su paso por México a los Estados Unidos. Despliegue que a su vez ha significado un aumento en el número de feminicidios a nivel nacional.
Por eso, para detener los casos de violaciones a derechos humanos, desapariciones, feminicidios y asesinatos, es importante movilizarnos por la desmilitarización inmediata del país y la disolución de la policía y las Fuerzas Armadas al servicio del Estado. Eso lo puede conquistar la movilización masiva y en las calles de los trabajadores y los sectores afectados de la guerra contra el narco y el despliegue de la Guardia Nacional en exigencia de la vuelta del Ejército a sus cuarteles y por juicio y castigo a los responsables de esta "guerra". |
