Tras realizarse allanamientos en oficinas de la firma en Reconquista y Avellaneda, fiscales de la Unidad de Delitos Económicos informaron las últimas novedades de la investigación.
En conferencia de prensa el Fiscal Miguel Moreno de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción Rosario informó en relación a la investigación por la estafa de Vicentin y sobre los allanamientos realizados en las localidades Santafesinas de Reconquista y Avellaneda. El lunes a la mañana lunes se realizaron 16 allanamientos simultáneos a ex directivos y empresas del Grupo Vicentin y se secuestró información física e informática, libros de actas de las sociedades que forman el holding y se clausuraron las oficinas por 96 horas.
La investigación es por una denuncia de productores agropecuarios por el el delito de estafa, del otro lado están los bancos internacionales y el Banco Macro que reclaman una deuda superior a los 500 millones de dólares.
Vicentin con la modalidad de contrato con precio a fijar, donde se entregaba el cereal y en determinado momento el productor determina el precio y así se establece la contraprestación, recibió granos sin informar la realidad económica de la empresa que no podía pagar el precio de los mismos.
El fiscal afirmó que la Bolsa de Comercio de Rosario fue utilizada por la firma como un escenario mediante el cual exhibiendo una cantidad de contratos la empresa mostraba una salud financiera que no era tal. Vicentin recibía granos que en los balances mostraba como propios sin aclarar que no los habían pagado.
Los fiscales entienden que la causa tiene que tramitarse en Rosario, lo que siguen son las imputaciones y por ahora están bajo la lupa las personas denunciadas por los defraudados, los que integraban el directorio en los últimos dos años antes que Vicentin se declare en cesación de pagos, síndicos, representantes legales que hayan realizados contratos en nombre de la firma con corredores agropecuarios y bancos.
Se ve que mientras el salario o las jubilaciones se discuten puntillosamente en la arena pública, los secretos de las grandes empresas guardados bajo siete llaves. Hace pocas semanas atrás, el juez a cargo de la quiebra, Fabián Lorenzini, emitió una resolución mediante la cual establece la intervención de la agroexportadora por noventa días. Una de las razones fue la sistemática negativa de los directivos de la empresa a dar información para el expediente del concurso.
Empresa mimada por gobiernos socialistas, macristas y por el mismo Perotti que se puso la camiseta de Vicentin para defender la propiedad privada, ante el “amague” del presidente Fernández de estatizarla a principios de año. Esa empresa es parte de un oligopolio privado en la producción y comercialización de productos agroindustriales que conforman una serie de empresas que tienen la capacidad de hacerse con las materias primas, son dueñas de los puertos y en algunos casos tienen ferrocarriles propios.
Como bien relata Fernando Rosso, en El Círculo Rojo Vicentin fue la principal aportante a la campaña de Cambiemos y cuando Javier González Fraga estaba al frente del Banco Nación casi que le concedió una “tarjeta de débito” vip para que saque dinero todos los días. En noviembre de 2019, cuando Mauricio Macri dejaba la Casa Rosada y la cesación de pagos del país era inminente, ese banco público le cedió más de u$s 90 millones adicionales. Le otorgó 28 créditos que la firma, que ya era morosa, pedía por mail.
Vicentin es el caso paradigmático: triangulación en la exportación, comercialización en negro, manejos discrecionales en los puertos, no liquidación de divisas. La empresa quebrada con métodos fraudulentos tenía sin ingresar al BCRA 500 millones de dólares y el Grupo Olio, que empezó a utilizar sus instalaciones, otros 400 millones.
Maniobras, discreción, ocultamientos, secretos, camuflajes; algunos ilegales, pero la mayoría en una zona gris cubierta por el secreto bancario, comercial, el monopolio privado del comercio exterior y el blindaje mediático que no pone el ojo ahí.
Todo esto alcanza y sobra para una expropiación sin pago a sus dueños, que paguen con los activos que triangularon al extranjero en modo “fuga de capitales” fondeándose con la canilla del Banco Nación.
Tanto en el tema de lo que destapa Vicentin (que hay un monopolio privado y extranjero del comercio exterior) como en la cuestión de la deuda se imponen límites similares. El “monopolio estatal del comercio exterior”, es decir, que un país pueda controlar sus puertos (lo que entra y lo que sale, a los precios o valores de acuerdo a los intereses del país), como que es necesario desconocimiento soberano de una deuda odiosa, son sino mínimas medidas de soberanía nacional.
El Frente de Izquierda, desde las bancas de Nicolás del Caño y Romina del Plá, fue la única fuerza política que oficialmente presentó un proyecto de expropiación sin pago de la empresa, bajo gestión de sus trabajadores y trabajadoras. La propuesta plantea "la apertura de libros contables y la eliminación del secreto bancario" para demostrar “la estafa y el desfalco". También propone una comisión investigadora independiente para contribuir a dejar en claro las maniobras fraudulentas de estos empresarios”.
