Los trabajadores del sector salud han venido demostrando su enorme potencial a lo largo del último año. Primero en la rebelión popular de octubre, como parte de la resistencia a la represión con la formación de las brigadas de salud, las cuales prestaron auxilio y apoyo tanto a la primera línea como a los manifestantes que no estaban al frente pero fueron igualmente reprimidos, siendo claves en la denuncia de los asesinatos cometidos por la policía y los innumerables heridos, especialmente los que perdieron sus ojos, hecho repudiado mundialmente.
Durante la pandemia se transformaron ellos mismos en la primera línea, siendo sometidos a jornadas extensas y extenuantes física y mentalmente, mientras el gobierno no hizo más que seguir destinando recursos al parlamento y a la represión y, ante la falta de elementos de protección mínimos, sólo ofreció aplausos, una política completamente criminal coherente con sus medidas preventivas para los contagios que incluyeron la confinación y el toque de queda mientras se mantenían las jornadas laborales y los hacinamientos en el transporte público.
Las recientes movilizaciones volvieron a mostrar tanto el potencial de los trabajadores como la urgencia de cambiar de forma profunda y radical nuestro sistema de salud pública, pero, ¿por qué la fuerza mostrada no se condice con este potencial?
Para comenzar tenemos un gobierno que sistemáticamente ha dejado claro que sus prioridades no son ni la salud, ni la educación ni la estabilidad laboral de los trabajadores y sus familias, sino más bien mantener las ganancias de empresarios y transnacionales, por eso sus medidas fueron mantener a como diera lugar la producción incluso de sectores no esenciales, utilizando fuerzas policiales y militares para mantener ese control. Para el caso particular de la salud esto se tradujo en una mesa de negociación que se extendió más de 7 meses donde solo se logró acceder al Bono de satisfacción usuaria en tramo 1 a causa de la movilización de los trabajadores, especialmente de la atención primaria, mientras la exigencia por un Bono Covid, que representa el esfuerzo y los sacrificios hechos durante la pandemia, sigue sin ninguna respuesta. Frente a la demanda desde la atención primaria para un mayor presupuesto per cápita, es decir, mayor financiamiento para enfrentar el rebrote, el gobierno sólo cedió ante unos míseros 200 pesos, arrancados también por la misma negociación.
Mientras que durante ese tiempo tanto los parlamentarios como los ministros siguieron ganando sueldos de gerente, millones de pesos cada mes, el gobierno arrendaba por otros millones el Espacio Riesco y las cuestionadas fuerzas policiales recibieron equipos nuevos y gratificaciones, la misma semana en que eran reprimidas las movilizaciones de los TENS y un adolescente de Puente Alto era arrojado hacia el río Mapocho como en los tiempos de la dictadura pinochetista.
Sin embargo, el gobierno por sí solo no es capaz de hacer ese freno. La rebelión de octubre lo hizo tambalear al punto de que Piñera podría haber sido expulsado y el régimen completo podría haber sido desmoronado de no mediar el acuerdo por la paz que firmó el Frente Amplio junto a la Derecha y la ex Nueva Mayoría, y que luego el Partido Comunista garantizó con el silencio y el inmovilismo de la CUT, que se fue obedientemente a cuarentena, y en el parlamento con la votación de sus diputados a favor de la mal llamada Ley de Protección al Empleo que posibilitó despidos y suspensiones pagadas con cargo a los seguros de cesantía de los propios trabajadores.
De la misma manera, la direcciones de las principales organizaciones de trabajadores de la salud, como la Confusam y la Fenats Nacional, pero también muchas de aquellas que se agruparon en el llamado GS7, actuaron jugando un rol funcional a la estrategia del gobierno, en primer lugar confiando más en las mesas de negociaciones que en las propias fuerzas de los trabajadores. El problema no reside en la negociación, sino en la ausencia de un plan de lucha unitario que ayudara a conquistar todas las demandas, asegurando también ninguna represalia y el cese de las amenazas de sumarios sanitarios que impulsaron tanto el gobierno como las autoridades sanitarias.
Estas amenazas efectivamente se quedarían solo en eso si es que no hubiese operado una criminal división sindical, que no solo se expresó en las alturas en las diferentes disputas entre las organizaciones dirigidas por el PC y las que no, sino que se expresó a nivel de demandas con la existencia de 2 petitorios y con la negativa de adherir a convocatorias comunes de paro y movilizaciones, dividiendo con ello las fuerzas de los trabajadores que podría haber no sólo enfrentado a las amenazas de un gobierno que nadie apoya, con más de un 80% de desaprobación, sino que podría haber ido por mucho más.
