En las últimas horas la jueza María Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, recibió el pedido de recusación realizado por la familia de Facundo Astudillo Castro, cuya querella (con adhesión de la Comisión Provincial por la Memoria) considera que en su actuación al frente de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte del joven no ha sido para anda imparcial, tal como lo dicta la propia Constitución Nacional.
El pedido de recusación (un escrito de 90 páginas al que accedió La Izquierda Diario) detalla los hechos más claros que grafican esa conducta parcial de la jueza (en beneficio de la Policía Bonaerense y sus jefes políticos). Y se apoya en lo estipulado en el artículo 60 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).
Si bien los motivos para recusar a un juez están contemplados en el artículo 55 del CPPN, la querella considera que esos motivos “son insuficientes cuando se producen incumplimientos en el desarrollo de la función jurisdiccional que afectan directamente una de las garantías más importantes como es la del ‘Juez imparcial’”.
Por eso la apelación al artículo 60, basándose en las propias prerrogativas constitucionales, en la normativa internacional y cuando existe “una inobservancia manifiesta de las normativas y recomendaciones internacionales sobre la investigación del delito de desaparición forzada”.
El escrito detalla una serie de hechos protagonizados por la jueza Marrón (muchos de ellos relatados ya en este diario) desde el mismo 7 de julio, día en que la causa pasó del fuero provincial al federal, pasando de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”. Hechos que la familia asegura que “deberán ser analizados en su conjunto a luz de las normas, recomendaciones y sugerencias internacionales reguladas en tratados, convenciones y normativa nacional sobre el delito investigado en dicho expediente”.
Pero la familia remarca que esos hechos se profundizaron y empeoraron la situación a partir de la negativa de la jueza Marrón a recusar al cuestionadísimo fiscal original de la causa Santiago Ulpiano Martínez, tal como habían pedido con sobrados fundamentos tanto la familia de Facundo como la querella institucional de la Comisión Provincial por la Memoria. Para Cristina Castro y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, desde entonces la magistrada está teniendo “una conducta temeraria, por ser violatoria de principios con raigambre constitucional y de normativa internacional”.
En ese sentido el escrito valoriza positivamente lo realizado hasta ahora por los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), respectivamente, quienes desde el 28 de agosto intervienen en forma conjunta o alternada con Martínez.
Hechos concretos
El primer hecho al que hacen referencia es que la propia jueza Marrón tuvo a su cargo la causa por la infracción al artículo 205 del Código Penal, usado por la Policía de todas las provincias para detener gente en medio de la cuarentena obligatoria impuesta por Alberto Fernández a través de un DNU. El accionar totalmente irregular de la Bonaerense para con Facundo Castro, detenido al menos dos veces el 30 de abril en la Ruta 3 a la altura del partido de Villarino, fue deliberadamente desconocido por la magistrada (quien además ese día estaba de turno).
Vale recordar que previamente a la desaparición de Facundo, como han relatado diversas personas de Villerino y Bahía Blanca, la Policía Bonaerense había desatado una verdadera “cacería”, sobre todo con los y las jóvenes de la región, con casos reiterados de torturas y apremios, avalados institucionalmente desde el propio Poder Judicial. De hecho la propia jueza y el fiscal Martínez le habían dado “carta blanca” a la fuerza provincial para detener masivamente sin dar explicaciones, sobre todo a ciudadanas y ciudadanos inmigrantes o de provincia del norte argentino.
Otro de los hechos relevantes da cuenta de las “sospecha sobre el relato de la víctima” de parte de la jueza Marrón. Empezando por poner en cuestión, sin mayores fundamentos que su propia imaginación, el accionar del perito de parte de la familia de Facundo, el prestigioso entrenador de perros Marcos Herrero. Por el contrario, fueron justamente los canes de Herrero (no los de la Policía Federal) los que hallaron objetos de Facundo en comisarías y patrullero de la Bonaerense.
