Fue en 2011 cuando Nicolás (4) y su prima Celeste (7) tomaron contacto con agrotóxicos mientras jugaban cerca de la tomatera de Ricardo Prieto en Corrientes. Un fallo histórico que sienta precedente para la lucha de los pueblos fumigados.
Esta es la historia de lucha de quienes no bajaron los brazos en la búsqueda de justicia: familiares, abogados y organizaciones solidarias lograron un fallo histórico que sostiene que a Nicolás Arévalo lo mataron los agrotóxicos con los que Ricardo Prieto, productor hortícola de Corrientes, fumigó en su tomatera de Puerto Viejo, Lavalle. El Tribunal Penal Oral de Goya llevó adelante el segundo juicio al empresario por la muerte de Nicolás, de cuatro años, y las graves lesiones que sufriera su prima Celeste Abigail Estévez, de siete por entonces. El fallo sienta jurisprudencia a nivel nacional: Prieto fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional.
El abogado de la familia, Hermindo González, manifestó a la salida de la sentencia que se trata de un fallo claro que evidencia la responsabilidad de Prieto en el homicidio de Nicolás y las lesiones graves a Celeste. “La familia ha tenido mucha entereza: han tenido el valor de poner frente a la comunidad a quienes hacen prevalecer los bienes de capital por sobre la vida humana, y esa lucha hoy tiene su respuesta”.
González había reclamado la pena máxima estimada para el delito (cinco años) por el cual Prieto fue juzgado (homicidio culposo de Nicolás), por lo que el resultado deja un sabor agridulce, ya que “la Justicia reconoce un hecho grave, pero a la vez [Prieto] pasa caminando frente a nosotros y se va en libertad y nunca va a estar ni medio día detenido”.
Para Emilio Spataro, testigo en la causa y coordinador del Programa Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra, la clave es el reconocimiento de que “fumigar mata, es un asesinato, y las víctimas son los niños que viven cerca de los establecimientos que fumigan”.
Durante estos casi diez años, la familia Arévalo tuvo que soportar destrato y avasallamiento del poder económico e impunidad judicial, que incluyó la absolución del empresario por parte del Tribunal Oral Penal de Goya en 2016. Sin embargo, “esta lucha no fue en vano”, completa González, “porque tiene una sentencia condenatoria a un productor de la zona de Lavalle por la implementación de químicos que matan y dañan la salud de la población”.
La familia de Nicolás y Celeste. Foto: ANRed.
Haber llegado a esta instancia de reedición del juicio al empresario luego del traspié en 2016 fue, para Spataro, el triunfo de la verdad gracias a la lucha sin tregua de la familia y el abogado Julián Segovia, fallecido a comienzos de 2019. “Nicolás Arévalo, un niño humilde, campesino, pobre, del interior profundo de la provincia de Corrientes, estaba condenado a que su muerte fuera una de las tantas más”. Fue precisamente la movilización incansable de sus familiares la que permitió este precedente importante para la lucha de los pueblos fumigados. La pelea de los Arévalo “supo construir organización, sostenerla en el tiempo, llevar adelante acciones de lucha y no bajar la mirada ante ninguno de los múltiples atropellos de los poderosos que intentaron frenarles su camino”.
“Además de las familias, el mérito es del fallecido Dr. Segovia por su enorme compromiso, no solo con estas familias, sino con todos los sectores populares de la provincia de Corrientes a través de su profesión, la abogacía”, expresó Spataro.
González, representante legal de la familia Arévalo, reflexionó sobre los alcances del fallo para la producción agrícola. “Esta sentencia tiene que ser la bandera de Nicolás y Abigail con la intención de generar nuevas condiciones en la producción”, se esperanza. “El mundo está avanzando y se implementan nuevas técnicas que inclusive dejan de lado los agroquímicos para la producción. Acá nos mantenemos en un sistema conservador, feudal, donde el tomate vale más que la vida de los vecinos”.
Spataro se muestra emocionado con el fallo, para el cual las expectativas no eran muy altas. Una vez conocido el resultado, en diálogo con La Izquierda Diario remarcó que se trata del primer juicio penal en el cual la causal de la muerte son los agroquímicos y que se sentó un enorme precedente, no solo para Corrientes, sino para todo el país.
La discusión sobre la prohibición del endosulfán era previa a la muerte de Nicolás en 2011, y esto a nivel mundial. Dicho agrotóxico ingresó al anexo A del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes en junio de ese año. “Mucho antes se había determinado su peligrosidad”, dice Spataro al ser preguntado por el contenido de su declaración en el marco del juicio. En 2009, la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, que integró el fallecido médico Andrés Carrasco, quien detectó los efectos del glifosato, ya había recomendado la prohibición del endosulfán. “Cuando el Senasa lo prohíbe [en 2013, NdR], reconoce esos antecedentes previos”, agrega el referente ambientalista.
El de Nicolás no fue un caso aislado. “Es un modelo totalmente perverso en el que hasta que se puede y más aún se sigue contaminando con productos de alto impacto para la salud y para el ambiente”, sentencia Spataro, cuyo testimonio como especialista recibió “elegantes ataques” por parte de la defensa de Prieto.
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Fue en abril de 2011 cuando los niños tomaron contacto con gases y líquidos tóxicos como el endosulfán provenientes de su establecimiento, ubicado a escasos metros de la vivienda de la familia Arévalo. Pisaron un charco contaminado que, en el caso de Nicolás, le provocó una intoxicación aguda que lo llevó a la muerte el 4 de abril de 2011. La autopsia fue esencial para determinar que el endosulfán fue el causante principal de la falla hepática y el edema pulmonar. Su prima Celeste sufrió lesiones gravísimas, por las que debió permanecer tres meses en terapia intensiva en el Hospital Garrahan.
Hay más casos en Corrientes y otras partes del país de las consecuencias del “modelo agrotóxico” que envenena y mata. “Es muy importante que sigan visibilizándose estos hechos para poner en práctica otra forma de cultivar la tierra”, concluye el abogado González.
