Se cumple un año de Gobierno del Frente de Todos, signado por una gran crisis económica y social, que impone la pobreza a 20 millones de personas, una desocupación creciente y una pérdida del salario que se acelera bajo los golpes de la inflación. En ese contexto, este miércoles, la ex presidenta Cristina Kirchner hizo público su balance de estos doce meses. El texto, en formato carta, viajó por las redes sociales.
Sin embargo, en el texto la durísima situación que viven las grandes mayorías está lejos de ser el eje. Por el contrario, lo central del escrito lo constituye un ataque a la Corte Suprema de Justicia, en función de la persecución política (lawfare) ejercida por esta y el conjunto de la casta judicial. Sobre las cuestiones que hacen a ese Poder Judicial oscuro y reaccionario volveremos algunas líneas más abajo.
Sin embargo, antes que nada, es imperioso señalar que la función política clave de la carta de Cristina Kirchner es desviar la atención de las gravísimas consecuencias de las políticas de ajuste que aplica el Gobierno del Frente de Todos. Es decir, su Gobierno. Se trata de poner el foco en la Corte Suprema. De encontrar culpables y responsables más allá de los límites de la Casa Rosada, la Quinta de Olivos o el Instituto Patria.
El máximo tribunal pasa a engrosar una suerte de "lista maldita" junto a la “herencia macrista recibida” y a la pandemia. Se suma a aquellos comodines que, en forma de justificativos, permiten no poner nunca en cuestión las políticas oficiales y cómo estás descargan el peso de la crisis sobre millones. Permiten silenciar la cruda realidad de que, mientras millones se hunden en la pobreza, los especuladores del capital financiero internacional, los sojeros y los bancos siguen ganando. Para ellos el 2020 será otro buen año.
En su carta, la vicepresidenta advierte sobre la posibilidad de que la Corte Suprema empiece a “dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”. Evidentemente, ante la enorme magnitud de la crisis y el descontento de millones -que seguirá profundizándose de la mano de los ajustes del Gobierno y el FMI- ya se busca, linterna en mano, a quien echar culpas.
La Corte Suprema es, sin dudas, una institución reaccionaria. Nadie está tentado, siquiera, de dudarlo. Pero adjudicarle un eventual "fracaso del Gobierno" -como sostiene la carta- no es más que una pobre maniobra distractiva para no asumir la responsabilidad como oficialismo. Para no hacerse cargo del descontento que amplios sectores empiezan a tener, al ver defraudadas sus expectativas en mejorar sus condiciones de vida. Aquellas expectativas con las que fueron a las urnas hace poco más de un año.
¿Es acaso la Corte la responsable de ajustar a los jubilados, tal cómo se votará en el Senado este jueves? ¿Es la Corte la que votó un presupuesto de ajuste hacia 2021, eliminando el IFE para millones de familias pobres? ¿Es acaso el máximo tribunal el que acordó con los bonistas legitimar la deuda odiosa tomada por Macri a costa de la sangre, el sudor y las lágrimas de millones? ¿Es la Corte la que propone hacer un nuevo acuerdo con el FMI, que prolongará las políticas de ajuste y saqueo durante años? ¿Son estos 5 jueces quienes ordenaron represiones como la de Guernica y enviaron a Sergio Berni -autodenominado "soldado de CFK" por otra parte- contra esas familias que solo reclamaban una porción de tierra para vivir?
Es preciso señalar, además, que el texto publicado este miércoles está plagado de contradicciones. Señalemos unas pocas. Por un lado, se denuncia que el Poder Judicial “consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI”. Pero omite señalar que es su propio Gobierno el que legitima y paga la fiesta de Macri, sosteniendo los pagos de la deuda. Y esto a pesar de haber incurrido en la demagogia de campaña de denunciar el carácter ilegal de la deuda. Un préstamo donde el FMI violaba sus propios estatutos en aras de financiar la campaña de Macri.
Más aún: la carta reivindica haber votado en el Senado la Ley de Sostenibilidad de la deuda, cuya única finalidad pasa por brindar certezas a los grandes especuladores internacionales y al FMI. Lo mismo podríamos decir del presupuesto de ajuste. Lejos -demasiado lejos- se hallan éstas de ser “leyes a favor de los argentinos y las argentinas”, como intenta vender la misiva de CFK.
Resumamos. El texto conocido este miércoles tiene una finalidad central específica. Al tiempo que denuncia el lawfare existente, intenta desviar el eje sobre las decisiones políticas y económicas oficiales que empujan a millones a la pobreza. Se propone buscar un chivo expiatorio desde ahora mismo. La Corte Suprema es, desde ya, la nueva "Corporación" enemiga del Gobierno que trabaja por su fracaso. Los argumentos y las modas vuelven. Los cinco integrantes del máximo tribunal vienen a cumplir el mismo papel que ayer jugaron Magnetto y Clarín. Y anteayer la Rural y el agropower.
