Hace unos días, Isa Serra, portavoz nacional de Podemos, tachaba de intolerable la medida que ahora apoyan: “No nos parece de recibo que los grandes tenedores tengan que ser compensados por el Estado. En un momento de crisis social y económica, el problema no está en que los enormes beneficios de los grandes tenedores y fondos buitres se vean reducidos, sino que hay muchas familias que están siendo desahuciadas sin alternativa habitacional”.
Afirmaban, asimismo, que una ayuda económica para los propietarios respondía más a los intereses de éstos para garantizar el continuo crecimiento de sus ganancias, que a una política social comprometida con los intereses de las personas más vulnerables. Acusaban al PSOE de responder únicamente a las presiones de los grandes tenedores, bancos y fondos buitre, y no dar cuenta de las familias vulnerables, las demandas de la PAH y las del sindicato de inquilinos. Una vez más, Podemos y el PCE han cambiado de opinión en lo que dura un suspiro.
La nueva norma detendrá los desahucios provisionalmente, hasta el 9 de mayo. Durante este tiempo habrá una compensación económica para todos los propietarios afectados mientras esté suspendido el desahucio. Durante este tiempo se buscará una alternativa habitacional “digna”. La ayuda económica será exclusiva de los grandes propietarios.
Si bien en un principio se planteaba que la compensación sólo tuviera lugar en el caso de existir un contrato, rápidamente el PSOE hizo eco de la propaganda anti-okupas emitida por los principales medios. También habrá una cuantiosa ayuda económica para todos aquellos propietarios de más de diez inmuebles en el caso de que sus viviendas sean ocupadas sin título contractual.
Estas ayudas a los beneficios de los grandes propietarios serán iguales al precio medio de los alquileres de la zona en que se encuentre el piso, y se prolongará durante los meses en que esté paralizado el desahucio. Si prestamos atención a quiénes son los grandes tenedores en el Estado español nos encontramos, fundamentalmente, con bancos y fondos buitre, que son, a su vez, los principales afectados por la paralización de los desahucios.
El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos es claro: “si en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales [que acredite la situación vulnerable de las personas que se encuentren en la vivienda] no hay una alternativa habitacional, el propietario podrá pedir compensación siempre que acredite que la situación le ha ocasionado un perjuicio económico.”
Lo que todavía no está estipulado es si se prohibirán también los cortes de suministros de electricidad, gas y agua. Quedan aún numerosos “flecos sin cerrar”, lo que no ha impedido que el decreto ley ya haya sido aprobado este jueves por la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, pasando a la espera de que se ratifique en el Consejo de Ministros. Las aportaciones de los otros ministerios pueden introducir todavía nuevos detalles que respondan aún más a los pareceres y necesidades de los grandes tenedores.
Unidas Podemos se ha excusado en que “había que aprobar ya la prohibición”. Ione Belarra ha reconocido que su partido no se encuentra “cómodo" con esa ayuda. Echa balones fuera y afirma que estos grandes propietarios deberían "asumir una responsabilidad" por hacer negocio "con un bien de primera necesidad." Sin embargo, y a pesar de las afirmaciones de Belarra de que en el Gobierno “hay dos almas”, hay una unidad de acción que continúa dando una apariencia progresista a las políticas neoliberales de siempre. Más allá de todo discurso y gestos simbólicos, el hecho es que esta nueva política afianza el salvataje en toda la línea a los beneficios de las grandes empresas, mientras la clase trabajadora y los sectores populares cargan con el peso de la crisis.
Si bien durante los últimos meses los desahucios han continuado “a toda máquina”, conviene recordar que hace unos días el diario El Mundo afirmaba que: “Los fondos y grandes propietarios aseguran a este diario [El Mundo] que el nuevo decreto abre la puerta a un "elevado número de demandas contra el Estado porque, entre otras cosas, en la práctica, la medida supone una forma de expropiación temporal de las viviendas”. Advierten también de que la norma podría provocar un “efecto llamada a la ocupación ilegal de viviendas.” Se hace patente que, ante estas presiones de los grandes propietarios, que se reflejan en la propaganda burguesa de los grandes medios hegemónicos, Podemos y el PCE han terminado aceptando lo que consideraban inaceptable.
Los grandes tenedores “critican que el Gobierno traslade al sector privado un problema cuya resolución debe partir del ámbito público”, afirmaba El Mundo. Sucede todo lo contrario, el sector público socializa las pérdidas del sector privado, asegurando los beneficios de bancos y fondos. Estos particulares con ingresos millonarios no sólo no pierden ni un céntimo, sino que son rescatados de forma indirecta a través de estas ayudas pagadas por los contribuyentes: la clase trabajadora y los pequeños autónomos, los cuales ya llevan padeciendo la crisis durante meses.
O salvar a los capitalistas con el dinero de los trabajadores, o salvar a los trabajadores. Ante esta disyuntiva y frente al plan del Gobierno de “compensación de los bancos y fondos buitres para que no pierdan nada”, levantemos la consigna de “expropiación de las viviendas vacías en manos de fondos buitre y bancos”. Esta reforma no será el regalo amable de ninguna de las “dos almas” del Gobierno, sino que será fruto de la lucha en las calles, las universidades y los centros de trabajo. | 
