Han pasado ya 8 y 7 años desde estos lamentables episodios. En su momento el pueblo mexicano vio con horror las imágenes de la policía golpeando a estudiantes y organizaciones que se manifestaban en las inmediaciones del Congreso de La Unión repudiando la toma de protesta y la vuelta del PRI a los Pinos. Desde su campaña el candidato tricolor había sido duramente cuestionado por una juventud que había creado el movimiento YoSoy132. Desde el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno perredista de Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores de la 4T, reprimía duramente la movilización.
Así también las detenciones arbitrarias y la dura represión que sufrieron estudiantes activistas y organizaciones durante la conmemoración del Halconazo, uno de los grandes crímenes de estado cometido contra estudiantes a sólo 3 años de la masacre de Tlatelolco, mostraban el carácter represivo del PRI y su cómplice capitalino, el PRD, representado por el entonces jefe de gobierno de la ciudad, el “súper policía” Miguel Ángel Mancera.
La represión, la desaparición forzada, así como las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fue la política insignia del gobierno peñista. Las víctimas de cada uno de estos casos siguen luchando por el acceso a la justicia. Este es el caso de quienes fueron presos políticos durante la toma de protesta.
Desde el momento en el que lograron conquistar su libertad, por medio de la movilización juvenil y algunos sectores de trabajadores, esos compañeros presos del 1 de diciembre y quienes fueron detenidos el 10 de junio, han emprendido un largo camino tanto legal como político en búsqueda de justicia, aquella que fue prometida por el gobierno de la cuarta transformación encabezado por López Obrador.
La continuidad de instituciones y personalidades represivas con la 4T
No es difícil recordar cuál fue la justificación legal de la represión del cuerpo de granaderos y por la cual se juzgó a los 107 presos políticos del 1°de diciembre y más de 20 detenidos durante la movilización del 10 de junio. El repudiado artículo 362 del código penal, que fue el fundamento legal de las detenciones en ambos casos, había sido impulsado por el gobierno -ni más ni menos- que de López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la capital del país.
En su momento este artículo causó revuelo pues no sólo fue promulgado por el actual presidente de la república, sino que se combinaba con el artículo 287 del mismo Código Penal local, que ponía el delito de “ultrajes a la autoridad” por el cual también se vulnera o se ponen candados a la libre manifestación. Las penas por estos delitos ascendían hasta los 30 años de prisión.
Hasta la fecha y a 2 años del inicio de la 4T, tanto a nivel local como federal este artículo sólo se ha modificado en la cantidad de años que se le impone a quién cometa el delito de “ataques a la paz pública”, una definición ya de por sí ambigua, imprecisa y que sólo se aplica a quienes se manifiestan contra este sistema y no para quienes producen las terribles crisis que realmente afectan la paz pública.
Por eso es que desde la agrupación magisterial Nuestra Clase respaldamos y acompañamos esta importante lucha en búsqueda de justicia y reparación de daños para quienes sufrieron la brutal represión del sistema, que sea cual sea su color, siempre va a estar en contra de que las mujeres, la juventud y lxs trabajadorxs alcemos la voz. | 
