Acabamos el año 2020 con la llegada de las vacunas contra la Covid-19 que se empezaron a administrar el pasado domingo 27 de diciembre en diferentes residencias de gente mayor de todo el Estado. Se calcula que para finales de marzo se tendrían que haber podido vacunar los 4 grupos prioritarios: las residencias, el personal de primera línea y los grandes dependientes que viven en sus domicilios.
Como sabemos, las residencias de gente mayor es uno de los lugares más golpeados por la pandemia. La atrocidad que se vivió durante la primera oleada se ha vuelto a repetir en esta segunda otra vez. Solo hay que decir que en todo la Estado español ya han muerto más de 26.000 personas en estos centros, que supondrían, nada más y nada menos, que un 49% de todas las muertes notificadas oficialmente de coronavirus. La mayoría de defunciones se han producido en Madrid, Catalunya, Castilla y León y Castilla la Mancha. Concretamente, en Catalunya la cifra es devastadora, donde ya han muerto más de 7.600 personas por Covid-19 en las residencias.
Un dato que no es menor, más si tenemos en cuenta que se trata de miles de muertes evitables provocadas por una gestión pésima tanto del Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos, como por los diferentes gobiernos autonómicos. De hecho la gestión del Govern de la Generalitat de JxC y ERC no tiene nada que envidiar a la gestión que ha hecho, por ejemplo, el Gobierno del PP en Madrid.
La campaña de vacunación como campaña electoral: una imagen que evidencia la hipocresía del Govern de la Generalitat
Si bien la necesidad de una campaña de vacunación es necesaria, no podemos permitir que con esta se tapen lo que ha sido y sigue siendo un auténtico crimen social y que encima, por si no fuera suficiente cinismo, también hagan bandera de la vacunación aprovechando que se acercan las elecciones.
Seguramente todos ya conocemos el nombre de la primera mujer que vacunaron aquí en Cataluña. La imagen de Josefa de la residencia de Feixa Larga de l’Hospitalet de Llobregat recorrió todos los medios. Y aprovechándose de ella empezaron todo un espectáculo repleto de hipocresía, pero que también recibió muchas críticas.
Se hace difícil imaginar la cara que debían de tener los familiares de personas residentes que llevan meses sin casi poder visitar a sus abuelos o a sus padres, cuando vieron las imágenes del vicepresidente Pere Aragonés, la consejera de Salud Alba Vergés, y el Secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, de visita por la residencia y sin mantener la distancia de seguridad con una mujer de 89 años. Todo para hacerse la foto de campaña electoral. No obstante, les ha salido el tiro por la culata en esta campaña de vacunación teniendo en cuenta que una semana después solo se han vacunado un 13% de las 60.000 personas que tenían previstas.
Todo ello es una muestra muy gráfica de cómo ha sido la gestión de la pandemia en general, y en particular en las residencias. Donde las únicas medidas que ha aplicado el gobierno son restricciones en la población, reclamándole sobreesfuerzos, mientras se sacan toda su responsabilidad en reforzar una Sanidad Pública que ellos mismos destrozaron con los recortes.
Pues eso mismo ha pasado en las residencias, donde de las pocas medidas aplicadas han sido las estrictas restricciones de las visitas de los familiares, con todo el daño emocional que esto supone para las personas residentes. Pero en cambio, no han hecho nada para mejorar las condiciones de estos servicios.
El principal vector de los contagios: la precariedad, las privatizaciones y la mercantilización de las residencias de gente mayor
En un informe publicado el pasado mes de noviembre por la plataforma ActuarCovid, formada por un grupo de más de mil sanitarios que avala análisis independientes sobre la evolución de la dolencia en la Comunidad de Madrid, ponía de manifiesto como en esta segunda oleada prácticamente la mitad de las muertes por covid-19 se produjeron a las residencias de gente mayor. A la vez, exponía que el principal vector de contagio no se da tanto a través de las visitas de los familiares, sino más bien que estos están causados por la precariedad que hay en estos centros. Si bien es un estudio que está centrado en la Comunidad de Madrid, se puede extrapolar al resto del Estado.
La sobreexplotación que hay con las personas que trabajan en las residencias es innegable y ya existía mucho antes de la pandemia, en un sector ampliamente feminizado (un 90% de las auxiliares de geriatría son mujeres).
Los salarios de las trabajadoras oscilan entre los 500 y los 900 euros mensuales, hecho que hace que tengan que doblar turnos y/o trabajar en varios centros a la vez y por tanto se haga imposible establecer grupos burbuja con los mismos usuarios. Las ratios son muy elevadas, entre 10 y 15 residentes por cada auxiliar. A la vez que hay una carencia de personal sanitario, donde las enfermeras y médicos están contratadas a muy pocas horas y teniendo que atender a muchas personas.
