Este jueves fue publicado en el Boletín Oficial el decreto 1020/2020 que habilita una suba en las tarifas de electricidad, gas y transporte: "Determínase el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal” dice el artículo primero del decreto firmado por el presidente de la nación.
La negociación con las empresas estará dirigida por los organismos oficiales, que son el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). El decreto indica que el proceso de negociación tarifario "no podrá exceder los dos años" y quedarán congeladas los precios durante 90 días o “hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios” y aclara “lo que ocurra primero”.
Sin embargo advierte que durante el lapso que dura la negociación pueden definirse aumentos transitorios hasta definir el costo final de la tarifa, aunque no deja claro cuando se sufrirá el primer aumento ni cual sería el techo.
Si bien aclaran desde el gobierno que las facturas con el aumento final se pagarán en marzo y abril y el monto dependerá del poder adquisitivo de cada familia “altos, para los sectores que puedan pagarlo” y mínimos para los sectores más vulnerables, no deja de ser un golpe al bolsillo de los que menos tienen.
En un año donde el costo de vida aumentó al menos un 37,7% según admitió el mismo gobierno, y en medio de la pandemia donde muchos hogares sufrieron una pérdida significativa en sus ingresos, ya sea por rebajas salariales, suspensiones o despidos, Alberto Fernandez da inicio a una nueva negociación para beneficiar a las empresas que siguen ganando millones con subsidios o tarifazos.
Lejos quedaron la promesa de pesificar las tarifarias de servicios básicos, o retrotraerlas al valor anterior a los tarifazos de Macri como decía el Frente de Todos en plena campaña. A esto se suma la quita del IFE y el nuevo ataque a los jubilados y jubiladas, la inflación creciente y el aumento de la pobreza.
Como dice Nicolás del Caño los servicios esenciales deben ser un derecho y dejar de ser el negocio de las privatizadas que lucran con las necesidades del pueblo trabajador.
