La unificación monetaria que inicia el primer día de 2021 significa una fuerte devaluación que traerá inflación y probablemente desocupación, sacudiendo la vida social y las condiciones laborales.
Unificación monetaria en Cuba: ajuste y apertura económica
El pasado 10 de diciembre el presidente Miguel Díaz-Canel, acompañado por Raúl Castro, anunció la salida de circulación del Peso Convertible Cubano (CUC) a partir del 1ro de enero y la implementación de una única tasa de cambio de 24 pesos (CUP) = 1 dólar lo que significa una enorme devaluación de la moneda nacional del 2400%.
Se descarta un aumento general de precios. Incluso, el mismo ha sido “diseñado” por las autoridades como parte de la “Tarea Ordenamiento”. El aumento de las penurias para la mayoría de la población, está cínicamente garantizado. Lo que no está claro es si la burocracia podrá evitar un descontrol inflacionario. De hecho, en lo que va de diciembre, el CUC se devaluó 50% en el mercado paralelo y se espera una devaluación similar hasta el 1ro de enero.
La “Tarea Ordenamiento”, es parte de un plan más amplio que combina un duro ajuste al bolsillo popular con un nuevo avance en la apertura de la economía a la inversión capitalista.
A la eliminación del CUC o “unificación monetaria” la acompañan otras reformas complementarias. Una es la salarial que implica un fuerte aumento nominal de sueldos con el doble propósito de atenuar los efectos de la inflación proyectada y de compensar una reducción general de subsidios. Esto último es la otra reforma complementaria: achique, y en muchos casos eliminación directa, de subsidios “innecesarios” y gratuidades “indebidas”.
Así califica hipócritamente la burocracia del Partido Comunista Cubano a las conquistas sociales, mientras ella vive llena de privilegios y muchos funcionarios viven como ricos.
Ajuste a las masas trabajadoras
Se calcula que la inflación en productos de consumo general, especialmente los importados, podría estar en torno al 1200%, mientras que el aumento general de salarios rondaría un 800%. La mantención de una parte de subsidios en la libreta de racionamiento redundaría en que esos productos “normados” aumenten “sólo” un 12%.
A eso hay que sumar un aumento de las tarifas de servicios públicos como electricidad y telefonía de entre un 300% y 600%, y de igual manera en el ámbito de la cultura y recreación de (museos, teatros, cines, etc.).
Esa es la inflación “diseñada”, según reza la canallesca resolución de la máxima dirección del PCC leída el 10 de diciembre por el presidente Díaz-Canel junto a Raúl Castro, que ha decidido descargar la crisis una vez más sobre las y los trabajadores.
Los economistas liberales como Carmelo Mesa-Lago de la Universidad de Pittsburg (EE.UU.) o Pavel Vidal de la Universidad Javeriana de Cali (Colombia) saludaron la medida (la demandaban desde hace años) como "un paso en el camino correcto". Pero sostienen que para evitar una escalada inflacionaria se deben tomar más medidas que abran la economía y “atraigan inversiones” para abastecer de dólares la economía.
Es la receta liberal clásica con la que los profesionales al servicio de la clase dominante intentan taparle los ojos a las y los trabajadores.
En verdad, si pudiera darse tal escenario inversionista, la economía podría “estabilizarse” relativamente y por corto plazo, sólo al precio de rematar los activos estatales, es decir las empresas públicas, para que sobre la base de miles de cierres y despidos, los capitales extranjeros consigan un nicho donde hacer negocios.
Estos economistas, amplificados por los grandes medios de comunicación, le ocultan la realidad a las masas trabajadoras y contribuyen a crear la falsa conciencia de que “liberando la economía” mejorarán las condiciones generales de vida. Lo único que va a mejorar es la oportunidad de negocios para los empresarios y para la cúpula de la burocracia del PCC asociada a ellos.
Mayor apertura al capital extranjero
De ahí quizás la fuerte coincidencia entre las medidas que proponen los economistas liberales con las que desde hace 10 años viene implementando la burocracia, aunque no con el ritmo y la profundidad que pretenden los primeros.
Entre el 8 y 9 de diciembre casi en simultáneo con el lanzamiento de la Tarea Ordenamiento, se realizó en La Habana el Foro Empresarial Cuba 2020, un evento que organiza el gobierno anualmente para promover las inversiones extranjeras y las exportaciones y del que participaron empresarios de 90 países (principalmente de India, China, Rusia y España).
