Edenor encontró al menos 16 conexiones ilegales a la red eléctrica, dentro de un exclusivo barrio privado Los Pingüinos, ubicado en el kilómetro 30 del Acceso Oeste, localidad de Ituzaingó.
Tras el hallazgo se radicaron denuncias penales y se impulsa una investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación Nº 1 de Ituzaingó. Los vecinos acusados de manipular la red eléctrica para obtener luz gratis, ya habrían sido identificados, según informó La Nación.
Un hecho de similar tuvo lugar en 2020, cuando se identificaron 31 casos en 13 barrios dentro del complejo Nordelta, como Islas Del Golf, Los Castores, Barrancas del Lago, Las Tipas, entre otros.
Desde la compañía, recientemente adquirida por los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, aseguraron que este tipo de conexiones se intensificaron al inicio de la pandemia por las restricciones de movilidad y la dificultad de para efectuar controles presenciales. Afirmaron que una vez normalizada la red se recuperaron 314.00 kwh que equivalen a $2.700.00.
Este tipo de comportamiento de parte de quienes más tienen no debe llamar la atención. Como ya se mencionó, no es la primera vez que se descubre un country con conexiones ilegales a la luz. Además, durante 2020 quedó en evidencia que quienes viven allí y los empresarios que se enriquecen con este tipo de negocio inmobiliario, acuden a todo tipo de irregularidades para pagar menos impuestos. El mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reconoció que había centenares de barrios privados sin registrar o que figuraban como terrenos baldíos en la provincia.
El problema de la vivienda para los sectores más pobres y precarios se agudizó al calor de la crisis por la pandemia. Proliferaron luchas por tierra para vivir a lo largo y ancho del país, a las que el Gobierno respondió con represión, estigmatización y falsas promesas. El caso emblemático fue la lucha de Guernica. Al tiempo que Kicillof hablaba de las estafas de los countries, mandó a reprimir a miles de familias para favorecer el negocio inmobiliario de una empresa, Bellaco SA, que se quedó con esas tierras gracias a su relación con la última dictadura militar y que tiene la pretensión de construir un barrio privado allí. Vale aclarar, que los denunciantes que querían desalojar a las familias jamás pudieron demostrar la titularidad de las tierras en disputa.
Los ricos nunca piden permiso. Roban servicios, evaden impuestos, toman tierras… para ellos todos los gobiernos reservan solo amenazas y multas que nunca llegan a hacerse efectivas. El rigor y los palos son para la población más pobre y el pueblo trabajador cuando lucha y se dispone a hacer efectivo el acceso a derechos básicos, como a la tierra para vivir.
