Luego de meses de un transcurrir moderado de la pandemia en el país, se ha saltado a una situación más apremiante con una escalada de contagios mucho más alta que la que se venía dando, pasando en pocos días de cien contagios diarios a cientos con un pico de más de 500 el último domingo. Aumentando con esto el universo de casos activos rastreados (cursando la enfermedad) que de acuerdo al SINAE son 3649 al día de hoy. Con el aditivo de la aparición de casos en cárceles, internados del INAU menores de edad y ahora en el residencial para adultos mayores del Piñeyro del Campo.
A partir de la aparición de los primeros casos por el mes de marzo el gobierno uruguayo había tomado algunas medidas restrictivas como la suspensión de la actividad educativa y el cierre de algunas actividades económicas sobre todo del área comercial.
Para luego poco a poco irlas levantando, buscando evitar consecuencias económicas mayores, con el horizonte de sostener la ganancia empresarial. Reafirmado esto último con la reciente ley presupuestal que reduce la carga impositiva al gran capital y dicho sea de paso a su vez reduce el “gasto” en salud, educación y vivienda.
Fuente: Ganadores y perdedores de la ley presupuestal: un enfoque de clase. La Diaria.
Bonapartismo para tapar la inoperancia
Durante la jornada del miércoles primero el equipo asesor de científicos GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) y luego el gobierno nacional dieron sendas conferencias de prensa para informar sobre la situación y la comunicación de medidas por parte del gobierno. De acuerdo al GACH Uruguay está en su primera ola y advirtió de la progresión estadística del avance de la infección, con números alarmantes hacia fin de año de continuar la situación como hasta ahora.
Por parte del gobierno, el presidente Lacalle Pou informó una serie de medida bonapartistas para tapar su propia inoperancia en la gestión de la pandemia. Entre ellas ataques a derechos fundamentales como el anuncio de un proyecto de ley (a tratarse de forma urgente este viernes en el Parlamento) que reglamentaría el artículo 38 de la Constitución de la República que garantiza el derecho de reunión, cuando en realidad el propio informe del GACH señala que las principales causales de contagio se deben al contacto intrafamiliar, el laboral, entre otras.
Otras medidas anunciadas por el gobierno son: disminuir la cantidad de pasajeros del transporte interdepartamental con un máximo del 50% y subsidios a las empresas afectadas, suspensión del ingreso al país entre los días 21 de diciembre y 10 de enero (con excepciones de uruguayos con pasaje ya comprado o en el transporte de carga), teletrabajo para oficinas públicas con sugerencia para su implementación en el sector privado, suspensión de espectáculos públicos, extensión de horarios de shoppings y similares más el control del aforo, multas al no uso del tapabocas y recomendación de que las reuniones familiares tengan un máximo de diez personas.
De todas las medidas anunciadas por el gobierno el miércoles, ninguna da respuesta a las centenas de miles de desocupados y trabajadores en seguro de paro, al desamparo y el hambre que sufren miles. A toda una población ya de por sí golpeada por la política ajustadora del propio gobierno. El señor presidente se conforma con darles una palmadita en la espalda a todos esos trabajadores expresando su “solidaridad” ¡palabras huecas! Por el contrario no se ha olvidado de implementar un nuevo beneficio empresarial, con el subsidio a los empresarios del transporte, que se han dedicado por meses de hacinar trabajadores dentro de los ómnibus con servicios recortados en plena pandemia.
La pérdida del hilo epidemiológico
La evolución lenta de la pandemia en el país durante los primeros meses le dio al gobierno la confianza para reabrir la economía y sentarse a esperar pasivamente a que el curso de la pandemia se mantuviera a ritmos moderados. Pero la realidad se encargó de demostrar lo contrario al progresar la masa de contagios a medida de que se retomaban las actividades normales y de que se hiciera la vista gorda a la penetración sin control efectivo desde las fronteras del país.
El tardío aumento de los test diarios hace pocas semanas fue la señal de que algo no andaba bien y que se tradujo de inmediato en la confirmación de una mayor tasa de contagio y de la instalación de una constante de muertes diarias por Covid19.
También son innumerables los testimonios de demoras a la hora de efectivizar los hisopados y de obtener los resultados de los test, lo que conlleva una débil capacidad de control y supresión de los focos de infección.
