Al parecer, la votación del Tribunal Constitucional habría sido unánime, esto quiere decir que el total de sus miembros habrían votado en contra de la estabilidad laboral de miles de trabajadores CAS y terceros del sector salud, quienes en los últimos días realizaron masivas movilizaciones y manifestaciones de protesta exigiendo con justicia que entre en vigencia la ley 31039 que les permitía ser nombrados.
Cabe mencionar que los trabajadores CAS y terceros durante la primera ola de la pandemia por Coronavirus estuvieron en primera línea, por esa razón muchos de ellos y sus familias terminaron contagiados y otros fallecieron. Esto también se debió a que, a pesar del riesgo de su trabajo, el estado no les brindo los implementos necesarios como los EPPs y otros recursos básicos para encarar la propagación del Covid-19.
La ley 31039 que permitía el nombramiento automático, fue aprobada en el Congreso en agosto de este año. Frente a esto, el ex presidente Vizcarra, quien días previos había llamado héroes nacionales a estos mismos trabajadores, observo la norma y la derivo al Tribunal Constitucional donde hoy se terminó declarando inconstitucional.
Según se conoce por diversas fuentes periodísticas, el Tribunal Constitucional habría sostenido su posición, en el mismo argumento del ejecutivo que señalaba que “el Congreso no tiene iniciativa de gasto sobre el erario público”.
Este argumento es similar al que ha utilizado el gobierno de Sagasti y la Autoridad Nacional del Servicio Civil para descalificar la aprobación de la ley que desmonta el régimen CAS.
Esta concepción está directamente relacionada a la perspectiva neoliberal que plantea la necesidad de reducir del gasto público y precarizar las condiciones laborales de los trabajadores de este sector. Sin embargo, estos mismos neoliberales que administran el estado no muestran ningún reparo cuando el estado peruano se endeuda hasta por 100 años con el Banco Mundial para pagar los rescates millonarios a los grandes empresarios quienes, a pesar que reciben plata que terminaremos pagando el conjunto del pueblo, siguen despidiendo a sus trabajadores.
Queda demostrado así que, cuando se trata de salvar los pilares del régimen económico neoliberal que vulnera los derechos fundamentales de miles de trabajadores precarizados para favorecer a un puñado de millonarios, todos los poderes del estado e instituciones supuestamente neutras como el Tribunal Constitucional, terminan cerrando filas.
Sin embargo, la fuerza de los trabajadores sigue latente y es capaz de lograr grandes victorias como lo mostraron hace poco los trabajadores agrarios.
Por eso, los trabajadores CAS y terceros del sector salud tienen un gran reto: darle continuidad a su lucha, pero ahora contra el conjunto del régimen político, expresado en la Constitución de 1993, que es en la que se sostiene el Tribunal Constitucional para tirarse contra su nombramiento. Para acabar con la precarización laboral tenemos que acabar con el régimen del 93 a través de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y para ello, la lucha y la auto organización de los trabajadores, son el único camino. | 
