Tras haber instalado un plantón en la alcaldía de Apatzingán, Michoacán, el 22 de diciembre del año pasado, los supuestos autodefensas exigían garantías de seguridad con respecto al cártel de “Los caballero templarios”, tras la disolución del grupo G-250, al que la mayoría de los manifestantes pertenecía y que fue creado por Alfredo Castillo Cervantes, entonces comisionado para la seguridad en Michoacán (hoy jefe de la Comisión Nacional del Deporte CONADE).
La versión oficial ¿otra “verdad histórica”?
La madrugada del 6 de enero, elementos del ejército y la PF irrumpieron en el edificio de gobierno con la finalidad de desarmar y desalojar a los inconformes, quienes se resistieron según fuentes oficiales, dejando un saldo de seis heridos y un muerto. Unas cuadras más lejos de la alcaldía se sucedió otro “enfrentamiento”, en donde murieron dos mujeres y seis varones más, supuestamente caídos en “fuego amigo entre civiles”. 44 personas fueron detenidas y trasladadas a Morelia, acusados de posesión de armas y asociación delictuosa, mientras se implementaba un operativo de blindaje en el municipio por parte de la SEDENA.
En conferencia de prensa tras los enfrentamientos, Alfredo Castillo, declaró que la situación de violencia se había focalizado a tres municipios de Tierra Caliente y que se debían, no a la presencia del crimen organizado, sino a un problema de “conflictividad social”.
Hablan los sobrevivientes
En una entrevista publicada por el diario La Jornada, el pasado 14 de junio, uno de los sobrevivientes cuenta otra versión de la que las autoridades y los medios ofrecieron días después de lo sucedido: al enterarse de lo ocurrido fuera de la alcaldía el 6 de enero, una docena de jóvenes campesinos, piscadores de limón, acudieron para intentar ayudar a los heridos. En el camino se encontraron con Policías Federales, quienes los recibieron a balazos.
Esta versión tiene respaldo en un video de 16 minutos que se difundió desde mediados de abril por Aristegui Noticias, Proceso y Univisión, en donde se reúnen grabaciones tanto de cámaras de seguridad cercanas a la alcaldía de Apatzingán, como videos tomados con dispositivos móviles y declaraciones de sobrevivientes, familiares, testigos y personal de salud del hospital a donde fueron trasladados los heridos. En el video, además de mostrar imágenes de la plaza de la alcaldía en donde decenas de personas desarmadas huyen de la ráfaga de balas de la PF, se muestra un video del segundo suceso, cuando los campesinos intentan dar alcance a las camionetas de la PF, en donde arriban al lugar las camionetas con jóvenes jornaleros. El video da cuenta también de cómo la escena fue alterada por Policías Federales y muestra cómo éstos se grabaron ayudando a subir a los heridos a una camilla, video que fue difundido por la misma PF.
Tres días después de que este video se difundiera, Alfredo Castillo negó los hechos en una entrevista. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó en una exposición al Senado a dar seguimiento al caso y a esclarecer las graves acusaciones en contra de elementos de la Policía Federal.
En una segunda entrega del video, se da cuenta de la participación del ejército, integrantes del 30 batallón de infantería de la 43 zona militar de Apatzingán durante el operativo. Testimonios exponen que fue la PF quien abrió fuego contra los militares, provocación que dio paso al ataque al plantón. Registran diversas declaraciones en las que se documentan violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, además de golpizas y destrozos.
Sin nada qué ofrecernos
En México suman más de 200 mil muertos desde que en 2012 el gobierno de Felipe Calderón anunció el inicio de una “guerra” en contra del narcotráfico. Desde entonces, la transición del PAN al PRI en la cabeza del gobierno no ha significado ningún cambio en los niveles de violencia, los cuales lejos de disminuir se encrudecen, golpeando una y otra vez al pueblo pobre y trabajador. Tan solo en los primeros 19 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron más de 55 mil asesinatos, según datos del INEGI.
El desempleo, el alarmante incremento en feminicidios en todo el país, la cifra oficial de más de 26 mil desapariciones, más de 81 periodistas asesinados y 17 desaparecidos, de más de 300 presos políticos tan solo en el gobierno de EPN, se suman a la herida aún abierta de Atenco, a los casos en donde los millones de inconformes han dicho #FueElEstado y que cada vez va haciéndose una lista más larga: Tlatlaya, Tanhuato, Tlapa, Veracruz, San Quintín.
Ante el descontento generalizado, los gobiernos locales han reprimido con el aval y participación del gobierno federal, trayendo consigo un profundo descrédito que se suma a la crisis de legitimidad agudizada por el caso Ayotzinapa. El ejemplo más reciente de cómo responde el gobierno al descontento, lo tenemos en la pasada jornada electoral, en donde hubo decenas de presos por manifestar su descontento en contra de la realización de los comicios en localidades en donde el Estado no ha dejado sino sangre y miseria. |
