Un grupo de vecinas y vecinos hartos de no tener agua en días de temperaturas elevadas, llevaron su bronca a la empresa distribuidora del recurso, ABSA, con manifestaciones frente a su sede de Patagonia y de Moreno 9, así como en la municipalidad.
Con carteles y pancartas que dan cuenta de un problema recurrente en los sucesivos veranos bahienses, señalaron como responsables de la falta de agua a la empresa y al intendente municipal Héctor Gay.
Este último, declaró días pasados que el problema de la falta de agua es de carácter provincial, deslindándose de su responsabilidad en una crisis que pretenden que se naturalice: La falta total o parcial de acceso al líquido vital en gran parte de la ciudad cuando empieza la época estival.
Como admitió la propia ABSA en 2015, gran parte de las reservas que son potabilizadas en la planta de Barrio Patagonia, van a parar a las empresas multinacionales del Polo Petroquímico que la utilizan para tareas de enfriamiento. Es decir que mientras miles de bahienses no tienen acceso al recurso, teniendo que hacer malabares para hidratarse y asearse con temperaturas que superan los 35ºC en un contexto de pandemia que exige el mas estricto higiene para evitar contagios, se utiliza el agua potable para tareas industriales por que las grandes empresas petroquímicas no invierten una parte de sus millonarias ganancias en abastecerse por otros medios.
La falta de agua es una constante que cada vez se extiende a mas ciudades de la Provincia de Buenos Aires y de todo el territorio nacional. La mercantilización de la distribución, modelo vigente 30 años de gobiernos peronistas y 4 macristas en la Provincia de Buenos Aires, muestra su carácter inviable al priorizar los negocios y las ganancias empresarias por sobre el acceso del pueblo trabajador a un recurso esencial.
Gay como intendente de la ciudad y Kicillof como gobernador, cabeza del Estado provincial que es propietario del 90% de la empresa ABSA, son responsables del abastecimiento del agua y de las obras públicas necesarias.
Tenemos que exigir la implementación efectiva y urgente de un plan de obras públicas, gestionado y controlado por los propios trabajadores y un comité independiente de vecinos de la ciudad.
También debemos pelear porque los usuarios y trabajadores tengamos poder de control y decisión en la gestión de ABSA, cuyo funcionamiento es deficiente y se paga un precio elevado. Una primera medida en este sentido, sería la auditoría de los libros contables y ver en qué se han gastado los millones obtenidos desde los tarifazos de Vidal.
Esto debe ser parte de una pelea de fondo por la nacionalización íntegra del conjunto de los servicios públicos, gestionada por los propios trabajadores y usuarios, para garantizar acceso y terminar con los tarifazos.
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