El impulso del Gobierno al agronegocio, la megaminería y el fracking en Vaca Muerta. Columna de economía de El Círculo Rojo, un programa de La Izquierda Diario que se emite por Radio Con Vos, 89.9.

Foto: Télam.

• Muchas veces desde el establishment económico acusan a Alberto Fernández de no tener un plan. Incluso el propio presidente señaló en una entrevista con el diario británico Financial Times que él no cree en los planes.

• No obstante, cada vez más se va delineando un plan, un esquema económico, orientado hacia el extractivismo de materias primas para la exportación.

• Desde que asumió Alberto Fernández vimos que, en dos provincias, Mendoza y Chubut, la primera gobernada por la oposición y la segunda por el oficialismo, hubo intentos de avanzar con la megaminería. La movilización popular por ahora lo impidió.

• Pero existe un plan más general a nivel nacional. En noviembre, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, lanzó la Mesa del Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino para los próximos treinta años.

• La megaminería contribuye poco y nada a generar empleo e impulsar el desarrollo. Pero sí daña el ambiente, no solo por los derrames que muchas veces ocurren, como los famosos de Barrick Gold en Veladero y Pascua Lama, sino por el método de extracción, que en varios yacimientos comprende el uso de masivo de explosivos, cianuro y toneladas de agua.

• Hay otro enclave extractivista: Vaca Muerta. El Gobierno busca un relanzamiento de la producción con el programa Plan Gas 4, que comprende el pago de un precio subsidiado a las empresas, como Tecpetrol de Techint, YPF, la yanqui Chevron, la francesa Total y otras que operan en la cuenca neuquina.

• Semanas atrás le pedí una opinión para el newsletter El juguete rabioso a Martín Álvarez Mullally, que es investigador del Observatorio Petrolero Sur. Él me explicó que en Vaca Muerta cada vez que se reactivó el fracking “vimos que hubo una respuesta en materia de movimiento sísmico”.

• También el gobierno busca avanzar con el agronegocio. No sólo con la soja, donde hace décadas Monsanto y otras multinacionales fijan el modelo de negocios que envenena con el glifosato. Este año se aprobó, mediante Bioceres, el trigo transgénico con resistencia a la sequía y el glufosinato de amonio. En Bioceres los principales accionistas son Hugo Sigman y Grobocopatel.

• La nueva Ley de Economía del Conocimiento votada este año establece beneficios a las empresas de biotecnología ligadas al agronegocio. Una de las principales impulsoras fue la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), donde pisa fuerte, justamente, el amigo de Alberto Fernández, el mencionado Hugo Sigman.

• El Gobierno alimenta la esperanza de obtener dólares en el comercio exterior mediante la expansión del agronegocios, la megaminería y el fracking.

• ¿Para qué quiere los dólares? Fundamentalmente, para pagar la deuda. Hacia 2025 el país tendrá que pagar una suma muy importante de deuda a los lobos de Wall Street, pero también al FMI si se concreta el acuerdo de facilidades extendidas que se está negociando.

• Es decir, hay un hilo que une extractivismo con la dependencia financiera: se necesita reventar el ambiente para pagar la deuda.

• En este devenir, el peronismo fue abandonando la proclamada aspiración de industrializar el país que está unida a su imaginario. Esto no es nuevo: esa aspiración ya había quedado en desuso con el menemismo.

• También está lejos del desarrollismo que en la década de 1950 y 1960 promovió y logró un mayor peso de la industria en la estructura económica: en ese entonces la idea era transferir excedentes del agro para promover el desarrollo industrial. Claro que el resultado fue una industria atrasada y dependiente de los países imperialistas.

• El devenir del peronismo está en sintonía con las diversas experiencias latinoamericanas que en el Siglo XXI enarbolaron un discurso neodesarrollista, pero que dejaron un resultado opuesto: mayor primarización de la estructura económica.

• ¿Se puede pensar en cambiar esta historia? Creo que sí, pero la condición es que la clase trabajadora tome en sus manos la tarea de llevar adelante una reorganización de la producción, mediante la planificación de la economía en función de las necesidades sociales y de una transición hacia métodos de producción no contaminantes.