Nadie ignora el verdadero carácter de la Corte Suprema y de la Casta Judicial. Sin embargo, el reclamo kirchnerista está lejos -muy lejos- de proponerse terminar con ese poder extorsivo y antidemocrático.
Lawfare, casta judicial y responsabilidades políticas
A lo largo del texto, Cristina vuelve sobre la persecución judicial y denuncia el poder del que goza el máximo tribunal judicial del país. La vicepresidenta hace un recorrido en el que recuerda la conformación de la Corte y denuncia las múltiples irregularidades cometidas por sus actuales integrantes. Además, cuestiona el carácter casi intocable de la cúpula de la Justicia, el único “poder perpetuo”, que no requiere ser validado por medio de elecciones. “Estos cinco funcionarios deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas que habitan nuestro país”, sostiene.
Nada de lo que afirma es irreal. La Corte Suprema -y el conjunto de la casta judicial- gozan de un enorme poder en el armado institucional del Estado argentino. A sus múltiples privilegios materiales -altísimos ingresos, cargos vitalicios, intangibilidad de los salarios- se le suma una enorme potencialidad a la hora de actuar en la escena política nacional.
Esa misma casta judicial ha convalidado -hace pocos días- la fraudulenta y cuestionable figura del “arrepentido”. Una figura que, entre otras cosas, habilitó múltiples denuncias de los empresarios que -durante años- vivieron de los negocios, coima mediante, con el Estado. La “patria contratista” hizo enormes ganancias, facilitadas por la corrupción estructural del Estado capitalista. Luego “se arrepintió”, delató a los coimeros de los Gobiernos kirchneristas -los López, los Baratta o los De Vido-, quedó libre y siguió haciendo negociados.
Ese gran empresariado de los Rocca, los Macri, los Bulgheroni o los Pérez Companc, en tanto socio menor del capital imperialista, es parte de quienes han hundido a la nación en las últimas décadas. Sus inmensas ganancias se amasaron mientras crecían la pobreza y la desocupación, mientras se precarizaba el trabajo, mientras millones seguían hacinados o faltos de vivienda.
Lawfare y poder económico del capital van de la mano. El Poder Judicial se extiende como uno de los brazos del gran capital y aprieta cuellos y manos. Arma causas, fragua pruebas, tergiversa testimonios, chantajea testigos. La verdad y la Justicia son lo único que realmente no importa. Ahí está el ejemplo de Brasil -citado por CFK en su carta- donde Luiz Inácio Lula da Silva terminó procesado y preso en una causa completamente fraguada, construida en base a falsos testimonios operados por el juez Sergio Moro bajo las nada inocente presiones del imperialismo norteamericano.
Es, precisamente, el "gran país del norte" el principal impulsor de figuras como la del "arrepentido" o la "delación premiada", funcionales a una estrategia de concentrar el fuego en la corrupción como vía para una mayor penetración imperialista en la región. De más está decir que semejante andamiaje legal no es cuestionado más que en las palabras por el progresismo local. Nadie allí ha osado impulsar la derogación de estas normas.
Ese Poder Judicial es el mismo que, mientras trata con guante de seda a los poderosos, persigue con saña notoria a quienes son arrojados a la miseria más extrema por el sistema capitalista. Criminalización de la pobreza y criminalización de la protesta aparecen plenamente asociadas. Para jueces y fiscales, ser pobre es sinónimo de ser delincuente. A la lucha por derechos -como pasó en Guernica- se responde con el Código Penal. El carácter clasista de la casta judicial supura por todos los poros.
Qué decir de sus formas misóginas y patriarcales. De los múltiples fallos que dejan impunes a femicidas mientras focalizan la mirada -de manera inquisidora- en las víctimas de brutales crímenes.
Nada de esto está en la mirada de Cristina Kirchner. Ningún cuestionamiento al carácter clasista de la casta judicial se puede leer en su carta. La correcta denuncia al lawfare raspa, apenas, la superficie de las cosas.
Agreguemos que la actual vicepresidencia lanza estas acusaciones como si no hubiera ocupado dos veces la titularidad del Poder Ejecutivo. O como si importantes aliados suyos -como Sergio Massa- no fueran activos defensores del lawfare. Cristina Kirchner escribe como si su fuerza política no hubiera gobernado el país a lo largo de doce años, pactando y negociando con esa casta judicial que hoy denuncia por persecución. Es decir, como si el poder casi absoluto de jueces y fiscales hubiera brotado de la nada y no fuera parte de una estructura que permanece a lo largo de todos los gobiernos.
Terminar con el enorme poder de esa casta judicial implica, entre otras medidas, la conformación de juicios por jurado, la elección por sufragio universal de los jueces y el fin de los privilegios -materiales y simbólicos- de los funcionarios judiciales. Ninguna de esas medidas está, siquiera, en el discurso de Cristina Kirchner o de algún dirigente del Frente de Todos. | 
