Los mismos jueces que juzgaron a los políticos catalanes en un juicio escandaloso, lleno de irregularidades y violaciones de las libertades democráticas, donde se acabó condenando a políticos democráticamente electos por su ideología independentista, este martes rechazaron otorgar a esos mismos presos políticos el tercer grado. El tribunal está integrado Manuel Marchena, el presidente de la Sala de lo penal, y los jueces Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Antonio del Moral y Ana Ferrer.
El próximo lunes, el alto tribunal continuará revisando los recursos presentados por la fiscalía y por la defensa de los presos, pero ya se ha avanzado cuál será el criterio. Sin sorpresas.
Este Tribunal reaccionario vuelve a decidir sobre el futuro de los nueve presos independentistas, condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión. Este rechazo afectaría especialmente a Carme Forcadell (condenada a once años y medio por sedición) y a la ex consejera Dolors Bassa (doce años por sedición y malversación), que en este momento están haciendo salidas de la prisión a la cual solo debían volver para dormir. Con la nueva sentencia, estas condiciones se eliminarán y no podrán salir de prisión. En el caso del resto de los presos solo pudieron disfrutar de este régimen de salidas por unos días durante el verano, pero después fue esta medida fue suspendida a la espera de la decisión del Supremo.
Fue la fiscalía del Estado la que solicitó en un recurso que se rechazará este derecho al tercer grado. Esto es una cosa escandalosa. Por solo comparar, al corrupto cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, condenado por robar 2,6 millones de euros de los fondos públicos del Gobierno de Baleares, se le otorgó el tercer grado para que pudiera salir de la prisión. Lo mismo ha sucedido con otros condenados por corrupción o delitos más graves. Pero el Supremo quiere seguir reprimiendo a modo de escarmiento a los presos sociales y políticos del procés y por esta vía a todo el movimiento independentista catalán.
La Judicatura, con el apoyo del resto de poderes del Estado -desde la Corona hasta todos los partidos del Régimen y también el actual "gobierno progresista" actuante desde la fiscalía-, viene aplicando el Derecho Penal del enemigo cuando se trata de juzgar a dirigentes, militantes o activistas del independentismo catalán. Y mientras desde el gobierno abren puertas a la negociación con ERC para la aprobación de los presupuestos, se mantiene una línea represiva contra el movimiento independentista catalán. |
