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El fallo judicial
Alrededor de las dos y media de la tarde del jueves 17 de Diciembre de 2020, trascendió públicamente la sentencia judicial, que fue celebrada por los trabajadores, 524 de los cuáles estaban siendo afectados por el ERE. Previamente Alcoa ya había perdido otra batalla judicial, pues el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya había estimado en parte las medidas cautelares solicitadas por las centrales sindicales (CCOO, CIG y UGT) por lo que se le impedía parar las cubas de electrolisis hasta que hubiese sentencia sobre el despido colectivo.
El tribunal aprecia “mala fe” en las negociaciones por parte de la compañía, ya que su posición sobre los despidos y compensaciones “no ha variado ni un ápice” con respecto a la propuesta inicial. Así, se concluye que la intención de Alcoa era “paralizar las cubas electrolíticas de la fábrica para su posterior cierre” y entienden que con la oferta de ERTE que realizó al comité de empresa pretendía “vestir lo mismo, pero de una manera diferente”, ya que “no privaría a la empresa de la posibilidad de extinguir los contratos de trabajo”.
Los jueces también consideran “sumamente significativo” el número de trabajadores afectados por los despidos, cuyo porcentaje es el máximo necesario para que legalmente la empresa no tenga que devolver las ayudas públicas. La Sala concluye en la sentencia, que “el fin único y primordial que guiaba a la empresa era apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”.
El tribunal asegura que “todas las supuestas concesiones” realizadas por Alcoa durante la negociación fueron “con la finalidad de evitar la calificación de nulidad del despido" que le impediría llevar a cabo la "decisión estratégica" de paralización de las cubas y el cierre de la fábrica. Así, apunta que la Xunta le advirtió hasta en diez ocasiones sobre la necesidad de prolongar el periodo de consultas, algo que la compañía realizó “siempre en el último momento y con resistencias”.
“La pobreza de las negociaciones es tal que se ha limitado prácticamente a dos cuestiones acerca de las posibilidades reales de la venta de la planta de aluminio a un tercero y los efectos de la parada y rearranque de las cubas de electrolisis”, afirma la Sala.
La importancia de la lucha obrera y el futuro de la fábrica
El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha celebrado que se haya "hecho justicia" y ha anunciado que irán a celebrarlo a la fábrica. Después de las dos vistas celebradas en el TSXG, la primera para evaluar las medidas cautelares solicitadas por la parte social y la segunda por la demanda del proceso de despido colectivo, los trabajadores estaban a la espera de esta decisión.
Está claro que esta decisión no se hubiera tomado si no fuera por la enorme presión que ejercieron los trabajadores desde que el 28 de mayo la empresa anunciase su decisión de realizar el ERTE. Grandes manifestaciones y concentraciones a las puertas de la fábrica, en toda la comarca de A Mariña Lucense, así como en Santiago de Compostela frente a sedes de instituciones públicas para presionar al gobierno autonómico y central. Cortes de carretera, barricadas, la huelga indefinida desde octubre y la ocupación de facto de la fábrica que impide la salida de productos de la fábrica y ha ocasionado pérdidas multimillonarias (alrededor de un millón de euros por semana) a la multinacional estadounidense. Así como las innumerables reuniones con la Consellería de Industria autonómica y el Ministerio de Industria. Todo esto ha surgido efecto a la hora de condicionar el fallo judicial.
Aun así, tal y como afirma el comité de empresa, se ha ganado una batalla pero no la guerra. Alcoa puede volver a la carga con nuevos procesos de reestructuración, o finalmente acceder a la venta de la fábrica al principal comprador interesado, Liberty House, lo cual supone nuevas (y viejas) incertidumbres para los trabajadores. Además, el mantenimiento de los puestos de trabajo puede estar sujeto a nuevas ayudas públicas, que suponen un coste para toda la clase trabajadora.
En este sentido, es destacable que el 15 de diciembre el gobierno central aprobó el “Estatuto de Consumidores Electrointensivos”. Este real decreto pretende generar un marco estable al importe de la energía para la industria altamente dependiente de la electricidad, como es el caso del Alcoa. El estatuto beneficiará a 612 empresas de alto consumo eléctrico de más de 60 actividades industriales y unos 300.000 trabajadores. La principal condición para que estas empresas reciban estas ayudas será mantener la actividad productiva durante un período de por lo menos tres años.
A esto se le unen las ayudas compensatorias por costes de emisión indirectas de CO2 o el Fondo de reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas. Según Maroto esto, corregirá la "desventaja competitiva" que origina a las industrias que operan en España "no contar aun con un marco de esta naturaleza” como sí tienen en otros países. Otras obligaciones a las empresas incluyen cuestiones de eficiencia energética, I+D+i y relevo de fuentes contaminantes para poder optar a los mecanismos destinados a la reducción de los costes energéticos. Este estatuto permitirá a las empresas una reducción del precio de la electricidad, que pagará el Estado, de hasta el 85 % de los costes de su consumo eléctrico, lo que supondrá en total más de 260 millones de euros de gasto público.
Asistimos a un nuevo robo a toda la clase trabajadora. Independientemente de cual sea el futuro concreto de la fábrica de Alcoa, e incluso si se mantienen todos los puestos de trabajo, con el actual propietario o con una nueva compañía. Una y otra vez los gobiernos, tanto español, como otros gobiernos europeos, ceden al chantaje de las grandes empresas, destinando sumas multimillonarias para aumentar más si cabe los beneficios de los grandes capitalistas.
En el caso de Alcoa esto es sangrante, ya que la empresa fue privatizada a un precio muy bajo y recibió miles de millones en ayudas públicas durante todos estos años. Por otra parte, cabe destacar que si el precio de la electricidad es muy alto, la principal causa es de la existencia de un oligopolio en el Estado español, fruto de la privatización de empresas anteriormente públicas. Y que mientras se subsidia el coste de la electricidad para grandes empresas contaminantes como las electro-intensivas, no se destina ni un solo euro a luchar contra la pobreza energética que afecta a millones en todo el Estado.
Por eso, para nosotros la solución no pasa por nuevas ayudas y subsidios. Sino por la nacionalización bajo control obrero de las fábricas de aluminio de San Cibrao, así como la de la Coruña (que está siendo desmantelada poco a poco por el Grupo Riesgo), para conservar todos los puestos de trabajo e invertir en “aluminio verde”, produciendo este material con energía renovable y mejorando la eficiencia de las máquinas. Además, planteamos que es necesario nacionalizar todo el sector de la energía en el Estado español, para poder bajar los precios, acabar con la pobreza energética, y obtener los ingresos que el Estado necesita para realizar nuevas inversiones industriales y sociales. | 
