Mientras aumentan los casos y el rebrote se hace fuerte, el gobierno cede a la presión de las patronales. Aquellas madres (y en menor medida padres) que estaban con dispensa al cuidado de sus hijos, deben retomar tareas por resolución del ministerio de trabajo.

Con fecha 24 de diciembre, el ministerio de trabajo suspende la dispensa a los padres, madres o cuidadores de niños y niñas en edad escolar, que permitía la posibilidad de quedarse a cargo de los niños sin tener que recurrir a trabajar o teletrabajar.

Según la resolución 1103/2020 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL resuelve en su ARTÍCULO 1°.- Dispónese que a partir del 1º de enero de 2021 y por el lapso durante el cual se extienda el receso escolar de verano en cada jurisdicción, no será de aplicación lo establecido en el artículo 3º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 207/20, que habilitaba a los padres al goce de una licencia laboral paga mientras duren las clases presenciales.

Claudio Moroni, ministro de esa cartera, pone así de manifiesto que aún ante un rebrote importante de coronavirus como el que se está desarrollando en el país, tienen prioridad los reclamos patronales de “normalizar” las tareas laborales, ignorando la emergencia sanitaria, exponiendo a las y los trabajadores y a sus hijos a contagiarse, aumentando la curva de infecciones, sobre todo en AMBA.

Como informamos en La Izquierda Diario, la situación efectivamente es preocupante. Según el informe del Ministerio de Salud vespertino del martes 5, fueron confirmados 13.790 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.662.730 positivos en el país, de los cuales 1.466.616 son pacientes recuperados y 152.329 son casos confirmados activos y en las últimas 24 horas, se notificaron 151 nuevas muertes, 90 hombres y 61 mujeres.

Una gran paradoja la de este gobierno: mientras obliga a trabajadoras y trabajadores a utilizar los, ya colapsados, medios de transporte para concurrir a sus oficinas, exponiendo a enfermarse a niños y niñas en guarderías, jardines materno paternales y colonias, le echa la culpa a la gente por ser “irresponsables y no cuidarse”.

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Para dar algunos ejemplos, en empresas de telecomunicaciones y transporte se convocó al personal a cumplir su jornada laboral completa, sin tener en cuenta que aun las guarderías y colonias no están habilitadas al 100 por ciento de su capacidad ni con jornada completa, por lo que realmente hace muy dificultoso, y costoso también, organizar las jornadas para que los niños tengan los cuidados mientras sus padres trabajan (mención aparte merecen las y los trabajadores que durante toda la cuarentena han estado trabajando remotamente, en muchos casos con hijos a cargo, donde no se contemplaban los tiempos de descanso).

A esto se le suma que las condiciones edilicias y de seguridad e higiene no son las mejores: la comunidad docente viene sosteniendo el reclamo sobre la falta de condiciones existente en los establecimientos escolares, frente a la insistencia de las autoridades para que vuelvan las clases presenciales.

En CABA además, el Tribunal de Justicia porteño dictaminó que hace falta un "certificado de pobreza" si decidimos enviar a nuestros hijos a la escuela pública. No sólo obligan a las madres y padres a dejar a sus hijos en jardines maternales y colonias en el peor momento de crecimiento de contagios, sino que muchas familias deberán destinar una gran parte de sus ingresos (que ya se vieron mermados producto de las paritarias a la baja y la inflación que también crece) a establecimientos de cuidado y educación privados, con cuotas que rondan los 20000 en promedio para una jornada de cuidado de 8 horas. A lo que también le deben sumar la matrícula de aproximadamente unos 10000 pesos.

Y mientras que las patronales (avaladas por el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales) quieren instaurar un régimen de “normalidad” a pesar de todas las condiciones antes señaladas, son los mismos funcionarios los que en sus declaraciones dan los peores pronósticos. Sin ir más lejos este martes por la mañana, Daniel Gollán, ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, dijo que "si sigue el crecimiento de casos puede tensarse el sistema sanitario en un lapso corto".

Las centrales sindicales y los sindicatos deberían ponerse a la cabeza del reclamo para retrotraer esta resolución, ya que perjudica a los trabajadores en general, en su gran mayoría trabajadoras.