La propuesta del gobierno, busca establecer un reajuste salarial de 2,7% para los funcionarios que reciben ingresos mensuales de hasta 1.5 millones, un 0.8%. para sueldos más altos y un bono especial de $200.000 para los trabajadores de la salud, sin embargo, la discusión quedó fijada para la próxima semana.
Las demandas realizadas por las organizaciones partícipes de la Mesa del Sector público quedan completamente alejadas de la propuesta del gobierno. Estas exigen un alza del 4% para los ingresos bajo $3.000.000 y del 3% para quienes ganen sobre ese monto. También un sueldo mínimo de $409.000 para auxiliares, $455.000 para administrativos, $484.000 para técnicos y $850.000 para profesionales.
La postergación de la votación de la propuesta, se debió a que la discusión se dividió en varios otros temas: el traspaso o despido de funcionarios, extensiones de teletrabajo, cese de funciones a mayores de 75 años, ampliar bancos para la cuenta única fiscal, permitir que el servicio de bienestar de Carabineros contrate un seguro para defensa en tribunales, entre otras.
Ante el retraso de la votación, Briones declaró que “Hay riesgo de que el proyecto pase para enero, pero no hay nada de qué sorprenderse. Como siempre se pagará retroactivo”. Sin embargo, es ahora cuando las familias trabajadoras necesitan el dinero, viven en una constante incertidumbre desde el comienzo de la crisis social y económica, siendo los únicos perjudicados.
Presupuesto para FF.AA y organismos relacionados
Con respecto a los dineros destinados para Defensa para el 2021, aunque hubo una reducción del 1,2 en relación al año pasado, el monto sigue siendo desproporcionado. Para el gobierno, fortalecerlos es una prioridad para prepararse ante futuras movilizaciones, $2.324 millones de dólares irían destinados para esto. Recordemos que la semana pasada se supo que 800 militares jubilados cobraron trabajos que no hicieron y que en total llegan a la suma de 3 mil millones de dólares que los habrían utilizado para pagar deudas privadas, según la investigación que se está realizando. Nada comparado con los más de 35 mil millones del Pacogate.
La corrupción por parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros es bien conocida y cuentan con el respaldo absoluto de Piñera y su gobierno criminal. Las millonarias pensiones para ex uniformados, desde el 2010 hasta el 2019, prácticamente, han doblado su monto hasta alcanzar la cifra de $30.290 millones. En DIPRECA (Dirección Previsional de Carabineros), según cifras que corresponden a las situadas dentro de la ley de transparencia, los montos ascienden a $4.425 millones anuales repartidos entre 114 jubilados, con un promedio anual de $3,2 millones. ¿Es lógico que se destine esa cantidad de dinero en las FF.AA, especialmente en medio de una pandemia mundial y crisis económica? Es necesario desfinanciar y disolver a estas instituciones y utilizar ese presupuesto para la salud pública, vivienda y para mejorar las pensiones y sueldos. |