En tiempos de confinamiento han aumentado las denuncias de violencia contra las mujeres. Hemos retrocedido 10 años en inserción laboral en Chile y se estiman 15 millones de embarazos no deseados en el mundo en el período de este año y por consiguiente el aumento de muertes de mujeres por esta práctica en condiciones de inseguridad que impone la clandestinidad... Una larga cadena de violencia estructural, donde el femicidio es el último eslabón.
Violencia avalada por el Estado y promovida por la patronal que descargan los costos de la crisis económica, social y sanitaria sobre los hombros de las mujeres y la clase trabajadora, donde ellas se llevan la peor parte.
Es necesaria más que nunca una ley de Emergencia contra el femicidio, que garantice condiciones básicas para la autonomía social y económica de las mujeres, que responda con viviendas de emergencia, trabajo, cuidado de hijes, tratamiento psicológico y de salud en general, que incluya el derecho al aborto, pero además que promueva la educación sexual y no sexista de forma transversal para prevenir la violencia.
El Estado también es responsable de los 62 femicidios del 2020, porque invierte millones en represión y en salvataje a las grandes empresas para mantener este orden social que nos condena a la violencia y la muerte.
Desde Pan y Rosas exigimos ya ¡recursos para la salud, educación, pensiones y una ley de Emergencia contra los femicidios!
¡Basta de violencia contra la mujer! ¡Vivas nos queremos!
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