La Intersocial finalmente resolvió que el referéndum contra la LUC sea solo por 133 artículos, que incluyen básicamente algunos de los artículos referidos a seguridad pública, educación, economía y empresas públicas, restricción al derecho de huelga y manifestación. En el plebiscito quedan afuera cuestiones importantes como las que tienen que ver con la seguridad social y la reforma jubilatoria. Sin embargo, esta decisión va en contra de la misma definición hecha por la central sindical de la ley como “antipopular y antidemocrática”, lo que ya de por sí ameritaba un rechazo total de la misma.
El “consenso” fue la manera que encontró la dirección del PIT-CNT para dilatar lo más posible la resolución en torno a la LUC, fue lo que le permitió imponer la política de referéndum parcial, y fue lo que dañó severamente la unidad. Tanto, que generó un efecto desmoralizador en el resto de las organizaciones, y en su propia base social, lo que amenaza fuertemente que el referéndum logre conseguir las firmas necesarias, y ni hablar de los votos requeridos para su derogación.
A esta situación, se suma la dificultad que constituye realizar una campaña de recolección de firmas bajo las actuales circunstancias sanitarias y de restricciones de movilidad; esto es otro rasgo antidemocrático “extra” de la LUC, que no solo se tramitó en tiempo récord, sino que ni siquiera permitió que pueda desarrollarse una oposición en las calles.
Tal como planteamos en otras notas, se ha perdido un tiempo importante en definir la forma para enfrentar la LUC. Desde que comenzó a tratarse en el parlamento, el PIT-CNT presentó un tibio rechazo a esta ley. Propuso medidas a destiempo y siempre subordinó la lucha en las calles a la estrategia “parlamentaria” llevada adelante por el Frente Amplio (tal como denunció FUCVAM en una declaración) y que, finalmente, resultó ser totalmente inconducente.
Así, la clase trabajadora se perdía la posibilidad de enfrentar en las calles a la LUC, antes de que fuera votada. Cuando finalmente se vota, primó un sentimiento de derrota (sin lucha) y se concretó la opción de un referéndum, con todas las controversias y dificultades que esta salida implica.
La Intersocial y el consenso
Fueron varios los colectivos y organizaciones que han manifestado su disconformidad con la forma en que se resolvió la derogación parcial o total de la LUC al interior de la Intersocial.
El método del consenso implica la necesidad de que todos los integrantes estén de acuerdo con una propuesta. No permite la votación directa donde mayorías y minorías quedan claramente establecidas. Esta es una forma de empantanar los debates, alargarlos y desestimular la participación de las posturas diferentes. Y esto es lo que permite que una posición se imponga sobre el resto.
Esto fue lo que ocurrió en la Intersocial, donde había un sector importante de organizaciones – si no la mayoría – que planteaban un referéndum contra toda la LUC, mientras que las grandes organizaciones nucleadas en la “mesa chica”- PIT-CNT, FUCVAM, FEUU e Intersocial Feminista -, terminaron imponiendo el referéndum parcial con el peso del aparato, y la mayoría terminó acatando “en pos de no romper la unidad”.
El PIT-CNT y la independencia de clase
La dirección de la central obrera ha mantenido hasta último momento la postura de llamar al referéndum solo por los artículos que el Frente Amplio no había votado.
Aquí se ve claramente cómo el PIT-CNT se subordina a las decisiones de un partido político que integra este régimen, y por tanto, diluye la independencia política propia de una organización sindical.
Ya lo hemos visto en otras oportunidades, como cuando el FA era gobierno y la dirección de la central llamaba a apaciguar la lucha por distintos reclamos obreros, en pos de “no hacer olas” o “no hacerle el juego a la derecha”. Así actuó en varios conflictos –Fleichmann, Fanapel – donde llamaba a aceptar la pérdida de las fuentes de trabajo, bajo la promesa de incorporar a la plantilla laboral en una bolsa de empleo. Terminaba dejando solos a los conflictos en lucha y librados a su suerte.
También ocurrió al inicio de la pandemia, cuando la dirección del PIT-CNT aceptó la rebaja salarial (a partir de un aumento atado al índice de crecimiento). No llamó a asambleas ni ninguna otra instancia democrática, sino que aceptó la rebaja impulsada por el gobierno de Lacalle Pou de forma totalmente inconsulta, para garantizar la gobernabilidad y las “buenas relaciones” con el nuevo gobierno.
Esta actitud deja a un costado las reivindicaciones obreras, y le da tiempo a las patronales para rearmarse, debilitando así el poder de lucha de la clase trabajadora.
La independencia política es una cuestión de principios que separa los intereses de la clase obrera y los sectores populares de los intereses patronales, representados en las políticas de gobierno y en sus partidos.
En el caso del plebiscito contra la LUC, la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT terminó resolviendo a favor del referéndum parcial. Pero esta votación casi en ningún caso estuvo avalada por una asamblea de base u otro método de consulta a la base gremial. Inclusive, hubo casos de votaciones a favor del referéndum parcial cuando las asambleas de base votaban lo contrario.
Al revés del método burocrático ejercido por la dirección mayoritaria, se debería haber convocado a un congreso de delegados de base de todo el movimiento obrero para debatir sobre LUC, y así llevar el mandato de cada gremio.
El método democrático de la asamblea y el mandato que de allí surge, permiten abrir un debate y una reflexión, concientizar y politizar a la base obrera. Inclusive, para reflexionar acerca de los puntos más nefastos de la ley, como el tema de la seguridad. La expresión más palmaria de esto fueron los dichos de Gabriel Molina, que manifestó su intención de no incluir todo el articulado de seguridad en el referéndum. Molina se basa en un sentido común reaccionario, impuesto por la derecha, de que es necesario la mano dura para combatir la inseguridad. En vez de confrontar este discurso demostrando que la delincuencia tiene que ver con las condiciones de vida de los sectores populares, Molina acepta el relato de la derecha y omite pelear por demostrar que la inseguridad tiene su causa en la desigualdad social. Así, habilita 5 años de avance represivo y de pérdida de derechos – una política de “tierra arrasada”, esperando que en 2024 “la gente vote mejor”.
La independencia de clase – es bueno recordarlo - es lo que permite priorizar siempre y en toda circunstancia, los intereses de la clase trabajadora. Es lo que mantiene a una organización obrera fiel a los reclamos de su clase, y por eso se vuelve una cuestión estratégica. El PIT-CNT ha perdido su independencia política a partir de que su dirección reformista encauza cualquier reclamo bajo la órbita del Frente Amplio, o de cualquier gobierno de turno.
Por eso, la tarea que tenemos pendiente es la de recuperar los sindicatos para que sean una herramienta que permita pelear por los reclamos obreros y por una sociedad libre de explotación y opresión.
Publicamos el articulado propuesto para la derogación parcial de la LUC:
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