El proyecto de legalización del aborto será debatido en el Senado el 29/12 desde las 16 horas. Con resultado aún incierto, ¿cuáles son los destinos posibles del proyecto?
El proyecto de legalización del aborto llegó al Senado el 10 de diciembre con cambios respecto al original, del Poder Ejecutivo, y obtuvo dictamen favorable en las comisiones a las que tenía giro la media sanción.
La sesión para debatirlo fue confirmada para el 29 de diciembre desde las 16 horas, una semana después de la emisión del dictamen, el tiempo que permite que se necesite sólo una mayoría simple para debatirlo en el recinto. La fecha, no casualmente, coincide con el día que Diputados debatirá la sanción definitiva de una reaccionaria reforma previsional que afectará a millones de personas y especialmente a las mujeres.
Por estas horas (y en ese marco), crecen las especulaciones sobre la cantidad de votos que tendría a favor, y los poroteos estallan. Hasta la semana pasada, el conteo basado en declaraciones públicas decía que había 34 votos a favor, 34 en contra, 3 abstenciones y 1 ausente por licencia (Alperovich, de Tucumán). Sin embargo, el rumor de senadores que comienzan a dar vuelta su voto y se suman a los “indecisos”, el apodo que este debate les dio a los legisladores que especulan con su voto, hizo encender la alarma.
En el recinto, el oficialismo “verde” no cuenta por sí mismo con los votos necesarios para la sanción de la ley. Ni siquiera con los números que requiere el quórum de una sesión para debatirlo, que es 37 senadores sobre un total de 72. Por eso, si los senadores antiderechos lo decidieran, incluso el quórum correría peligro, ya que el Frente de Todos -aunque tiene mayoría parlamentaria-sólo podría aportar 25 senadores que votan a favor, de un total de 41 que tiene su bloque (es decir, una minoría del partido gobernante).
Un ejemplo del intento de imponer esas maniobras son las declaraciones del senador "verde" Alberto Weretilneck, de Río Negro, que en 2018 votó a favor de la legalización (aún con un proyecto más cercano al que exigía la marea verde) pero que ahora anuncia que se abstendría si el proyecto no incorpora más cambios a la demanda de la marea verde. Entre esos cambios, el senador habló de promover una reducción de las semanas (de 14 a 12) y una mayor restricción para acceder a los abortos no punibles que regirían luego del plazo de las 14 semanas, según el Código Penal. Entre esas restricciones se encuentra la propuesta de mayores limitaciones para acceder a la interrupción legal en los casos de menores de 13 años (incorporando plazos que hoy no rigen) y de la eliminación del concepto de “salud integral”.
El anuncio de Weretilneck, un aliado del kirchnerismo desde hace tiempo, abrió una posibilidad a las negociaciones que se dan detrás de la escena con los legisladores “indecisos” y los que votarían en contra. Nada está cerrado, pero si esa vía prospera, el proyecto debería volver con cambios a la Cámara baja.
Otros escenarios posibles, más aún teniendo en cuenta que nadie tiene hasta ahora los votos necesarios (ni en contra ni a favor), son el de un rechazo como el que vimos en 2018, el de una ajustada aprobación de la ley (que puede significar incluso la necesidad de un desempate por parte de la presidencia de la Cámara alta, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner) o el que abre la posibilidad de nuevas modificaciones al texto original.
Los escenarios posibles para la sanción de la ley
Elaboración propia
Técnicamente, la sanción de una ley está llena de posibles maniobras que habilitan la Constitución Nacional y el Reglamento interno que ordena la actividad del Congreso. Para que sea aprobada, en primer lugar, debe contar con la aprobación de las dos Cámaras: la “alta” (el Senado) y la “baja” (Diputados).
Si un proyecto de ley ingresa al Congreso por la Cámara de Diputados, ésta se convierte en la cámara de origen y el Senado se convierte en la cámara revisora (y viceversa). Así, si un dictamen es aprobado en el recinto, pasa a la cámara revisora (en nuestro caso el Senado), que lo puede aprobar, rechazar o devolver a la cámara de origen con las modificaciones que proponga.
Si el Senado aprueba el proyecto, la ley es sancionada y girada al Poder Ejecutivo para que la revise, la reglamente y la promulgue. Si por el contrario la rechaza, el proyecto de ley -como pasó en 2018- no puede volver a ser tratado en las sesiones de ese año.
Según la Constitución Nacional, si la Cámara revisora (en nuestro caso el Senado) modifica el texto de la media sanción que vino de la cámara de origen (Diputados), entonces el proyecto debe volver a ésta Cámara. Para eso, también de acuerdo a la Constitución Nacional, los agregados o correcciones que tenga la ley en la Cámara revisora deberán contar con el voto a favor de la mayoría absoluta de las y los presentes en la sesión o con sus dos terceras partes.
Vuelto a la Cámara de origen (Diputados en nuestro caso) la ley queda aprobada si se aceptan las modificaciones propuestas sin objeciones o si se insiste en la redacción original (total o parcialmente) y se cuenta con la misma mayoría o una superior a la que consiguió la Cámara revisora, es decir, el Senado en el caso de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Si no consigue esa mayoría igual o superior a la que obtuvo en la Cámara revisora, el texto que se aprueba como ley es el que proviene de ésta Cámara. Lo que no puede suceder en ningún caso es que los proyectos que sufrieron modificaciones en la Cámara que los revisa, sean rechazados totalmente por la Cámara de origen o que el proyecto sufra otras modificaciones que las realizadas por la Cámara revisora.
Una vez que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados (la de “origen” y la “revisora”) sancionan la ley, esta pasa al Poder Ejecutivo para su aprobación y promulgación. Si eso no sucede, pasados los 10 días hábiles, la ley se promulga automáticamente, se publica en el Boletín Oficial y entra en vigencia de acuerdo con los plazos legales.
Para que sea ley
El resultado de la votación del Senado está abierto. Mientras los dinosaurios buscan alternativas para impedir que la ley avance, el oficialismo “verde” no asegura aún un resultado favorable. Ni siquiera después de haber promovido una ley alternativa a la que reclamaba la enorme marea verde, imponiendo limitaciones como la de la objeción de conciencia que asegura a las cúpulas clericales la injerencia en los establecimientos de salud y en el acceso este derecho, tal como pasó con otros en la historia.
Junto a esta maniobra, hay otra que oculta la fecha del 29: ese mismo día, pero en la Cámara de Diputados, se espera el tratamiento para una reaccionaria reforma previsional que afectará particularmente a millones de mujeres que trabajaron toda su vida o son titulares de cobro de la Asignación Universal por Hijo, de la que dependen también millones de niñes en el país. Unir la fuerza de la marea verde a la de quienes luchan por el trabajo, la jubilación, la salud y la vivienda es urgente. Se trata de conquistar el derecho a decidir, de arrancar la separación inmediata de las Iglesias del Estado y de derrotar esa reforma previsional digitada por encargo del FMI.
