Durante la tarde de este martes, tres entidades de la Mesa de Enlace definieron realizar un cese de comercialización de granos desde el lunes 11 de enero hasta el miércoles 13 inclusive. La medida de los poderosos empresarios del campo es en rechazo al cierre de las exportaciones de maíz hasta marzo.
El anuncio fue realizado por parte de la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria, quedando por fuera Coninagro.
Más temprano, desde el Gobierno nacional, el ministro Gabriel Katopodis había salido al cruce de la medida, que ya se preveía que se iba a anunciar, diciendo que "son las tensiones de una sociedad, pero está claro que el Gobierno no se va a mover ni un centímetro, no lo ha hecho. Va a marcar y va a pararse defendiendo el interés del conjunto de los argentinos.", había remarcado el funcionario.
Desde el otro lado, y luego de la decisión de cerrar por 60 días las exportaciones de maíz, las críticas de las patronales del campo se habían hecho escuchar en defensa de sus negocios: "Cerrar exportaciones es el peor camino para contener la inflación o brindar garantías de seguridad alimentaria. No vamos a convalidar medidas de esa naturaleza", había advertido el texto que lleva la firma del presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, en representación las 57 entidades que conforman el Consejo Agroindustrial Argentino.
Según datos del Ministerio de Agricultura, a la actualidad se autorizó la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la presente campaña 2019/20 sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas. Es decir que ya se vendió al exterior casi el 90 %. Entre las principales empresas que exportan maíz se encuentran Aceite General Deheza, Cargill, Cofco, ADM Agro, Bunge, y Molinos Agro.
El conflicto se da también en el medio de la suba internacional del precio de la soja, que durante este martes llegó a superar los 500 dólares por tonelada. También el maíz viene en ascenso y cerró en Chicago a 193 dólares, situándose en el precio más alto de los últimos 6 años.
Más allá de los discursos de un lado y del otro, lo cierto es que mientras los empresarios del campo tienen ganancias millonarias en un marco de un país con veinte millones de pobres, y especulan de forma permanente con una devaluación que castigue aún más el bolsillo popular, desde el Gobierno no se pone en cuestión la situación estructural en el campo, es decir, el poder de los grandes terratenientes dueños de la tierra y el comercio exterior en manos de un pequeño oligopolio privado. Incluso en casos como Vicentin han retrocedido ante las protestas de los poderosos.
Para verdaderamente garantizar el abastecimiento de la población como prioridad y establecer el intercambio internacional en función de un plan para las grandes mayorías, hacen falta medidas de fondo como la expropiación de los grandes terratenientes y el monopolio estatal del comercio exterior, como plantea la izquierda dentro de un plan integral con otras medidas fundamentales como la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda y la nacionalización de la banca, entre otras.
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