Este martes, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 533 y una adición al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Estas modificaciones, propuestas desde octubre por representantes del PAN y del Morena y hoy aprobadas por la mayoría de integrantes de la Cámara Baja, implican nuevas sanciones a quienes tomen casetas de cobro en carreteras "con fines de lucro".
Las sanciones que estipula esta reforma contra quienes "restrinjan de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte" son una pena de dos a nueve años de prisión y una multa de 200 a mil veces el UMA vigente, es decir, de 86 mil 800 pesos. Quienes además de bloquear, condicionen el tránsito, impidan el cobro o lucren, recibirán condenas de hasta siete años de prisión y multas de entre 750 y mil UMA. Estas nuevas penas responden al reclamo de concesionarios porque las penas vigentes no "reparaban el daño" de las pérdidas a su propio lucro legalizado por sus convenios con el gobierno.
En México hay más de 750 mil kilómetros de carreteras federales y autopistas de cuota. Hasta el 15 de diciembre, el Ministerio Público Federal reportó 5 mil denuncias interpuestas por concesionarios por bloqueos. Baja California, Colima, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos (cuya Fiscalía negó que hubiera denuncias al respecto por parte de empresarios o de Capufe), Nayarit, Querétaro y Zacatecas son las entidades con más reportes de bloqueos carreteros.
Y es que durante el sexenio de AMLO esta práctica ha seguido siendo una medida de protesta empleada por el movimiento social, como la lucha contra las reformas estructurales en 2013 o Ayotzinapa en 2014. La presentación con vida de algún desaparecido, la exigencia de libertad para presos políticos o la atención inmediata de las autoridades a algún problema urgente de la población son otras de las consignas con las que la comunidad y organizaciones políticas y sociales recurren a bloqueos, al levantamiento de plumas o liberación de casetas.
Con todo y que esta ley responde a los reclamos de ricos y empresarios por proteger sus ganancias, forma parte también de un plan más amplio a nivel federal. Así lo ha señalado el mismo AMLO quien, además de comparar la toma de casetas con la ordeña de ductos de combustible, asegura que su administración está "poniendo orden en el caos" de Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Escudándose en el combate a la corrupción, la 4T ha avanzado tomando en sus manos los puertos y aduanas, mismos que ha encargado a Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional (que también encabeza los operativos en casetas actualmente). Sin embargo, Ocram Seyer y Jet Van Car Rental son algunas de las empresas señaladas por irregularidades con las que la Capufe sigue haciendo negocios de hasta 570 millones de pesos, en el caso de la última.
Cabe destacar que entre los 335 conflictos indígenas activos sin resolver en 29 estados del país, al menos 16 de ellos implican un enfrentamiento entre los intereses de las empresas y sus proyectos carreteros y los intereses de la población.
Todo esto, sin embargo, no tuvo ningún peso a la hora de escribir esta ley, que únicamente escuchó a sus concesionarios, que alegan pérdidas desde 2019 a la fecha que ascienden a 7 mil millones de pesos, derivadas de la toma de casetas y la realización de colectas. Reportaron en 2020 un aumento de hasta 119% de bloqueos en vías férreas con relación al mismo periodo del 2019 y aseguran que los cercos llegan a durar hasta 12 días. Sin embargo, la Capufe reportó en 2019 que sus ganancias crecieron 3.3% y que percibieron ingresos por 34 mil 173 millones de pesos.
La ambigüedad de la nueva ley implica que cualquiera que proteste, se expone a la cárcel y es por esto que se trata de una medida que, en los hechos, criminaliza la protesta y busca desalentar la movilización popular por medio de castigos ejemplares. | 