Y esto no ocurrió así porque al mismo tiempo que se llamaba a confiar en las mesas de un gobierno que nadie apoya y nadie cree, se les negó a los propios trabajadores la posibilidad de decidir por qué luchar y cómo hacerlo, haciendo llamadas a paro (y bajadas) por arriba sin garantizar realmente la participación de los trabajadores de base. En la Confusam fue particularmente escandaloso, pues partieron peleando un presupuesto de 10 mil pesos percápita que bajaron a 8 mil sin ninguna discusión o asamblea de por medio. Fue tal la aversión a que los trabajadores discutieran y se organizaran que ante la formación de asambleas autoconvocadas en El Bosque los propios dirigentes de la Confusam le dijeron a la base que esas asambleas eran una “práctica antisindical” solo porque amenazó sus frágiles cargos de escribanos de los peces gordos de la burocracia.
Esta situación se repitió en todas las organizaciones de la salud, incluso en la Fenacoor que se caracteriza por ser el sector más de izquierda y más de lucha, con algunos dirigentes que se negaron a realizar asambleas de base hasta que la presión se hizo evidente y los trabajadores pasaron a la exigencia.
No obstante hubo muestras de lo que potencialmente se podría desarrollar. En la atención primaria, donde la burocracia tiene poco control debido a la dispersión de la red de servicios, se llevaron adelante variados ejemplos de asambleas autoconvocadas que hicieron posible garantizar paros efectivos con turnos éticos, como el caso del Cesfam Villaseca de Puente Alto, e incluso permitieron que una vanguardia de diversos centros de atención primaria asistiera a las marchas convocadas por las direcciones de la Confusam, pensadas para la movilización de dirigentes. En hospitales también existen ejemplos importantes, como el hospital Barros Luco Trudeau donde se realizaron asambleas periódicas y se realizaron acciones de movilización, como cortes de calle y marchas por Gran Avenida, que permitieron burlar las amenazas de las autoridades contra el paro, y realizar acciones de unidad con otros sectores, como los que hoy luchan por la libertad de los presos políticos de la rebelión popular y las organizaciones de mujeres que luchan contra la violencia machista y de género. Incluso en hospitales concesionados, como el de Antofagasta, donde sectores precarizados como los auxiliares de aseo se encuentran dando una lucha contra los despidos y el subcontrato en la salud también con movilización.
Sin duda que en el anuncio que dio el ministro Paris dando a conocer los acuerdos de la negociación hubo muchos agradecimientos, pero escondido bajo el manto de un falso reconocimiento a su labor. Lo que en realidad se encontraba agradeciendo, especialmente a los dirigentes de los gremios, es que se mantuviera la división, que se evitara la aparición de una vanguardia que fuera por más tomando en sus manos la movilización y que se transformara en una oportunidad de quedar bien y subir los desastrosos números de su aprobación.
Sin duda esto es un momento de calma, donde se apaciguó al menos en lo inmediato la lucha por ciertas demandas, pero que no logra cerrar la brecha porque la pandemia no ha terminado, las falencias del sistema público de salud son estructurales, porque lo ganado hasta ahora va a mejorar sólo de momento las condiciones laborales y de atención, y por sobre todo, porque estamos en medio de un proceso constitucional en el cual se van a debatir las bases constitucionales del Chile actual, lleno de candados y trampas puestos por la Derecha y la ex Nueva Mayoría, con el acuerdo del Frente Amplio y la complicidad del Partido Comunista, para buscar evitar cualquier debate fundamental, incluyendo sobre qué sistema de salud pública necesitamos y queremos.
Es necesario retomar y desarrollar ese potencial que tiene la fuerza organizada de los trabajadores de la salud, no sólo para imponer ese debate, sino para imponer un sistema de salud que responda a nuestras necesidades y no a los de los empresarios, en base a nuestra propia movilización y organización y donde las candidaturas que se levanten estén al servicio de la lucha en la calle y no al revés.
Para eso desde la agrupación Abran Paso nos reunimos en un encuentro nacional que contó con la presencia de decenas de trabajadores de la salud allí discutimos la necesidad de una convocatoria unitaria de todos los gremios de la salud hacia el diez de diciembre por la libertad de los presos políticos y el Bono Covid y la necesidad de impulsar un plan de lucha y un petitorio unificado discutido en asambleas de base deliberativas, por que no queremos ni aplausos ni reconocimientos del gobierno y exigimos ¡Bono Covid ahora! Vamos por un sistema de salud unificado, de cobertura universal, no sexista y gestionado por trabajadores y usuarios. |
