El Gobierno a través del decreto 1060/2020 en el Boletín Oficial realizó cambios de los derechos de exportación de productos industriales y del agro. Hubo reducciones de retenciones en los bienes con mayor valor agregado y hubo subas en los bienes con menos valor. Además, se disminuyó a 0 % los derechos de exportación de muchas economías regionales.
Se modificaron 4.593 posiciones arancelarias (3.641 industriales y el resto del agro) y las alícuotas pasaron a ser del 4,5 %, el 3 % o el 0 %.
Fuentes oficiales explicaron que la medida busca "unificar" las alícuotas de los productos de acuerdo "al nivel de valor agregado" de la exportación. Los bienes finales industriales e insumos básicos quedan en 0 %, los insumos elaborados industriales quedan en 3 % y las materias primas industriales e insumos industriales quedan en 4,5 %.
En tanto, algunos productos que pagaban una cantidad fija de pesos por dólar exportado ahora pagarán un porcentaje para evitar que la recaudación se diluya con una devaluación.
En el caso de las economías regionales, los sectores beneficiados por el nuevo arancel 0 % son las de carne ovina y caprina, huevos, productos hortícolas (tomate, pimientos, cebolla, ajos, puerros, esparrago, etc), acuicultura, apícola, hongos, olivícola, maíz pisingallo, legumbres, papa y mandioca.
También la producción de cítricos dulces, cítricos, uva en fresco y pasas de uva, frutos secos, frutas tropicales, cucurbitáceas, frutas de carozo, frutas finas, peras y manzanas, infusiones, semillas, quínoa, especies, alfalfa, alimentos en base a frutas, jugos de frutas y aceites y esencias de cítricos.
En el caso del complejo oleaginoso, a partir del 1° de enero, las exportaciones del poroto de soja subirán al 33 % tras la rebaja que concedió el Gobierno al sector en octubre. En tanto, las retenciones de los subproductos de la molienda, la harina y el aceite, quedaron en 30 %. Según publicó el sitio especializado Bichos de Campo “ese diferencial implica unos 400 millones de dólares de transferencia desde los productores a la industria aceitera”.
El Gobierno modifica los derechos de exportación de varios productos, pero las patronales exigen mayores concesiones como un tipo de cambio más alto, es decir, una devaluación que aumentaría sus beneficios, pero provocaría mayor recesión y un golpe al poder adquisitivo de los salarios.
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