En la inauguración, el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, presentó una ambiciosa “cartera de oportunidades” con más de 500 proyectos principalmente en turismo y petróleo por 12.000 millones de dólares. Pero lo más importante, fue el anuncio del fin de la obligación de participación estatal cubana mayoritaria en las inversiones en turismo, biotecnología y comercio mayorista.
Hasta ahora, pese a las reformas sancionadas en la Ley de Inversión Extranjera de 2014 y en la nueva Constitución Nacional de 2019, la participación mayoritaria privada estaba limitada a la Zona Especial del puerto del Mariel y a empresas venezolanas. Desde la crisis de los años 90, la tradicional forma de abrir las puertas al capital trasnacional fueron las llamadas empresas mixtas, con 51% de participación estatal.
Así se avanzó desde aquella época en la asociación entre los sectores altos de la burocracia cubana, en particular la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que controla el holding empresarial GAESA, o el GECOMEX (hijo directo del nuevo proceso reformista), en el sector turismo y otros rubros.
La obligatoriedad de mayoría estatal queda ahora limitada a la extracción de recursos naturales y la prestación de servicios públicos, según informó Malmierca. Esto significa un paso más, muy significativo, en el debilitamiento de la economía nacionalizada y se suma a otras medidas que se aplicaron a mediados de año de descentralización del comercio exterior.
No están claras las consecuencias reales de esta nueva apertura. De hecho la burocracia viene de un gran fracaso con el mega proyecto del puerto del Mariel donde estaba proyectado captar inversiones por 12.000 millones de dólares en 5 años (desde su reapertura en 2014) y solo se consiguieron 1.100 millones.
Durante 2020 según informó Malmierca, se concretaron unos 30 de convenios por 900 millones en turismo, construcción y minería. Es decir que la inversión sigue siendo baja y el contexto internacional no parece favorable a un boom de inversiones que es lo que pretende la burocracia.
Además, existen muchas trabas que impiden el desenvolvimiento del capital, como la contratación de mano de obra, la relación entre comercio mayorista y minorista, el comercio exterior y otras áreas todavía muy controladas por las empresas estatales y el estado. De ahí que los economistas liberales no paran de pedir más flexibilizaciones y aperturas (además de ajustes).
Pero las mencionadas reformas de la Constitución y de la Ley de Inversiones Extranjeras, así como los pasos concretos que se vienen dando, proveen el marco legal y las condiciones necesarias para que se produzca un avance significativo en la restauración capitalista, por lo que tal escenario no se puede descartar en el futuro próximo.
La restauración capitalista solo traerá más penurias a las grandes mayorías
La continuidad y profundización de las reformas pro mercado que estamos viendo, más allá de alguna mejoría parcial que pueda darse en algún sector por algún tiempo, va a traer desocupación, pérdida de derechos laborales y otras conquistas sociales. Más temprano que tarde la caída de las condiciones generales de vida, se harán sentir. No podemos saber qué gravedad tendrá y en qué plazos se dará, pero toda la experiencia histórica, demuestra que la clase trabajadora pagará un alto costo.
Así fue en la ex URSS y los países del Este de Europa con una abrupta caída del nivel de vida de las masas. Y así lo muestran también China y Vietnam, los símbolos soñados tanto por los economistas liberales como por la burocracia del PCC, donde los obreros trabajan largas y extenuantes jornadas en condiciones precarias, hay gigantescos bolsones de pobreza y se deterioran a niveles nunca vistos las condiciones medioambientales. Eso es lo mejor que tiene para ofrecer el capitalismo y difícilmente pueda suceder así en Cuba que no cuenta con las ventajas comparativas de los países asiáticos.
El pueblo cubano resistió incólume durante décadas un bloqueo criminal (literalmente, que incluyó alimentos y medicinas) y las consecuencias de una desastrosa conducción económica. En medio de la desmoralización que han causado en amplios sectores que ven una burocracia privilegiada y enriquecida que solo sabe pedir más sacrificios mientras se asocia al capital extranjero, hoy el principal peligro está en que las masas no puedan ver que los avances promercado solo pueden agravar sus problemas.
Solo una nueva intervención revolucionaria de las masas puede frenar el curso restauracionista, echando a la burocracia y acabando con su régimen de partido único, imponiendo un verdadero gobierno obrero y popular basado en la democracia obrera, que tome el control de las grandes empresas y revise todas las concesiones hechas al capital para reorientar la economía según los intereses de las grandes mayorías y no del puñado de burócratas asociados al capital extranjero que pretenden adueñarse del patrimonio nacional.
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