Se espera que los diputados de la Coalición Cívica - ARI, encabezados por la diputada Paula Oliveto, realicen la presentación en los próximos días ante el Congreso, como respuesta a la carta publicada por Cristina Kirchner, en la cual esta cargaba contra la Corte Suprema, por los casos de lawfare y denunciando su lugar de casta privilegiada. La acusación constituye una nueva defensa cerrada de la reaccionaria Corte Suprema de Justicia. Recordemos, sin embargo, que en su escrito, Cristina no hacía mención alguna a sus dos mandados presidenciales en los que convivió pacíficamente con esa misma corte.
En su escrito, este sector vinculado a Carrió y que constituye parte de la bancada de Juntos por el Cambio, denunciarán a la ex presidenta por “mal desempeño” y “alteración del orden democrático”, al “interferir en el normal desarrollo de las funciones de otro poder del Estado, atentando contra el orden institucional y el sistema democrático”. En su tónica usual, relacionan los posicionamientos de Cristina Fernández con “la búsqueda de impunidad”.
El pedido de juicio político surgió como resolución luego de que la Coalición Cívica realizara la semana pasada un Congreso partidario en el que reeligiera al diputado Maximiliano Ferraro como presidente.
Cartas
A tono con la iniciativa de Carrió, una reunión nacional de Juntos por el Cambio en la que participaron, entre otros, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Martín Losteau, decidió publicar un comunicado en el que también repudian la carta de Cristina Fernández y salen en defensa de la reaccionaria Corte Suprema.
Entre sus principales definiciones afirman que “La carta de la Vicepresidenta, avalada por el Presidente, es un intento de cambio del sistema constitucional de división de poderes, por un sistema de reforma constitucional que rompe definitivamente el sistema republicano”.
Esta serie de declaraciones constituye un nuevo posicionamiento de los sectores de la oposición derechista con la Corte Suprema, a tono con los distintos intentos de la misma de ir marcando la agenda del Gobierno durante este año de mandato.
No hay dudas de que la Corte misma, con el conjunto del Poder Judicial, constituye uno de los poderes más antidemocráticos del estado argentino, garante de los negocios del gran capital, y arrogado con una larga serie de privilegios.
Sin embargo, lejos de la lectura “destituyente” que buscan hacer desde Juntos por el Cambio, las propias palabras de Cristina Fernández no pueden leerse separadas de quién ocupó el cargo presidencial en dos ocasiones y durante cuyos mandatos jamás se puso en cuestión ninguno de estos atributos, sino que, por el contrario, los mantuvo intactos.
En esa misma misiva, Cristina Kirchner, de la mano de hacer un balance del primer año de mandato de Alberto Fernández, al tiempo que dedicó varias líneas a cargar contra la Corte, decidió omitir - y eludir su responsabilidad - en la dura crisis social que hoy atraviesan millones de familias en todo el país. |