Este miércoles en una entrevista, en relación al paro del campo convocado contra el cierre de las exportaciones de maíz, Alberto Fernández afirmó: “Yo tengo que cuidar el bolsillo de la gente porque estamos en una situación muy delicada.” Según distintas fuentes del Gobierno hace meses que hay escasez de maíz en el mercado el local provocando una suba de los costos para las empresas que lo utilizan para producir otros alimentos. Entonces, argumentan, impedir hasta el primero de marzo se exporte más de lo ya pactado garantizaría el abastecimiento ¿El Gobierno está afectando al campo para abaratar los alimentos?
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que hasta el momento se autorizó la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total teórico exportable de 38,50 millones de toneladas, es decir que sólo resta el 11%. Teniendo un precio de venta superior al de los últimos seis años las ganancias para el sector se presumen altas, en principio los empresarios, por más declaraciones altisonantes que realicen, no están enfrentando pérdidas. Incluso el presidente reconoció que: “hace años que no tienen aumentos de luz, gas, además tuvieron bajos aumentos en combustibles, tuvieron ayuda de la ATP”.
¿Puede al menos la medida beneficiar a las millones de familias que tienen grandes dificultades para comprar los alimentos que necesitan? La situación es crítica, debido a la crisis económica, la cuarentena y el aumento de la desocupación la pobreza se encuentra por encima del 40%. Los alimentos hasta noviembre del 2020 crecieron por encima de la inflación, la canasta básica alimentaria que calcula el Indec acumula un alza del 38,4% para ese periodo (con una inflación general del 30,9%). Una baja moderada de los precios del maíz apenas si modificaría el panorama, pero es probable que no ocurra.
“Entiendo que el maíz creció mucho y es una gran oportunidad para exportar, pero no entiendo por qué quieren cobrarle al argentino al mismo precio que paga el mundo. El mundo demanda carne, producen en pesos, pero ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un chino, un francés o un alemán?" dijo el presidente en diálogo con Radio con vos. Fernández “no entiende” que los empresarios toman sus decisiones pensando sólo en aumentar sus ingresos, si exportando obtienen mejores precios nada los obliga en la actualidad a vender más barato en la Argentina.
Más cercano a un objetivo real de la medida es el expresado por el Ministerio de Agricultura que comunicó: "Esta decisión se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción". Entonces lo principal es solucionar el “problema” que tienen los empresarios que necesitan el maíz como insumo.
Así lo confirmó el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech: "Creo que aquellos que tienen el maíz tienen todo el derecho del mundo a preservar el valor de lo que tienen, pero la realidad también tiene que tener en cuenta la complicación que producen sobre aquellos que transformamos esa materia prima. No es solo una cuestión de precio, fuimos accediendo a todos, tampoco una cuestión de plazo, pero sí es una cuestión de abastecimiento".
Recordemos que tres de las entidades de la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) decidieron convocar a un cese de comercialización de granos entre el lunes y el miércoles de la próxima semana exigiendo se libere la exportación de maíz. Desde el Gobierno afirman que no van a ceder, pero vienen de retroceder en otras ocasiones y otorgar importantes concesiones al campo. Dieron marcha atrás con la “expropiación” de Vicentin, bajaron las retenciones al complejo sojero primero y luego se las eliminaron a distintos productos de origen agropecuario, y aprobaron un gran aumento de los precios de los biocombustibles.
Para “cuidar el bolsillo de la gente” las medidas deberían ser otras, empezando por hacer públicos los libros de contabilidad de los agroexportadores para demostrar cuáles son sus ganancias y cuánto grano tienen retenido, así como también de todas las empresas que aduzcan que “necesitan” ajustar sus precios. Los precios podrían ser controlados por comités de trabajadores y consumidores para garantizar que ningún empresario de toda la cadena genere aumentos imposibles de pagar para la mayoría de las familias.
En la actualidad hay un monopolio privado del comercio exterior, donde unas pocas empresas concentran las exportaciones del país. Entre las principales empresas que exportan maíz se encuentran Aceite General Deheza, Cargill, Cofco, ADM Agro, Bunge y Molinos Agro. Implementar un monopolio estatal del comercio exterior permitiría avanzar en una organización de las exportaciones en función de abastecer al conjunto de la sociedad y no según los intereses de unas pocas corporaciones.
Como parte de un plan de conjunto para terminar con la pobreza sería necesario repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y establecer un salario que cubra todas las necesidades básicas de las familias. Muy lejos de esto se encuentra el Gobierno que eliminó el Ingreso Familiar de Emergencia y se prepara para acordar con el FMI pautas de ajuste por varios años.
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