El tema de la reforma de la seguridad social no es un algo nuevo en el Uruguay.
Ya desde que gobernaba el Frente Amplio comenzó a instalarse en la agenda política que es necesario y urgente una reforma al sistema de seguridad social en el país.
El conjunto del arco político viene planteando reiteradamente sobre lo insostenible que se volverá el sistema a corto plazo con el déficit y dificultad de financiación que enfrenta.
Con este telón de fondo el gobierno creo una “comisión de expertos” integrada por 15 representantes de diferentes sectores que tendrá en principio 90 días para elaborar un diagnóstico preliminar.
El contexto internacional
La reforma del sistema previsional no es algo que sucede solamente en Uruguay.
Los cambios en los sistemas de pensiones y jubilaciones son parte de una política que impulsan los gobiernos de todos los países a partir de una exigencia de los capitalistas a nivel mundial y que se intenta imponer también en Uruguay. El propio FMI (Informe sobre la estabilidad financiera mundial, 2012) ha plantado que “Una reforma esencial es permitir que la edad de jubilación aumente a la par de la longevidad esperada”.
Al mismo tiempo que quieren avanzar sobre las jubilaciones también buscan implementar reformas laborales que van en el mismo sentido; mayor explotación, precarización y rebaja de salarios.
Francia, Brasil o Argentina son algunos de los países en los que se avanza en reformas en el sistema previsional, reformas que han encontrado una tenaz resistencia debido a que todas apuntan a un recorte de derechos para trabajadores y jubilados.
Los cambios en los sistemas previsionales en clave neoliberal toman siempre el argumento del aumento del promedio de la edad de vida de los trabajadores y del déficit fiscal que se genera, pero omiten referirse a las verdaderas causas de estos déficit, que son las ventajas impositivas que tiene la clase capitalista, así como el pago de la deuda externa o el gasto militar.
La crisis de la seguridad social en Uruguay
En el caso concreto de Uruguay, no podemos olvidar que con la reforma del año 95 las patronales tuvieron una rebaja en sus aportes, pasando del 15% al 12, y luego durante el gobierno del Frente Amplio, a un 7,5% promedio.
A esta situación se le suman las jubilaciones de privilegios y el costo que genera la Caja Militar y Policial con privilegios que se arrastran desde la época de la dictadura.
En la Caja Militar por ejemplo el déficit (más de 400 millones de dólares anuales) se explica porque 1500 altos oficiales (un 3% del total de los jubilados y pensionistas militares) se llevan más del 20% de los egresos de esa Caja.
Mientras el BPS gasta algo menos de 600millones de dólares para cubrir a 700000 pasivos, la Caja Militar tiene casi ese mismo gasto pero para pagar a 65000 beneficiarios.
La situación crítica de la seguridad social se explica también por la existencia de las AFAPS, herederas de las reformas neoliberales de los 90 y que ningún partido político parece querer revisar. Con la privatización parcial de la seguridad social los ahorros individuales de los trabajadores son administrados por empresas financieras, que además de cobrar una comisión se dedican con esos dineros a la especulación financiera que pone en riesgo los ahorros de los trabajadores.
La reforma del 95 también provocó una rebaja en la jubilación inicial al modificarse la tasa de reemplazo, es decir el porcentaje que se utiliza para el cálculo jubilatorio y del aumento de los años para calcular el salario promedio del trabajador; que pasó de considerar los últimos 3 a los últimos 10 o los mejores 20. En función de estas modificaciones hubo una importante baja en el monto al percibir al jubilarse.
Yendo más atrás no podemos olvidar que fue durante la dictadura militar que se impusieron topes a los montos de las jubilaciones del BPS, lo cual se mantiene vigente hasta el día de la fecha. Los militares además redujeron los aportes como forma de abaratar los costos de los empresarios.
¿Qué anuncia la Comisión de “expertos”?
Los “expertos” tienen 90 días para presentar un primer diagnóstico de la situación, sin embargo en estos meses han dado muestras de por donde van sus intenciones.
En un seminario virtual organizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) realizado a mediados de noviembre el representante del gobierno, Rodolfo Saldain, hizo una defensa de las AFAPS, planteando que un mayor esquema de capitalización individual redundaría en un menor gasto del Estado en pensiones y que ese era parte del camino a seguir. En esa misma jornada el representante del sector empresarial planteó que había que promover el ahorro voluntario individual ya que a su criterio las contribuciones obligatorias de empleados y empleadores habían llegado a un límite y propuso crear un tercer fondo de ahorro, ya hay dos dentro del régimen de AFAP— destinado a los más jóvenes con inversiones que den mayor rentabilidad a largo plazo.
Las propuestas de empresarios y del gobierno parten de un enfoque neoliberal, avanzando en propuestas privatizadoras de la seguridad social y aunque no lo dicen con todas las letras, insinúan con claridad que hay que aumentar los años de trabajo. Todos saben que esta es una propuesta antipopular, de hecho una encuesta en estos días mostró que el 78% de la población está en contra de aumentar la edad de retiro, por eso los “expertos” se cuidan de abordar esta cuestión.
Rodolfo Saldain, presidente de la comisión para la reforma de la seguridad social planteó en octubre que “hay que elevar la edad mínima de acceso a las jubilaciones de una manera gradual, y hay que ajustarla periódicamente como evolucione la esperanza de vida”
En estos últimos años, referentes de los principales partidos se han pronunciado en el mismo sentido.
En su momento Verónica Alonso propuso incrementar la edad de jubilación de 60 a 65 años, al igual que referentes del Partido Colorado y también del propio Frente Amplio. A comienzos de 2019 Mujica declaró que el sistema político “le va a tener que decir a miles de personas que deberán trabajar cinco años más para jubilarse”. Un año antes Astori había señalado que era urgente una reforma que modificara “todos los parámetros y, sin duda, uno de ellos es la edad de retiro”.
Una salida de los trabajadores
Frente a este régimen político que quiere que trabajemos más años y luego nos condena a jubilaciones miserables, los trabajadores tenemos que luchar por imponer una salida que beneficie a las grandes mayorías.
Es necesario plantear la re estatización de todo el sistema provisional, bajo control de los trabajadores, eliminando las AFAPs, para terminar con el lucro y los negociados del capital financiero. Hay que terminar con las exoneraciones de aportes patronales y aumentar el aporte patronal para poder garantizar el funcionamiento del BPS. A la vez hay que terminar con las jubilaciones de privilegios, en especial de la casta militar (y policial) que se llevan buena parte de los gastos públicos destinados a la seguridad social.
El camino para enfrentar esta reforma antiobrera es la movilización popular, las comisiones de “expertos” (de las que participa el PIT-CNT) intentan dar una cobertura de legalidad y consenso para poder llevar adelante el ataque contra los trabajadores y a lo que apuntan es profundizar el camino privatizador de la seguridad social.
Hay que terminar con las jubilaciones de miseria que no cubren las mínimas necesidades de los beneficiarios, luchando por 82% del salario con que se retira un trabajador, una aspiración que garantice que al jubilarse siga teniendo un nivel de ingresos similar a la de su etapa activa.
Periódicamente se vuelve a instalar en la agenda política la necesidad de reformar la seguridad social, siempre en clave de recorte de derechos para los jubilados. La organización y movilización popular son las que pueden frenar esta nueva ofensiva que encabeza el gobierno y cuenta con el apoyo de la oposición. | 
