Integrantes de la cátedra de Seminario de Antropología Urbana de la UNSa dieron a conocer esta semana los resultados del censo que llevaron adelante docentes y estudiantes en el asentamiento de la zona sur de la ciudad que ya cumplió 7 meses.
Según un comunicado de las y los propios vecinos, el estudio revela que “el hacinamiento previo en casa de familiares, la falta de ingresos suficientes para pagar un alquiler y la violencia de género o relaciones conflictivas previas” son las principales causas de la ocupación de tierras en este asentamiento compuesto por 1207 personas, organizadas en 346 familias.
“El documento también muestra que somos trabajadores y trabajadoras que en general sólo podemos acceder a empleos eventuales y en negro (66% de la población adulta) o buscamos trabajo sin conseguirlo (21%). A pesar de ello, la mitad de las familias apenas reúne $16.000 o menos por mes, lo que ubica por debajo de la línea de indigencia”, sostienen las familias.
Avasallamiento de los derechos
Según remarcan desde el asentamiento, las 346 familias viven "en carpas precarias de polietileno o en algunos casos casillas de madera y plástico, en donde pueden encontrarse hasta 2 y 3 familias sin provisión de agua potable ni energía eléctrica, utilizado letrinas improvisadas, en carpas/viviendas levantadas sobre un terreno irregular de tierra y ripio. Y donde el servicio público de recolección de basura se niega a retirar los desperdicios”.
En el mes de octubre uno de los referentes de las y los vecinos, Yuthiel Alderete, fue detenido e imputado por su participación en la toma, por pelear por tierra para vivir. En una clara muestra de avasallamiento de los derechos humanos. Sin ninguna respuesta hasta hoy del Gobierno de Gustavo Sáenz ni el de Alberto Fernández, frente a un déficit habitacional que crece en todo el país, y la criminalización de la pobreza. | 
