En este contexto, sectores sindicales y asociaciones de la Comunidad de Madrid exigían la prórroga del inicio de las clases, las cuales debieron haber comenzado el lunes 11 y han sido finalmente retrasadas hasta el lunes 18. Es, por supuesto, ilusorio pensar que en una semana se vayan a ver solventados los problemas relacionados con el frío en las aulas y con el peligro de las estructuras que han sufrido daños en numerosos centros, entre otras muchas cosas.
“En el mes de noviembre ya se advirtió a las DATs y a los Comités de Seguridad Laboral que empezaba a haber problemas con la ventilación en las aulas porque las temperaturas eran cada vez más bajas […]. Pero estamos en plena ola de frío y la apertura permanente de puertas y ventanas parece incompatible con la protección de la salud durante una semana en que las temperaturas serán extremas” aseguran en su comunicado la Plataforma por la Escuela Pública de Móstoles y la Asamblea de Docentes de Alcorcón.
Una vez más, la Comunidad se lava las manos respecto a la situación en los centros y deja las soluciones a merced de los docentes y los medios de cada colegio e instituto. Recordemos, además, que dichos medios no son los mismos para todos, siendo la educación pública una gran damnificada en este sentido. El año 2020 ha sido el ejemplo perfecto de cómo la falta de personal suficiente y de recursos dignos ha pasado factura a la hora de garantizar medidas como la distancia de seguridad, la posibilidad de desdobles del alumnado en diferentes aulas, la conexión online en las modalidades semipresenciales, etc. Este último ejemplo, además, es algo que están viviendo los y las docentes estos días de teletrabajo en la Comunidad de Madrid, ya que Educamadrid -la Plataforma Tecnológica Educativa de la Comunidad que, en teoría, debería garantizar la conexión web entre los centros públicos, los docentes y el estudiantado- ha colapsado en el primer día de enseñanza telemática, impidiendo a multitud de alumnos poder conectarse a sus clases y al profesorado realizar su trabajo.
Los y las docentes vemos con indignación el descaro de los gobiernos que llega al punto de dejar en manos de los centros la gestión de la vuelta a las clases, algo que también hemos ido sufriendo durante la gestión de la pandemia y sumado a toda la precariedad que ya atravesaba la educación en el Estado español desde hacía décadas.
Las problemáticas del sector educativo durante estos días son un ejemplo más de que tanto el temporal como la pandemia muestran que ya partíamos con desventaja para afrontar ambas situaciones, teniendo en cuenta el desmantelamiento sistemático de los servicios públicos en beneficio de las ganancias privadas que se ha estado llevando a cabo tanto desde los gobiernos autonómicos como desde el Gobierno central.
Por ello, no debe entenderse de manera aislada la encrucijada a la que se enfrentan los centros educativos, ya que se trata de un engranaje más de toda la cadena de trabajadores y trabajadoras que han sufrido en sus carnes las consecuencias de un sistema que busca el beneficio económico por encima de la mejora de los recursos públicos y de unas condiciones de vida dignas.
La reivindicación de las y los docentes no se queda únicamente en luchar por la necesaria prórroga de la vuelta a clases presenciales en este inicio de año, ya que ésta constituye sólo un parche de todo lo que queda por hacer. Muchas de nosotras entendemos que la presencialidad es fundamental para lograr un verdadero proceso de aprendizaje, así como sabemos que numerosos estudiantes no cuentan en sus casas con los medios digitales necesarios para seguir de forma íntegra una docencia online. Por ello, nuestra exigencia es la de garantizar la seguridad y los recursos materiales y humanos de los centros para que el personal docente y no docente podamos realizar nuestro trabajo y el alumnado de todas las etapas pueda asistir a clase con todas las garantías. |
