La Comisión de Mujeres y Equidad de Género del parlamento chileno comenzó a debatir el proyecto de despenalización del aborto presentado en 2018 por un grupo de diputadas. Será con exposiciones en contra y a favor. ¿Qué posibilidades tiene la legalización de la práctica del otro lado de la cordillera?
Tras la legalización del aborto en Argentina, los gestos de los partidos mayoritarios y los gobiernos locales trascendieron en distintos lugares del planeta, con voces a favor y en contra de ese derecho en sus respectivos países.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera fue uno de los primeros en rechazar este derecho al conocerse la noticia. En el país que hoy busca modificar la Constitución de 1980, el régimen de causales se aprobó recién en 2017 con objeción de conciencia institucional. Aunque a partir de entonces el aborto dejó de ser totalmente ilegal, sólo se puede acceder a la práctica en determinadas circunstancias y en algunos establecimientos de salud, ya que más del 50% se declaran objetores y, además, el acceso no es gratuito.
Para modificar la normativa actual, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género
del parlamento chileno, que preside la diputada Maite Orsini de Revolución Democrática (Frente Amplio), abrió el debate “para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación”. Aunque no hay compromiso del oficialismo para llevar este proyecto al recinto, el debate en Comisión inició este miércoles 13 de enero, con exposiciones de invitadas y teniendo a la vista el proyecto presentado en 2018 por diputadas del Frente Amplio y Nueva Mayoría.
El proyecto de las diputadas chilenas modificar el Código Penal para que las sanciones por abortar se apliquen solamente cuando la interrupción del embarazo se realice después de la semana 14 de gestación. Es decir, propone mantener la penalización con el régimen de causales pero incorporando un criterio temporal, que despenaliza la práctica hasta la semana 14 (luego de la cual seguirían rigiendo las restricciones actuales, ante casos de “violación”, “inviabilidad fetal” o “riesgo de muerte de la madre”), pero
Gloria Maira, ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) e integrante de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, que promueven los “Frentes Feministas” de Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social (Frente Amplio), plantea que en el marco del actual proceso constituyente “la expectativa es poder incorporar derechos sexuales y reproductivos en el capítulo de derechos humanos y con eso avanzar al reconocimiento de la autonomía”. Después de eso, sostiene, se podría lograr una ley que permita “un aborto por plazos, que es el tipo de legislación que hay en la gran mayoría de los países hoy en el mundo”.
Maira da en la tecla de los debates que atraviesan al movimiento feminista, incluso ante la pelea por la conquista de derechos elementales. ¿Por qué seguir dilatando la lucha por la legalización de la práctica, para que sea gratuita y se garantice en todos los centros de salud, ante la sola solicitud de la persona gestante y sin intromisiones de las iglesias y sectores antiderechos, en lugar del espíritu diletante que impone el “paso a paso”? ¿Fortalece esa perspectiva al movimiento de lucha por los derechos de las mujeres y la diversidad, más aún en el marco de ese proceso constituyente?
El debate, como señala Maira, se da en el marco del proceso Constituyente que surgió del “Acuerdo por la Paz” que firmaron los partidos mayoritarios chilenos (desde la derecha hasta el Frente Amplio) para plebiscitar la redacción de una nueva constitución a través de una Convención Constitucional.
Bajo el lema de la paz, ese acuerdo dejó impunes a los represores y violadores de los derechos humanos que actuaron ante el estallido del 2019, que sacudió al régimen heredado de Augusto Pinochet bajo el lema de “no son 30 pesos, son 30 años”. Para garantizarlo, el acuerdo impuso una Convención que dista (muchísimo) de la Asamblea Constituyente Libre y Soberana que se exigía en las calles, limitando a la vez la participación de quienes no comulgan con los partidos mayoritarios. Entre ellos, miles de activistas del movimiento de mujeres que ese año salieron a las calles y sacudieron al mundo con su denuncia al accionar de las fuerzas represivas chilenas.
La Convención Constituyente, como denuncian desde la Agrupación de mujeres Pan y Rosas - Teresa Flores y desde PTR -organización hermana del PTS en Chile-, no contempla (entre otras muchas cosas) la incorporación del derecho a decidir ni la gratuidad y el acceso universal al sistema de salud pública, que sigue en manos de empresas, clínicas, aseguradoras y farmacéuticas que lucran millonariamente a costa de ella.
“Nuestra lucha es por terminar con el Chile de los 30 años, el del saqueo y la impunidad de las transiciones pactadas a espaldas del pueblo”, dice Jo Cáceres, quien luego de una intensa campaña logró, junto a varios de sus compañeros y compañeras, ser candidata convencional por esa organización. La joven referente del feminismo socialista advierte también que “el proceso constituyente está lleno de trabas, pero además tiene una activa participación de los sectores más conservadores, de los grandes empresarios y partidos del sistema”.
“Ellos defenderán con uñas y dientes sus riquezas, sus privilegios y sus mandatos. Ya sabemos que no es de la mano de estos sectores como conquistaremos nuestros derechos”, agrega, y como señala la lista que encabeza destaca que “es momento de darlo vuelta todo y eso sólo podemos hacerlo organizándonos democráticamente, en los lugares de trabajo, en los barrios y lugares de estudio. Ese camino, como muestra a todo el mundo la marea verde en Argentina, es el que tenemos que reabrir para conquistar que sea ley; para terminar con el negocio de la clandestinidad y del acceso a la salud; para separar a las iglesias del Estado. Al servicio de construir esa fuerza, de aliarnos con las trabajadoras, trabajadores y jóvenes que protagonizaron la rebelión y hoy enfrentan las consecuencias de la crisis que se agravó con la pandemia, están nuestras candidaturas”.
El camino hacia la legalización del aborto en chile no será fácil. Tras la aprobación del régimen de causales en Chile, el 51 % de los obstetras se declara objetor para negarse a practicar abortos ante los casos que permite el Código Penal. Según un monitoreo de Corporación Humanas, solamente en la ciudad de Osorno, que tiene una población de 140.000 habitantes, 17 de los 18 obstetras del servicio de salud se declaran objetores para negarse a practicar abortos ante las causales permitidas, lo que prácticamente imposibilita el acceso a la práctica.
