Sin haber tomado en cuenta a la comunidad universitaria, díganse estudiantes, profesores y trabajadores y aprovechando la “nueva normalidad” impuesta por la pandemia impidiendo una difusión y amplia discusión del tema, se aprobó por unanimidad esta ley.
La nueva Ley General de Educación Superior, es una iniciativa creada e impulsada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la cual ha sido señalada en múltiples oportunidades de priorizar el interés empresarial en la currícula escolar, favoreciendo una educación con preponderancia técnica sobre el humanismo o el conocimiento crítico; además de favorecer el interés privado en la educación, generando condiciones para que el lucro y la ganancia primen en el ámbito de la enseñanza.
La ANUIES (conformada por rectores, sectores empresariales y funcionarios gubernamentales), junto al Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma, promovieron esta iniciativa que presume de ser democrática y respetuosa de la autonomía universitaria, omitiendo que las universidades están cooptadas por autoridades ligadas a partidos políticos que operan como verdaderas mafias para mantener sus privilegios.
Dicha Ley, deja de lado el reclamo de democratizar las universidades y sus órganos de gobierno, instancias que se mantienen bajo el control de una férrea burocracia que suele reprimir a la disidencia que cuestiona el manejo corrupto de los recursos y la forma antidemocrática en la que se manejan los directivos (un ejemplo palpable es lo que ocurre en la FES Acatlán al mando del priista Manuel Martínez Justo). Sin democratizar la toma de decisiones, es imposible pensar en una educación que tome en cuenta los intereses y las problemáticas de la comunidad universitaria.
Son estas mafias que gobiernan las autoridades quienes toman decisiones sobre los planes de estudios o cupo de alumnos por facultad, así como sobre el cobro de cuotas ahí donde las hay. Es gracias a la organización estudiantil y del profesorado, que muchas veces se han logrado echar para atrás intentonas privatizados o tecnificadoras de la educación.
La Ley votada por unanimidad en el Senado, consolida en su artículo 4° el control político de las Instituciones de Educación Superior (IES) al permitir la continuidad de los excluyentes requisitos de admisión que definen quienes pueden acceder y quienes no, quedando miles de jóvenes excluidos del derecho constitucional a la educación. Mientras que el articulo 67° sienta las bases jurídicas que permiten lucrar con la educación superior, vendiendo “servicios” a precio de mercado (como lo son clases de idiomas, diplomados o talleres). Además, el artículo 20° aprueba el control antidemocrático sobre la comunidad universitaria, al legalizar la toma de decisiones de las IES a partir de la conformación de un Sistema Nacional de Educación Superior integrado por miembros de la ANUIES, gobiernos estatales y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Por otra parte, la Ley establece que las instituciones privadas deben destinar apenas el 5 por ciento de su matrícula a becas estudiantiles, naturalizando la exclusión de miles de jóvenes que se ven forzados a estudiar en una universidad particular, al no haber suficientes lugares en la Educación Pública y que se ven obligados a competir entre ellos por alcanzar una beca o quedarse sin poder estudiar una carrera.
La nueva Ley reproduce por tanto los mecanismos antidemocráticos, sin alterar un ápice la estructura de poder que detentas las mafias que controlan las universidades, mientras que les delega la capacidad de decidir los planes y programas de estudios a quienes defienden una educación neoliberal y pro mercado.
Es necesario retomar la pelea por la democratización de las universidades y centros de estudios, solo el movimiento estudiantil en alianza con el profesorado y los trabajadores universitarios, pueden cambiar el rumbo de las universidades, exigir mayor presupuesto y poner el conocimiento al servicio de las necesidades del pueblo pobre y trabajador.
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