“¿No resulta extraño la ‘sugerencia’ de la jueza de investigar el accionar del perito de parte basándose solo en una ‘conjetura personal’?, ¿Se puede afirmar con tanta halo de certeza que el perro del perito de parte ‘no tenía’ aptitud para oler rastros de la víctima?”, se pregunta la familia de Facundo en el escrito de recusación. “¿Sospecha del accionar de Marcos Herrero porque fue propuesto por la querella?”, agregan.
Otro elemento que amerita la recusación es la denuncia que la propia jueza hizo contra el abogado Luciano Peretto, acusándolo de supuesta “violación del secreto profesional” por haber dicho públicamente que la hipótesis de desparición forzda era la más firme. El ataque a uno de los letrados de la víctima, sin más argumentos que su deseo de que la querella no hable de desaparición sino de accidente o suicidio, no es otra cosa que un ataque a la propia víctima, estima la familia de Facundo. A lo que se agrega la copiosamente demostrada parcialidad del fiscal Martínez (salvado por Marrón) y sus secuaces del periodismo servicial de La Nueva y La Brújula de Bahía Blanca.
A su vez destaca el escrito que la jueza viene produciendo un verdadero “avasallamiento de las funciones propias del Ministerio Público Fiscal”, en clara alusión a la desautorización de Marrón a lo realizado por Heim y Azzolin. Sobre todo la negativa de la jueza a ordenar lo pedido por los fiscales respecto al secuestro de medio centenar de celulares de comisarios, subcomisarios y oficiales de la Bonaerense de Villarino y Bahía y el allanamiento a fondo de las comisarías de Teniente Origone y General Daniel Cerri.
Por último, la querella argumenta en extenso sobre la “tendencia de parcialidad y defensa ‘corporativa’ de las fuerzas de seguridad” manifestada por la jueza Marrón. Vale recordar que la magistrada se negó a secuestrar los teléfonos de los policías sospechados del encubrimiento del caso con una explicación bochornosa. “Las personas involucradas en el pedido fiscal pertenecen a esa fuerza de seguridad (...) no debemos abrir las puertas a la persecución y la venganza. No pueden ser ‘chivos expiatorios’. El reclamo social es entendible. Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía”, escribió la propia Marrón el 15 de octubre para negarse a ordenar los secuestros y análisis de esas comunicaciones.
Como se sabe, el 11 de noviembre la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca le dio la razón a los fiscales respecto a lo adecuado del pedido de esas medidas de prueba, obligando a la jueza a atender esos pedidos. De hecho la semana pasada la propia Marrón debió convocar a una audiencia con las partes para escuchar los fundamentos de esos pedidos y debe resolver en consecuencia.
Tras detallar en 90 páginas los hechos más relevantes cometidos por la jueza Marrón (hay muchos más, tantos que ameritan casi un libro especial sobre eso) la querella afirma que lo realizado por la magistrada “está causando gravámenes irreparables en la investigación, ya que su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal, instaura sospechas en el accionar de la víctima, manipula elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales para esta investigación sin una argumentación jurídica fuerte y protege a las fuerzas de seguridad”.
Por eso para familia de Facundo Castro es imperioso que Marrón deje de ser la jueza de la causa. Ahora resta saber si la propia funcionaria acepta correrse por voluntad propia tras este pedido, algo que las fuentes judiciales no descartan y hasta especulan que muchos de sus mamarrachos cometidos no buscaban otra cosa que una recusación que la hiciera salir del caso más temprano que tarde.
Pero por las dudas, Cristina Castro y sus abogados se reservan en el mismo pedido el derecho “de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la vía del recurso extraordinario federal previsto en el art.14 de la ley 48”.
En declaraciones a la agencia Télam, la madre de Facundo afirmó que “seguimos luchando contra gigantes”. Sobre al recusación, Cristina consideró que la jueza Marrón “está actuando de una forma infantil. Ha aprovechado cada presentación de los fiscales para advertirle a la Policía sobre lo que se iba a hacer, por lo que no ha dejado llevar adelante la investigación como se debía”. | 
