El acuerdo comercial entre Pfizer-Biotech y el Gobierno argentino se encuentra aún en discusión debido a las condiciones que exigen desde la farmacéutica para efectivizar la venta de la vacuna. Desde el gobierno buscan avanzar en acercar posiciones.
El presidente Alberto Fernádez ya había recibido a representantes de Pfizer el 10 de julio, cita en la que se acordó participar de las pruebas de Fase 3 con 4500 voluntarios argentinos. Asimismo, el Congreso de la Nación, con votos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, aprobó la Ley de vacunas a pedido expreso de la corporación farmacéutica.
Dicha ley estipula, entre otras cosas, la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero. Es decir, similar a lo que ocurre con la deuda externa, en caso de haber problemas con las vacunas solo se puede hacer juicio en tribunales de EE UU o donde definan los grandes laboratorios.
Sin embargo, estos condicionamientos al país no fueron suficientes para Pfizer. Así lo expresaba en conferencia de prensa el ministro de Salud Ginés González García: “En la negociación se nos pidió una ley que le diera inmunidad. La ley estuvo en el congreso. Después dijeron que había que hacer una nueva ley y además que el contrato no lo firmara yo, si no que lo firmara el presidente, es decir, en rigor de verdad son condiciones un poco inaceptables.”
Según informó Roman Lejtman en Infobae, la reticencia sería el artículo 4 de dicha ley que establece que Pfizer no sería responsable por sus dosis en la Argentina ”con excepción de aquellas (acciones) originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.
Por su parte, la oposición de Cambiemos envió el lunes pasado una carta a los presidentes de la empresa para que indiquen las “condiciones que se le pidieron al Gobierno para acceder a la vacuna contra el covid-19”. A pesar de que en el congreso votaron en conjunto, los legisladores alegan que hay dudas sobre el accionar del gobierno respecto de la negociación.
Con el secretismo que caracteriza a estas negociaciones desde un comienzo, el gobierno evalúa los términos de la megacorporación en vistas de llegar a un acuerdo y empezar a vacunar. Por lo pronto, la vacuna de AstraZeneca-Oxford, el gran negocio de Hugo Sigman, sigue en espera de nuevas pruebas y desarrollos, y se intenta acelerar las tratativas con Sputnik V.
Bajo qué nuevas condiciones se puede llegar a acordar aún es una incógnita, pero no cabe dudas de que, incluso en medio de una crisis sanitaria mundial, los grandes laboratorios privilegian sus ganancias por sobre la salud humana, y aún más si el gobierno cede.
Para poder enfrentar seriamente la pandemia en todo el mundo, es necesario que la vacuna sea declarada un bien público global, de acceso gratuito y universal. De lo contrario, el costo serán millones de muertes totalmente evitables.
