El controversial director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, tuvo que salir a responder a raíz de los desmentidos de funcionarios del gobierno panista de Tamaulipas sobre la causa a la cual la empresa atribuyó al mega apagón del pasado 28 de diciembre. Hay que considerar de paso que el tema tiene varias aristas políticas debido al interés de los empresarios nacionales y extranjeros por apoderarse poco a poco de la generación de energía eléctrica y su distribución.
Al anunciarse que la CFE abrió una investigación interna en relación al dictamen que sus subordinados emitieron, diciendo que un extenso incendio de pastizales había sido la causa de la falla en el sistema de distribución eléctrica, Bartlett declaró este martes que dicha investigación determinará cómo llegó el oficio, quién lo dio, quién lo hizo y quiénes son los responsables. También dijo, en respaldo de su staff gerencial que, “se demostró que el incendio ocurrió” y que “Protección Civil no tiene facultades para ir más allá de estar atento de si había un daño”.
“Es lo que se verá en la investigación de ese documento apócrifo que señala el gobierno de Tamaulipas” finalizó. Se refería así a la denuncia mediática del gobierno de Tamaulipas, cuyo gobierno es parte del bloque de gobernadores opositores al gobierno de la 4T de AMLO, por lo que se decidió una línea “de investigación” para una salida que evite mayores confrontaciones con dicho bloque.
El "documento apócrifo”
Recién restablecido el suministro de energía el día 28, funcionarios de la CFE informaron que un incendio de 30 hectáreas de pastizal, en el municipio de Padilla, fue la causa del mega apagón que afectó varios estados. Refrendaron esta versión con fotografías de un área quemada y un oficio con una relatoría de hechos, que incluían un presunto reporte de un incendio de pastizales a orillas de la carretera federal Cd. Victoria-Monterrey.
La respuesta del gobierno de Tamaulipas fue inmediata: anunció que presentará una denuncia penal en contra de la Comisión Federal de Electricidad, por falsificación de documentos oficiales y firmas, según declaración del coordinador estatal de Protección Civil, Pedro Granados Ramírez quien dijo:
“Hay muchas otras características de ese comunicado como horarios, unidades que supuestamente participaron, las acciones que supuestamente se hicieron, el número de oficio, los logotipos, nada qué ver, no es un documento nuestro, desconozco quién lo pudo haber hecho.”
Además señaló que, contrario a lo establecido en el oficio en disputa, Protección Civil no recibió llamado alguno al 911 de trabajadores de la CFE ni intervino en sofocar incendio alguno, además de denunciar que en dicho oficio había una firma falsificada del Coordinador con Municipios de Protección Civil estatal.
Pelea política y voracidad patronal
La magnitud del apagón y el descontento generado en 16 estados del país por la pérdida de dos horas de este insumo fundamental abrió la puerta al ataque de la oposición política. Representantes del PRI, del PAN y del PRD declararon que la explicación de la CFE era insuficiente. El PAN anunció que solicitará la intervención de Transparencia y requerirá bitácora de decisiones de Bartlett de ese día, mientras el PRD anunció que para el próximo 7 de enero, en la sesión de la Comisión permanente del Congreso, solicitará la comparecencia de Bartlett y sus funcionarios y la formación de una comisión investigadora independiente. Todos ellos enfocando sus baterías en Manuel Bartlett, quien de por sí es históricamente indefendible.
Al mismo tiempo, desde la trinchera patronal, la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que frecuentemente se ponen al frente de los cuestionamientos del frente opositor, agrupado coyunturalmente bajo el sello electoral Va por México, reminiscencia del Pacto por México peñanietista, hizo su propia declaración, planteando como problema de fondo la debilidad estructural del sector eléctrico:
“Esto se debe a la falta de infraestructura, al aumento de la demanda y a la falta de disponibilidad de generación, lo cual termina por afectar la confiabilidad del sistema”, proclaman, como si no hubieran sido ellos, empresarios y sus partidos políticos, los impulsores de la reforma energética y el desmantelamiento del sector energético que votaron sus partidos a petición de Peña Nieto. para beneficio del capital extranjero.
