La iniciativa que fue ingresada a la cámara alta el pasado 9 de diciembre es producto de la presión y la organización de las y los familiares y amigos de presos políticos y que vienen exigiendo la liberación de las y los presos políticos de la rebelión. La Comisión de Derechos Humanos dirigida por Juan Ignacio Latorre (RD) recibió los primeros argumentos. Además de las y los senadores de la comisión habló la Comisión Chilena de DD.HH. La Agrupación de Familiares de presos políticos de Santiago 1, y por el gobierno el Ministro de Justicia Hernán Larraín.
Más de un año en prisión preventiva
Uno de los tres expositores que tuvo la comisión fue Jaime Fuentes, abogado de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos de Santiago 1 que señaló que: “En la actualidad existen cerca de 200 personas en prisión preventiva que ya llevan más de un año y meses con la medida más gravosa”.
Fuentes añadió algunos detalles de quienes son las y los presos políticos de la rebelión: “los imputados corresponden en su mayoría a adolescentes o adultos jóvenes, que son estudiantes universitarios, con trabajos remunerados para costear sus estudios o mantener sus familias (...) Son jóvenes que crecieron en las periferias, que crecieron día a día viendo como sus vecinos morían esperando una operación en el sistema de salud pública, que vieron también como sus vecinos y abuelos se encontraban hoy con pensiones de vejez miserables que no les alcanzaban para sobrevivir todo el mes”.
Carlos Margotta de la Comisión Chile de Derechos Humanos, quien también expuso este martes, señaló que la ley es “una respuesta adecuada para quienes han visto vulnerados sus derechos fundamentales por parte del aparato estatal, y en específico de las policías, tribunales y el ente investigador”.
En ese sentido Dauno Totoro, dirigente del PTR y activista por los derechos humanos señaló que “La Comisión Nacional sobre prisión política y tortura del 2005 en Chile señalan una serie de categorías que dan a entender una visión más amplia de la prisión política: existen diversos criterios, tales como el irrespeto a las garantías fundamentales de los detenidos, mayor rigor en las normativas jurídicas aplicadas en los procesos en comparación con otros casos y un largo etcétera”.
Larraín y Moreira contra los presos
El Ministro de Justicia Hernán Larraín, un reconocido pinochetista, declaró que supuestamente el proyecto entrega impunidad: “Sin siquiera entrar en consideraciones políticas de otra naturaleza, como significa señalar que aquí estamos favoreciendo la impunidad de personas que cometen un determinado delito por razones políticas”. El gobierno señaló que de prosperar el proyecto, lo vetarán.
Lo mismo Iván Moreira (UDI), que dijo que “este proyecto busca, equivocadamente, un premio a la impunidad a aquellos que destrozaron el país durante el estallido social”, y afirmó que “en Chile no hay presos políticos”.
Un complejo escenario en el senado
Si bien el proyecto se encuentra aún en sus primera etapas de tramitación -también será revisado por las Comisiones de Seguridad Pública y de Constitución del Senado- le espera un difícil escenario pues requiere 22 votos para su aprobación (la oposición tiene 24 senadores) pero ya 5 senadores de oposición votarán en contra.
Respecto al complejo panorama legislativo, Dauno Totoro señaló que: “La lucha por la libertad de los presos de la revuelta se vuelve urgente. Hay que imponer la libertad de los presos políticos a este Parlamento, a esos senadores que hoy quieren hacer que el proyecto naufrague”.
“Los partidos como el Partido Comunista o el Frente Amplio aquí no pueden mantenerse estáticos. Si dicen querer terminar con los 30 años impugnados en la rebelión, ese discurso deben trasladarlo a las organizaciones sociales y sindicales que dirigen. Se necesita que la CUT pase de la palabra a la acción, y junto a las grandes centrales sindicales convoquen a un paro nacional por la libertad de los presos”, puntualizó el dirigente. | 
