Desde el 14 de noviembre, AMLO propuso una iniciativa de reforma en materia de outsourcing, forma de subcontratación que reduce y vulnera derechos laborales, subordinando al trabajador a múltiples patronales, dejándolo en incertidumbre de sus derechos.
Ya hace dos semanas que el gobierno federal, empresarios y dirigentes sindicales del sector obrero establecieron mesas de trabajo para negociar la reforma en materia de outsourcing, por lo que hoy, en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que llegaron al acuerdo de solicitar al Poder Legislativo aplazar la discusión hasta febrero de 2021, con la finalidad de que se discuta en el próximo periodo de sesiones. Además, acordaron “resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal”.
Los temas que acordaron en las reuniones fueron los siguientes:
1. Reparto de utilidades, punto aún no definido. Recuérdese que la semana pasada señalaron colocar tope al 10 % del reparto de utilidades de las empresas a los trabajadores, lo cual sería en detrimento de estos últimos.
2. Plazo para la implementación de la reforma. Los empresarios solicitaron a AMLO un plazo de tiempo para llevar a cabo el proceso para que, luego de presentada en febrero de 2021, en 30 días hábiles se discuta y apruebe.
3. Los empresarios se comprometieron a eliminar las “malas prácticas de la subcontratación”. También se hizo un llamado a quienes manejan las nóminas para dejar de implementar medidas que perjudican a trabajadores, entere ellas “darlos de baja masivamente en diciembre”.
4. IMSS y el SAT exhortarán a empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, de inmediato se procederá administrativa y penalmente.
Las implicaciones del outsourcing
Como puede observarse, a pesar de que AMLO prometía que se erradicaría el outsourcing la realidad es que, en las negociaciones entre gobierno, empresarios y sindicatos, todo apunta a que se han aliado para seguir impulsando la regulación de la subcontratación que existe desde 2012 en la reforma del gobierno panista estableciéndola en la Ley Federal del Trabajo. Es de subrayarse que, en las negociaciones no se escuchó la voz de las y los trabajadores.
La postura del gobierno es mantener la impunidad con que estas empresas vulneran derechos humanos, pues discursivamente se les conmina a regularizarse; sin embargo, no se establecen los mecanismos claros para sancionarlas. Se entiende que el outsourcing, por sí mismo, es precarización laboral legalizada que afecta los derechos de los trabajadores, pero parece que, dentro de su propia legalidad, dan oportunidad a empresarios de sortear la ley. Por lo que vemos que no hay justicia laboral y se privilegia, en todo momento, a las patronales.
Resalta también que los sindicatos que se han mantenido en las mesas de trabajo, no pugnan por el beneficio de las y los trabajadores, pues se encuentran lejos de oponerse y pelear por la eliminación de esta contratación lesiva de derechos humanos laborales. Éstas son las burocracias que colaboran y niegan la participación amplia y democrática de trabajadores de base.
Además, cabe preguntarse ¿dónde están esos sindicatos que se reivindican democráticos? Hoy urge la organización de todos los sectores que luchen, en un frente único, contra la precarización que implica la subcontratación, que los sindicatos abracen la lucha de los precarios y se convoque a movilización para frenarlo.
En este punto, es fundamental que trabajadores impulsemos nuestras propias organizaciones, como ocurre con el Movimiento Nacional contra la Precarización y los Despidos desde donde, de manera independiente a los partidos del régimen, del gobierno, las patronales y de las burocracias que les colaboran, se apuestan a conquistar estos derechos tan necesarios para una vida digna de la clase trabajadora.
Por una voz para las y los trabajadores
En 2018, millones de personas votaron por AMLO; sin embargo, a dos años de gobierno, varias de las promesas de campaña quedaron en el olvido. De hecho, en repetidas veces ha mostrado desde una subordinación al imperialismo de Donald Trump –atacando, con ello, derechos de personas migrantes–, pasando por el beneficio de empresarios como Salinas Pliego al concederle contratos millonarios, hasta otorgar un exorbitante presupuesto a la Guardia Nacional para militarizar un país en crisis sanitaria y económica.
Mientras que el presidente negocia los derechos de las y los trabajadores a favor de empresarios, es indiferente ante los 15 millones de despidos que las patronales –aliadas con las burocracias sindicales–; tal parece que los intereses de la clase trabajadora y las mayorías pobres y explotadas se encuentran en manos de quienes no defienden nuestros derechos fundamentales, por lo que no contamos con nuestras propias representaciones.
Por ello, resulta urgente que, quienes hemos sido despedidos por denunciar la precarización y producto de la pandemia soportamos las consecuencias de la subcontratación con la reducción de nuestro salario y derechos –entre una larga lista de vulneraciones a nuestros derechos humanos laborales– podamos tener una propia voz en medio de este mar de indiferencia y reformas que como el outsourcing permiten que carguemos esta crisis sobre nuestros hombros.
Ante ello, reivindicando los anhelos de nuestra clase–que no son más que poder acceder a una vida digna– la trabajadora estatal Flora Aco González, quien fue contratada por el DIF de Ciudad de México bajo una modalidad precaria por el propio Estado, despedida injustificadamente por alzar la voz contra toda negativa de derechos y, pese a que en un primer momento se le negó por la justicia laboral y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, posteriormente, a punta de movilización, rodeada de solidaridad por diversos sectores de la clase trabajadora, conquistó su reinstalación y le ganó a la patronal.
Como defensora de derechos humanos, se apuesta por ser una voz auténtica para las y los trabajadores, que logre denunciar lo que ningún funcionario de los partidos tradicionales hace, pelear por plenos derechos laborales. En particular levanta un programa que, en relación con la situación de la clase trabajadora, propone ante la crisis: 6 horas de trabajo, 5 días a la semana, el reparto de las horas de trabajo y por el aumento general de salarios de acuerdo con el costo de la canasta básica, ajustables según el aumento de precios. Además de subsidios de emergencia para las y los trabajadores informales y la población en situación de pobreza, que cubran también todas las necesidades básicas: alimento, vivienda, vestido, transporte, atención médica y medicinas.
Asimismo, exigir la prohibición de los despidos, los recortes de salarios y prestaciones. Ilegalización del outsourcing y el trabajo precario, de la misma manera por un llamado por las centrales que se reclaman democráticas y combativas, a movilizarse contra los planes del gobierno federal y los gobernadores de la derecha y por la resolución de las luchas de trabajadores del SUTNotimex, profesores de asignatura de la UACM, obreros de General Motors, Audi y Challenger, entre otras.
Sabiendo que la fuerza para imponer mejores condiciones es la más organización y movilización, de quienes padecemos lo peor de este sistema capitalista, te invitamos a sumarte e impulsar esta campaña para la candidatura independiente.
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