A mediados de este año, comenzó a un funcionar un “consejo de expertos”, para emitir un informe con recomendaciones sobre el “buen funcionamiento” de organismos como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Hoy a las 15 el primer mandatario recibirá formalmente el informe final del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.
El Consejo Asesor estuvo conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanián y Enrique Bacigalupo.
Según difundió el propio Gobierno, el informe está dividido en cuatro capítulos: uno introductorio donde se resumen las conclusiones de las 25 reuniones mantenidas con la entidad instrucciones relacionadas al Poder Judicial; uno con enfoques transversales acerca de cómo implementar el federalismo y las cuestiones de género en el funcionamiento de la justicia y un tercer capítulo que está dedicado a los fundamentos de los consejeros sobre diferentes temas. El cuarto capítulo es el que enumera las recomendaciones de dicho Consejo al Presidente de la Nación, que incluye las referidas a la posibilidad y conveniencia de incorporar o no a la estructura del Ministerio Público Fiscal a la Unidad de Información Financiera.
En medio de la polémica
El acto de entrega tendrá un condimento especial. En el día de ayer se conoció una nueva carta de la vicepresidenta, Cristina Fernández. La misma está centrada en una crítica a la Corte Suprema de Justicia, en función de la persecución política (lawfare) ejercida por esta y el conjunto de la casta judicial. En su carta, además advierte sobre la posibilidad de que la Corte Suprema empiece a “dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”.
Sin embargo, como analizamos en La Izquierda Diario, “evidentemente, ante la enorme magnitud de la crisis y el descontento de millones -que seguirá profundizándose de la mano de los ajustes del Gobierno y el FMI- ya se busca, linterna en mano, a quien echar culpas. (…) La función política clave de la carta de Cristina Kirchner es desviar la atención de las gravísimas consecuencias de las políticas de ajuste que aplica el Gobierno del Frente de Todos. Es decir, su Gobierno. Se trata de poner el foco en la Corte Suprema. De encontrar culpables y responsables más allá de los límites de la Casa Rosada, la Quinta de Olivos o el Instituto Patria”.
La Corte Suprema es, sin dudas, una institución reaccionaria. Pero Cristina Fernández se queda corta con los argumentos. El Poder Judicial es uno de los brazos del gran capital y el imperialismo. Sin embargo la carta apenas roza la superficie, en las cuestiones que más le importan, y deja de lado el carácter clasistas del supremo tribunal y el conjunto de la corporación. Poder que ha quedado casi intacto más allá de todos los gobiernos, incluido el propio.
Por eso no sorprende, por un lado, que el “comité de expertos” haya sido elegido a dedo. No hay, ni podría haber por su objetivo, representantes de organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones de mujeres o abogados laboralistas, por ejemplo. Pero además, las propuestas “no son vinculantes”, por lo que el Presidente podrá tener en cuenta las que considere pertinentes, para convertirlas en proyecto de ley. Será, sin dudas, parte de la negociación entre el Poder Ejecutivo, los distintos sectores del Poder Legislativo, y el propio Poder Judicial.
Algo antidemocrático, por donde se lo mire. |