Sobre los hombros de los trabajadores recae el hacinamiento diario en los medios de transporte y la falta de control de las medidas de higiene y preventivas en los lugares de trabajo. Por el contrario el gobierno se ha embanderado en la búsqueda de chivos expiatorios señalando culpas sobre manifestaciones político social y actividades culturales y de esparcimiento. Con represiones, apoyándose en la recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración, como las hechas sobre comparsas de candombe o sobre la juventud reunida en espacios públicos.
En todos estos meses el gobierno uruguayo no solo hizo la vista gorda frente a la violación de las medidas preventivas que hicieron los empresarios del transporte colectivo y de distintas actividades de la economía, sino que también de acuerdo a su política de austeridad fiscal se deslindó de fortalecer las capacidades del país para efectivizar un control epidemiológico adecuado.
La capacidad de rastrear, testear y devolver los resultados con celeridad (para tomar las medidas adecuadas por parte la población afectada) o de mejorar la capacidad del sistema hospitalario para enfrentar escenarios de mayor gravedad, son mecanismos que no han sido fortalecidos a la medida de lo que exige la situación. Y por el contrario se ha perdido un tiempo extenso (más de medio año) para lograr esos posibles objetivos, privilegio de tiempo que muchos de los países en el mundo no tuvieron.
Mientras tanto, se dejaba aumentar el lucro de las empresas del área de la salud, justificando el desplazamiento de la atención a otras patologías o de la necesidad de intervenciones quirúrgicas.
Una medida para la tribuna el Fondo Coronavirus
La medida de recaudación especial para enfrentar la pandemia fue anunciada con parafernalia por el gobierno, sostenida mediante aportes voluntarios que brillaron por su mezquindad y el ataque a los ingresos a los trabajadores públicos (mediante un impuesto especial).
Acompañado con medidas en el sector privado, como el teletrabajo, el acuerdo puente (firmado por la burocracia sindical) de ajuste salarial sujeto a la inflación menos el retroceso de la actividad económica, los seguros de paro especiales usados por los empresarios para buscar un posterior despido, entre otras cosas, intentando de esta manera garantizar la ganancia empresaria a costa de los trabajadores.
El Secretario de la Presidencia Álvaro Delgado anuncio en octubre el uso de parte del fondo para comprar un millón y medio de dosis de vacunas con 2,5 millones de dólares y relató que parte del fondo se había utilizado para “duplicar” la capacidad de atención en cuidados intensivos (CTI), sin embargo los médicos intensivistas señalan que el país posee una capacidad limitada de personal para trabajar en esos centros. También está en dudas si esta capacidad incluso supuestamente ampliada por el gobierno será suficiente para soportar el ritmo de incrementos de casos que se está dando desde las últimas semanas.
Para furia del gobierno uruguayo la CEPAL había comunicado en un informe que Uruguay fue el país de América Latina y el Caribe que menos invirtió en gasto social para enfrentar la pandemia de Covid19.
Pero el pataleo del gobierno no puede ocultar la realidad de cientos de miles de trabajadores que todos los días deben salir a exponerse, empezando con en el hacinamiento del sistema de transporte, para conservar sus fuentes laborales e ingresos, sin casi ningún respaldo social frente a las arbitrariedades de las patronales que se han destacado por la alta tasa de violación de las normativas de salubridad para evitar la propagación de la pandemia. Como tampoco hay un respaldo efectivo hacia los pequeños comerciantes y de la población que subsiste a partir de la venta callejera o de los trabajadores informales.
La oposición responsable
En aras de la unidad nacional el Frente Amplio se ha posicionado como una “oposición responsable”, no solo evitando toda medida de lucha al comienzo de la pandemia en medio de la ofensiva legislativa del gobierno con la LUC, sino que incluso a la derecha del gobierno exigiendo medidas más bonapartistas como la cuarentena general. Toda la estrategia frenteamplista se ha limitado a una espera pasiva y parlamentaria, frente a los avances antipopulares del gobierno, tomando como excusa la pandemia.
No ha faltado el discurso triunfalista de las facilidades que ha tenido el gobierno ante la herencia del sistema de salud fortificado que les dejó el Frente Amplio, sin reparar en las urgencias de la necesidad de un mayor fortalecimiento del mismo para afrontar la pandemia, como por ejemplo en las áreas de cuidados intensivos. En cuando a las medidas frente a las repercusiones sociales y económicas de la pandemia, se han limitado a exigir medidas paliativas como un salario universal, pero siempre con el cuidado de no atacar a la ganancia empresarial.
