Después de que se vuelva a registrar un rápido aumento de casos de coronavirus en el país y, luego de meses de pandemia y diversas medidas de confinamiento, las alarmas se volvieron a encender y distintos funcionarios salieron a dar declaraciones y alertar sobre la posibilidad de nuevas medidas de aislamiento.
Fue el propio Presidente quién dijo al comienzo de la semana que “no se puede jugar con fuego porque el virus sigue creciendo”. En la tarde de este martes fue el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, quién alertó que “en un lapso relativamente corto podríamos tener de nuevo en franca tensión el sistema sanitario”.
Estas definiciones, sin embargo, contrastan con el “esfuerzo” estatal dedicado a aliviar la situación de un sector tensionado durante largos meses. Veamos.
Ajuste y prioridades
El Presupuesto para 2020 para salud es de $ 353.784 millones (según datos de Presupuesto Abierto al 29 de diciembre). Para 2021 el presupuesto contemplado para este sector es de $ 383.187 millones. Es decir, que si la inflación del 2021 es del 29 % como estimó el Gobierno en el presupuesto, esto significa que habrá un ajuste en salud, en términos reales, del 16 %.
En el caso de que la inflación del 2021 sea del 50 %, como publicó el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco Central (BCRA), el ajuste en salud, en términos reales, alcanzará el 28 %.
Si comparamos lo destinado a salud con los pagos de la deuda, ya durante 2020, la partida para salud (según datos de Presupuesto Abierto al 29 de diciembre) en pleno año atravesado por la pandemia, representó el 5 % de los gastos totales, mientras que los servicios de la deuda pública representaron el 13 % de los gastos totales.
El Presupuesto 2021 continúa sin revertir esta situación y supone pagos de intereses de deuda del 1,5 % del PBI. Es decir, excluyendo los intereses intra sector público (o sea, con el propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad-Anses particularmente), se calcula pagar unos $ 550.560,5 millones. Un 8 % del Gasto. Equivale a una vez y media todo lo que va a Salud.
Primera línea
Pero este nuevo ajuste en la salud llega después de meses de pandemia. A esta altura son decenas de miles los trabajadores del sector contagiados y llegan a 360 los fallecidos. Son reiterados los casos de trabajadores que, pese a ser parte de los grupos de riesgo vieron sus licencias negadas por parte de las autoridades, como los casos de María Ester Ledesma del hospital Gandulfo, que presentaba enfermedades preexistentes o el de Grover Licona Díaz, del Durand, que tuvo que ir a trabajar aunque tenía Mal de Chagas, ambos murieron finalmente por Covid-19.
La falta de equipos de protección personal (EPP), la sobrecarga laboral, las precarias condiciones de los hospitales, los atrasos en los sueldos que se repiten, incluyendo la situación de los residentes que a veces no reciben su salario durante meses, son algunas de las variables a las que los trabajadores debieron hacerle frente a fuerza de voluntad.
Esta situación, sin embargo, también tuvo como contraparte la respuesta de los trabajadores del área. A lo largo del año se fue extendiendo en distintas provincias el descontento junto con las medidas de lucha. Paros, caravanas, cortes de calles, movilizaciones. El personal de salud de Córdoba, Tucumán, de la provincia de Buenos Aires y también los trabajadores de la salud porteños, entre otros, fueron y son parte de expresar la bronca por haber sido tratados como descartables, con paritarias de miseria a pesar de haber estado en primera línea enfrentando la pandemia.
Opciones
Esta situación es en la que llega el posible rebrote de Covid-19. Mientras el discurso del Gobierno se centra en insistir con la responsabilidad individual ante los contagios, haciendo especial énfasis en la juventud, el ajuste en el presupuesto y el abandono del área y de sus trabajadores en plena pandemia, dan cuenta de donde se esconde la verdadera responsabilidad. Sin negar la gravedad de la pandemia de coronavirus, queda claro que alejar la posibilidad de riesgo de colapso pasa fundamentalmente por la voluntad política de que así sea.
Parte de esto pasa por terminar con el pago de la deuda externa, destinando esos recursos a reforzar el sistema de salud. También, por aplicar un verdadero impuesto progresivo a las grandes fortunas, afectando verdaderamente a los grandes empresarios, como el que propuso en su momento el Frente de Izquierda, y no un “aporte solidario”. En base a esos recursos podrían garantizarse salarios acordes para sus trabajadores y los equipos de protección personal necesarios. También la infraestructura necesaria para evitar cualquier saturación, incluyendo camas, respiradores y cualquier otro insumo necesario. Otra necesidad que podría costearse de esta manera sería lograr finalmente testear masivamente a la población, ya que a lo largo de toda la pandemia el subtesteo fue una constante en Argentina, de a acuerdo a lo estimado por la OMS.
Con estas medidas económicas también podrían garantizarse los recursos para todos aquellos que vean cortados sus ingresos si se retomaran las medidas de aislamiento, pudiendo hacer frente a esta situación. La "cuarentena sin GPS" impulsada por el Gobierno durante buena parte del año apenas cubrió un aporte de $ 10.000 cada dos meses, muy lejos de cualquier canasta básica alimentaria y arrojando a casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Poder garantizar un ingreso de este tipo también pasa por la voluntad de afectar a la pequeña minoría de los grandes dueños del país.
En la misma sintonía, en momentos en que las prepagas presionan con suspender parte de sus servicios intentando conseguir nuevos aumentos, se vuelve a poner sobre la mesa de contar con un sistema de salud centralizado, incluyendo los importantes recursos provenientes del sistema privado para ponerlos a disposición del conjunto de la población. Sólo de esta manera se podrá garantizarse un sistema de salud eficiente para todo aquel que lo necesite. | 