Según el CCE, en los próximos años se requieren inversiones anuales en generación de electricidad por más de 87 mil millones de pesos, ya que se requiere la instalación de 4 mil 400 megawatts al año para poder satisfacer la demanda nacional de electricidad y así evitar la saturación de las líneas de transmisión y de la red de distribución. También señaló que el sistema eléctrico del país ya se encuentra congestionado en sus líneas de transmisión, lo que genera costos por más de mil 800 millones de dólares.
AMLO salió en defensa de sus funcionarios:
”hay un grupo que no lo quiere, no es con él, es con el presidente, porque Manuel Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré.”
asegurando que, detrás del escándalo suscitado por el apagón están los intereses privados:
Ellos ansían que se entregue (el mercado eléctrico) a los particulares. Es un asunto de negocios, básicamente, nada más que al presidente el único negocio que le importa es el negocio público.
Lamentablemente su visión de “negocio público” perjudica a los usuarios particulares más que a nadie, quienes resentimos el aumentos del costo del fluido eléctrico mientras los empresarios tienen costos preferenciales por volumen y aún así les atienden sus quejas y les construyen la infraestructura que necesitan, sin importarles las necesidades de los pueblos afectados ni los asesinatos de los activistas que se oponen a los megaproyectos que la minería requiere; como es el caso del gasoducto de Huexca que beneficiará a los empresarios de Morelos y Guerrero principalmente y pone en riesgo la cuenca del río Cuautla.
A “contragolpear”
Así, en medio de esas disputas, unos, por apoderarse del sector energético nacional y entregarlo a sus socios extranjeros, y un gobierno que pretende que sea por una vía más negociada, manteniendo el control del negocio público pero sin negarse a repartir ganancias con el sector privado [1], la CFE de Bartlett hace un nuevo anuncio.
Dejando a un lado lo del incendio de pastizales, escenario que ya había utilizado para justificar los apagones de Campeche y Yucatán hace un par de años, ahora se determina que la causa de la pérdida del suministro del día 28 fue la variabilidad de potencia del sistema ocasionada por la producción intermitente de las empresas productoras de electricidad renovable, es decir, de la energía de origen eólico y fotovoltaico (solar). Esa intermitencia originó una sobrecarga excesiva ante una baja demanda de energía eléctrica y el problema fundamental que esos volúmenes intermitentes no se pueden controlar.
Por esta razón, según anunció la CFE hace algunas horas, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se verá obligado a sacar de operación parte de la generación renovable intermitente para asegurar la confiabilidad del sistema nacional. Así, el director de Comunicación de la CFE, Luis Bravo, anunció:
“Como medida preventiva en demandas bajas, el Cenace se verá obligado a sacar de operación parte de la generación renovable intermitente para asegurar la confiabilidad del sistema nacional” y luego: “El sistema nacional no puede operar con exceso de generación intermitente, y el Cenace está obligado por ley a limitar en cada nodo la capacidad máxima a generar para asegurar la confiabilidad. Esto implicará para los generadores privados reducir su producción anual”
¿Será que esta especie de amago político es una medida que busca parar los ataques opositores mientras se busca una salida negociada a las pretensiones del capital extranjero, que a través de sus socios patronales mexicanos y sus ejecutivos políticos busca aprovechar esta coyuntura a su favor? Pareciera que sí, partiendo de que, hasta donde se ha visto ahora y contra lo que aspiran sus seguidores desde las bases del Morena, no es la pretensión de la “cuarta transformación” enfrentar a los grandes capitalistas ni desmantelar la penetración del neoliberalismo trasnacional sobre los recursos naturales y los trabajadores.
Quizás por ello, durante la tercera conferencia de la CFE relacionada con el apagón, el director Rubio, dejó bien claro que:
“en un futuro próximo se duplicará la capacidad de generación intermitente autorizada por la CRE [Comisión Reguladora de Energía] (21 mil megawatts) y se incrementará el riesgo de confiabilidad del sistema nacional a demandas de energías bajas.
Así que el recorte a los productores privados de dicha energía intermitente conlleva la garantía de que será algo pasajero y en “un futuro próximo” el gobierno de la 4T confía en que todos los contendientes estarán juntos y felices. Los de abajo, los que trabajan para mantener funcionando la maquinaria productiva de este país, como vimos en Huexca, no entramos en dicha propuesta desafortunadamente. Hay que prepararnos para enfrentar dicho futuro con nuestras propias fuerzas. |