Estará por verse qué posición tomara la bancada de oposición parlamentaria (en su mayoría frente amplista) frente a las medidas bonapartistas propuestas por Lacalle Pou, en especial la que ataca el derecho a la reunión que se tratará este viernes en el parlamento de forma urgente. La intendenta de Montevideo Carolina Cosse ya adelantó su total apoyo a las medidas presidenciales, como adelanto a lo que se viene.
La contracara también funcional al gobierno, pero por otros aspectos, a esta oposición es la de los llamados “anti cuarentena” o “escépticos” de todo lo que tenga que ver con la pandemia. Los que en base a un discurso ultra demagógico comparten con el gobierno el mantenimiento al máximo posible de la actividad empresarial, arguyendo demagógicamente el discurso bolsonarista naturalizador de la precariedad laboral y la dictadura patronal sobre el trabajo asalariado.
No levantan ninguna alternativa para hacer que toda esta crisis la pague el capital, sino que reivindican la extorsión del capital sobre el trabajador de elegir entre su salud o su empleo, por supuesto utilizando todo tipo de charlatanería anti científica despreciando los riesgos que deben correr los trabajadores y sus familias.
Frente a la posible necesidad de revisar la movilidad social que podría afectar la actividad económica y por lo tanto la ganancia empresarial, usan como escudo la defensa de la “libertad” frente a la venida de una “dictadura mundial”, pero se cuidan de no cuestionar la dictadura del capital sobre el trabajo y la “libertad” de empresa de los poseedores de los medios de producción para explotar a su antojo a los trabajadores incluso a costa de la salud de los mismos. No les interesa tanto, en el fondo, los ataques a las libertades democráticas, como el que no se intervenga o perjudique de alguna forma la libertad de mercado.
Veremos en breve que tan valientes son estos campeones de la “libertad” para enfrentarse a las medidas del gobierno capitalista, que atacan las libertades democráticas y las condiciones de vida del pueblo trabajador. Las cuales, a estas últimas dicho sea de paso, nunca le prestaron mayor interés.
Una salida de los trabajadores y las mayorías populares
El desbarranque de la gestión del gobierno para enfrentar la pandemia, que hace poco tiempo se vanagloriaba de “exitosa”, es la consecuencia de sus prioridades para sostener y favorecer la continuidad de la ganancia de los grandes empresarios.
Ofreciendo como tributo la salud y las vidas de los trabajadores y sus familias. Ante el propio fracaso en vez de asumir su responsabilidad, el gobierno se ha apurado a levantar el dedo acusador sobre los sectores populares y a atacar y arruinar la actividad de los pequeños comerciantes. Dejando pasar el tiempo lo máximo posible para que no se detenga la ganancia de los “malla oro”, dilatando por ejemplo todo lo posible los plazos para el anuncio de nuevas medidas, no sea cosa que los grandes centros comerciales y financieros se pierdan la tradicional zafra de ganancias del mes de diciembre.
El gobierno no ha tocado ni un céntimo a las ganancias del gran empresariado que no ha dejado de facturar a costa de la pauperización de la vida y la salud del pueblo trabajador y de la ruina de los pequeños comerciantes.
Los empresarios que son los que en toda época han ganado y se han llenado los bolsillos a costa de los trabajadores, son a los que hay que sacarles los fondos necesarios para garantizar una política de subsidios y seguridad social para la población trabajadora afectada por la pandemia y las repercusiones de la crisis económica, para sostener los ingresos dicha población.
Un impuesto a las grandes fortunas y ganancias del gran empresariado, el fin de todos sus privilegios impositivos y de imposición de condiciones laborales (flexibilización, despidos, etc.), el no pago de la deuda externa y el control del comercio exterior, son las medidas elementales e iniciales para una solución favorable a las grandes mayorías. Como a su vez, el uso de todos esos recursos recaudados para mejorar sustancialmente la capacidad del sistema de salud en sus mecanismos de prevención, rastreo y atención sanitaria en los distintos grados de necesidad para proteger la salud de la población sin desatender las dificultades que normalmente generan otras patologías.
Ante la agenda despectiva, antipopular y bonapartista del gobierno, junto a la intrascendencia y complicidad de la oposición “responsable” del Frente Amplio y sus aliados en las cúpulas sindicales, los trabajadores y sectores populares deben tomar en sus manos la iniciativa para derrotar esta agenda reaccionaria y torcer el rumbo hacia una salida obrero y popular frente a esta situación de crisis social y sanitaria. | 
