Este miércoles se desarrolla en Perú el tercer día de huelga y bloqueos de los trabajadores agrícolas. La demanda de un nuevo marco legal para el sector y la lucha por sus derechos llega luego del triunfo conseguido hace unas semanas cuando el Congreso se vio obligado a derogar la neoliberal ley agrícola heredada del fujimorismo.
Los parlamentarios habían derogado esta normativa por mayoría tras varios días de protestas y una fuerte represión que se cobró la vida de un manifestante. En ese momento prometieron trabajar en una nueva legislación que favorezca a los trabajadores, sin embargo a pocos días de terminar el año, no existe una nueva normativa, lo que desató el conflicto actual que este miércoles entra en su tercer día.
Este martes el Gobierno de Francisco Sagasti habilitó el despliegue de cerca de 2.000 policías con el objetivo de desalojar a los manifestantes de las rutas. Sin embargo, a pesar de la brutal represión, los trabajadores resistieron el intento de desalojo y este miércoles continúan con la huelga y los cortes de carretera.
Más personal de la Policía Nacional llegó hasta la Panamericana Norte y Sur a fin de desbloquear ambas vías. Según indicó el Ministro del Interior, alrededor de 1.400 efectivos permanecen en la zona para intentar volver a desbloquear los caminos.
Durante la mañana de este miércoles los manifestantes volvieron a bloquear el tramo del kilómetro 273 de la carretera Panamericana Sur en la zona del barrio Chino en Ica. Una situación similar se veía en el puente Viru en La Libertad a la altura del kilómetro 514 en la Panamericana Norte.
El Congreso junto a los empresarios agroexportadores
Desde que las y los trabajadores lograron la derogación de la ley de promoción agraria, el Congreso, a través de su presidenta Mirtha Vásquez (del centroizquierdista Frente Amplio), convocó a la comisión multipartidaria encargada de elaborar el nuevo texto sobre el régimen laboral agrario, a nada menos que a los empresarios agrupados en torno a la CONFIEP y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú AGAP. Se trata de las cámaras de empresarios agroexportadores, que tienen intereses diametralmente opuestos a los trabajadores. Estos fueron justamente los sectores que se beneficiaron durante el boom agroexportador y con la anterior ley agrícola.
Es por esto que el proyecto de ley que viene siendo redactado en el Congreso mantiene los privilegios de los empresarios de la agro exportación y de la CONFIEP, como los beneficios tributarios y el salario fijo equivalente a la Remuneración Mínima Vital, sin posibilidad de incremento progresivo, como lo demandaban los obreros del campo.
Perú atraviesa una fuerte crisis política tras la destitución de Martin Vizcarra envuelto en escándalos de corrupción, la breve presidencia de Manuel Merino (que tuvo que renunciar en medio de multitudinarias protestas) y el actual y débil Gobierno del centroderechista Francisco Sagasti, que fue elegido en el Congreso por una coalición que llega hasta el centroizquierdista Frente Amplio. Pero el Congreso peruano que eligió a Sanagsti y que hoy negocia la ley agraria es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Es en medio de esta crisis que tuvo lugar el paro agrario, como primer conflicto obrero de magnitud que tuvo que enfrentar Sagasti. Se trató de un primer "round" que terminó en un triunfo al derrotar la ley fujimorista.
En estas horas se está desarrollando el segundo "round" de esa pelea. Hasta el momento, las principales direcciones sindicales, empezando por la CGTP, han dejado en soledad a los trabajadores agrarios y no han convocado a ninguna acción nacional en su apoyo.
Del resultado de esta lucha depende mucho de lo que pueda pasar en el país en el próximo período.
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