Si a esto le sumamos que con la situación de hoy muchas profesionales que están de baja no se suplen, y las que están en activo siguen sin tener el material de protección adecuado, teniendo que llevar la misma mascarilla durante una semana o más y que se hacen pocos tests PCR y pruebas a los profesionales y residentes, esto hace que el sector de las residencias sea uno de los más precarizados y donde sus trabajadores y trabajadoras sean de las más susceptibles a contagiarse.
Una precariedad que no se arregla con la "paguita" ridícula que el Govern de la Generalitat ofreció, que muchas todavía no hemos recibido, y de la cual las trabajadoras de las residencias privadas (que son la mayoría) quedaron completamente excluidas.
Por otro lado, las instalaciones e infraestructuras de muchas residencias también son precarias y con una carencia de recursos que hace que no estén preparadas para poder aislar bien a aquellos residentes que sufran la Covid-19.
Y ante esto una de las propuestas de la Consellería de Salut i Treball, Afers Socials i Familia ha sido el traslado de positivos a otros centros que estén en mejores condiciones, hecho que pone en peligro de contagio tanto a los usuarios como a los profesionales de la residencia que los recibe. Una gestión increíble la del Govern de la Generalitat, ¿no? Con estas medidas ¿de qué nos extraña que hayan habido tantos contagios? Algunas entidades de familiares y de trabajadoras han estado denunciando esta cuestión.
Pero claro, reforzar el personal de los centros residenciales o invertir en mayores recursos supondría cuestionar un modelo residencial que es prácticamente todo privado, y del cual muchas empresas sin escrúpulos están haciendo negocio. De todas las residencias de la Estado Español un 71% son privadas, y de hecho en Catalunya tan solo un 17% son públicas.
Entre las principales multinacionales que se están lucrando a costa de esto encontramos empresas constructoras del IBEX 35 como la del grupo ACS de Florentino Pérez o empresas con cuentas en paraísos fiscales como DOMUS VI.
El nombre de esta última seguramente también os sonará porque recientemente el Ayuntamiento del Ada Colau le acaba de conceder la adjudicación del 50% del servicio de atención domiciliaria (SAD) de la ciudad de Barcelona. ¿Y cómo no? Para el ayuntamiento del “cambio” había que hacer todavía más favores y ayudar a ampliar los beneficios de una empresa con varías residencias en proceso de investigación por maltrato o para esconder muertes producidas en sus instalaciones y con muchos centros intervenidos por una mala gestión durante la pandemia.
Las negligencias cometidas en muchos de los centros privados todavía hoy las desconocemos. Ejemplo de esto es el terrorífico relato de lo sucedido recientemente en las residencias como la de Tremp (Lleida), donde murieron 60 de sus 140 usuarios. De hecho el centro estaba gestionado por una fundación religiosa y es que estas tampoco se escapan de querer sacar su rédito económico. Hoy en día todavía se desconoce el qué pasó y se cuestiona la intervención de la Generalitat que llegó demasiado tarde.
A todo esto también hay que denunciar que a la mayoría de personas que han muerto en las residencias en todo el Estado, pero sobre todo en comunidades como Catalunya y Madrid, se las abandonó completamente, negándoles el derecho a una atención sanitaria en los hospitales. Así lo documenta un informe de Amnistía Internacional publicado a inicios de diciembre. Una atrocidad que es fruto de un sistema sanitario completamente desmantelado a causa de los recortes.
El drama vivido en las residencias pone de manifiesto las consecuencias de un modelo privado que lleva años gestándose con las políticas neoliberales de los diferentes gobiernos de turno, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal.
Los enormes recortes a la Ley de la Dependencia, tanto en las legislaturas del PP como también durante las del PSOE, y mantenidas por el actual gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos, han facilitado este modelo privado de la atención de la gente mayor. Unos ajustes que se endurecerán próximamente, ante el acatamiento a las exigencias de Bruselas, como ya estamos viendo con la cuestión de las pensiones.
Y por parte del actual gobierno de la Generalitat de JxCAT y ERC, tampoco está en sus planes cambiar la política de años y años de recortes, todo el contrario.
Prueba de esto es que este mismo verano y en plena pandemia se aprobó el Decreto 69/2020 por el cual se abre la puerta a nuevas privatizaciones y externalizaciones de los servicios sociales y se blindan las ya existentes. El mismo ha sido calificado por los movimientos sociales como una Ley Aragonés encubierta.
Para ellos es preferible dejar morir a miles de personas para no tocar las ganancias de los grandes capitalistas. Ante esto es indispensable que luchemos para reforzar los servicios sociales y la sanidad pública. Pero para que esto sea posible hay que expropiar todas las residencias privadas, así como la sanidad privada, sin ningún tipo de compensación económica a las patronales, y que pasen a ser parte de una red 100% pública que esté gestionada bajo control de sus profesionales, de los usuarios y familiares, con el asesoramiento de expertos. Porque la única manera de acabar con el crimen social vivido en las residencias, es acabando con el aberrante negocio y mercantilización que están haciendo con la atención y el cuidado de nuestra gente mayor. | 
