De 129 a 79 bajó la cantidad de comunas declaradas como zonas de "escasez hídrica", que se concentran en su totalidad en la zona centro norte del país, desde el año pasado a la fecha, según informó la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), 50 localidades lograron salir de esa categoría. Mientras que hay 138 comunas con "emergencia agrícola" debido a la falta de agua.
La situación mejoró desde la Región de O’Higgins a Magallanes y las comunas más críticas se concentran entre Coquimbo y la Metropolitana.
Sin embargo, los conflictos socioambientales y la denuncia por el aprovechamiento indiscriminado de las aguas ponen de manifiesto el negocio del recurso hídrico desde la imposición del Código de Aguas y sus modificaciones que ayudaron a privatizar los servicios sanitarios durante los gobiernos de la ex Concertación.
El plan del Código de Aguas de la dictadura era erradicar los conceptos de Estado, revocación, expropiación y bien público. Esto generó una incertidumbre jurídica de lo heredable y transferible, donde el agua se podría concebir como un bien inmueble, el cual se podría vender, comprar y arrendar. Es por esto que el sistema de precios de agua es tanto mercancía luego de ser inscrita e iría cambiando su rentabilidad.
Con los años, ser titular de derechos de agua se volvería un negocio inconmensurable y millonario. Lo cual significa acaparamiento, especulación y lucro.
La privatización del agua tiene un impacto concreto en su relación con el Estado, las empresas y políticos de la derecha y la ex Concertación. Un ejemplo claro de ello es el rol de la democracia cristiana en los ministerios de agricultura como Antonio Walker, quien es dueño de Asesorías e Inversiones Walker Prieto, la cual se relaciona con otras familias ligadas al mercado de la bolsa y a las licitaciones entregadas por el Estado afectando el derecho al agua a sectores rurales. | 
