El pasado viernes 08 enero, el presidente Francisco Sagasti, acompañado de los ministros Waldo Mendoza de Economía y Pilar Mazzetti de Salud, emitieron el Decreto Supremo Nº 002-2021-SA, el cual aprueba el “Reglamento para el Registro Sanitario Condicional de Medicamentos y Productos Biológicos”, el mismo que, entre otras cosas, permitiría que los laboratorios y cadenas farmacéuticas privadas puedan importar, producir o comercializar las vacunas para prevenir el contagio de Covid-19.
Este reglamento, en su artículo 2 numeral 1, deja claramente establecido que “autoriza la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación, expendio o uso de medicamentos y productos biológicos para la prevención y tratamiento de enfermedades gravemente debilitantes o potencialmente mortales, que dan lugar a una emergencia declarada por riesgos o daños a la salud pública, reconocida por el Poder Ejecutivo o por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, tiene una vigencia de un (01) año”.
De entrar en vigencia este dispositivo legal, los grandes beneficiados serían, una vez más, los propietarios de las grandes cadenas farmacéuticas y de los laboratorios privados, ya que lucrarían enormemente con el temor de la población a contagiarse, sobre todo si tomamos en cuenta que en los últimos días se viene dando un incremento en el número de contagios de Covid-19, lo cual ha sido considerado por los especialistas en salud pública y por la misma ministra de Salud como una segunda ola, la cual nuevamente viene poniendo en evidencia las precarias condiciones en las que se encuentra nuestro sistema de salud. A esto se suma que la vacuna adquirida por el estado aún no tiene fecha exacta de llegada.
Esta incapacidad del sistema sanitario público para encarar con eficacia la segunda ola de contagios, se debe a que, desde que se decretó el estado de emergencia hace más de 10 meses, el ejecutivo no ha tomado las medidas sanitarias necesarias para prevenir los contagios y para fortalecer la infraestructura sanitaria del sector público, sino todo lo contrario, por esa razón se han mantenido los privilegios a las grandes clínicas y cadenas de farmacias privadas, no se unifico el sistema de salud pública, no se incrementó el presupuesto a este sector como se debiera, tomando en consideración la magnitud de la pandemia la cual hasta ahora ha causado la muerte de casi 40 mil personas y más de un millón de contagiados.
Otro hecho que ha llevado a profundizar la crisis del sistema sanitario público, tiene que ver con que los gobiernos de Martin Vizcarra y Francisco Sagasti se opusieron rotundamente al nombramiento de los trabajadores del régimen CAS del sector salud y, con la ayuda del Tribunal Constitucional, impidieron que este sector – que estuvo en primera línea durante la pandemia – adquiera estabilidad laboral. Por esa razón hoy, que muchos de los contratos de los trabajadores CAS ya se vencieron, los hospitales y centros de salud estatales están quedando desabastecidos de personal y de especialistas.
Va quedando demostrado que estos gobiernos y el estado juegan en pared con los grandes empresarios sin importarles la salud ni la vida del pueblo peruano. Por eso, en la denominada primera ola, le dieron carta libre a los propietarios de las cadenas de farmacias, clínicas y laboratorios privados para que impongan sus precios, lo cual llevo a encarecer enormemente el costo de medicamentos básicos e insumos de primera necesidad como el balón de oxígeno, por ejemplo, el cual termino costando - en el pico de los contagios - más de mil soles (320 dólares aproximadamente). Esa fue la razón de fondo que llevo a que el Perú se convierta rápidamente en uno de los países con la mayor tasa de contagiados y fallecidos del planeta.
La solución entonces no vendrá de “diversificar la oferta de salud”, como dicen los neoliberales para justificar una mayor mercantilización y privatización de los servicios sanitarios, sino más bien, de parar cuanto antes los privilegios de los grandes empresarios dueños de clínicas, cadenas de farmacias y laboratorios privados, esto implica derogar cuanto antes el decreto supremo 002-2021-SA y plantear la estatización de sus empresas y bienes y que estos pasen a funcionar bajo control de los trabajadores de la salud, debiendo pasar su producción a estar al servicio de las necesidades de la población. Además de ello, es importante la unificación del sistema sanitario peruano, el incremento del presupuesto al sector salud y el nombramiento inmediato de todos los trabajadores que el año pasado y este año se desempeñaron bajo el régimen CAS y terceros. |
