Sumados los recortes en educación – sobre el Fondo para estudiantes de Instituciones privadas de Educación Superior (FIES), sobre el Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo Institucional (PRONATEC) y sobre los fondos de las universidades públicas–, la reciente aprobación que suprime la educación sexual en las escuelas y la propuesta de enmienda constitucional sobre la reducción de la edad de imputabilidad penal, forman un conjunto de ataques que, articulados, son un intento del gobierno del PT de descargar la crisis sobre las espaldas de la juventud.
Estos recortes educativos buscan precarizar principalmente a la juventud trabajadora, que tenía en el FIES la principal forma de acceso a la enseñanza superior; con los recortes al PRONATEC –que ofrecía una formación técnica para ingresar al mercado de trabajo – le espera un futuro de mayor tercerización y precarización del trabajo, situación agravada con la aprobación del Proyecto de Ley (PL) 4330.
De conjunto este es un proyecto que el gobierno de Dilma viene haciendo pasar con el apoyo de los sectores más conservadores del Congreso, como Eduardo Cunha, e incluso de la oposición de derecha del PSDB ya que son parte de un acuerdo con la burguesía para aplicar los recortes y presentarse frente a los países imperialistas como un lugar atractivo para sus inversiones (como viene haciendo Joaquim Levy, Ministro de Hacienda de Dilma, ofreciendo mano de obra barata en convenciones empresarias en Nueva York).
Ligado a estos acuerdos, se agrega la reducción de la mayoría de edad penal. Por un lado, es una salida favorable a la burguesía brasilera para poder lidiar con amplios sectores de la juventud precarizada que, contando con los ritmos lentos de la economía y la falta de empleo, pueden comenzar a transformarse en una masa crítica y subversiva al orden social. La burguesía se adelanta para hacer callar a esos jóvenes, criminalizándolos. Por otro lado, se apoya en una medida racista, siendo que esa ley busca criminalizar especialmente a la juventud más pobre y negra de la periferia, en un país donde son frecuentes los escándalos de asesinatos de jóvenes negros, como los casos de Amarildo, DG y tantos otros que prueban que el racismo está instalado en Brasil, siendo el accionar policial su expresión más cruel y reaccionaria.
Cuando el gobierno del PT aprueba los recortes educativos e intenta reducir la mayoría de edad penal, deja en claro que este gobierno no puede ofrecer ninguna salida a las demandas más elementales de la juventud, como el derecho a la educación y al empleo, para asegurar un futuro mínimamente digno.
17 de junio, lucha contra la reducción de la edad de imputabilidad penal y por la educación
El 17 de junio fue aprobado en el tercer Congreso de ANEL como un día de lucha contra los recortes. La agrupación Juventude às Ruas está impulsando esta jornada en varias universidades de todo el país, denunciando a los centros de estudiantes dirigidos por las corrientes oficialistas que hasta ahora no se pronunciaron frente a los recortes educativos ni tampoco llaman a organizarse para dar una respuesta independiente de los gobiernos contra la reducción de la edad de imputabilidad penal.
Desde la Universidad de San Pablo (USP) se ha convocado a un acto en la Avenida Paulista contra la reducción de la mayoría de edad penal, para que el movimiento estudiantil aparezca frente a la sociedad como un sujeto político que defiende el derecho de la juventud a la educación y está junto a la juventud negra contra la represión policial. En la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), donde los estudiantes fueron reprimidos por la policía y la seguridad del campo universitario por luchar junto a la población de las favelas contra la desocupación, la lucha contra la reducción de la mayoría de edad penal está ligada a la no criminalización de los estudiantes que están en la mira del Rectorado.
Transformemos este día en una jornada contundente de la juventud contra estos ataques a los derechos democráticos de amplios sectores de la población. | 
