Desde el 2012 –y con su permanencia en la reforma de 2019– la implementación del outsourcing se ha extendido en la iniciativa privada, en miles de empresas y para 8 millones de empleados, así como en el ámbito público.
Outsourcing en el gobierno federal
Desde finales del año pasado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que “eliminaría” el outsourcing y emitió una iniciativa en noviembre de 2020 –cuya discusión fue suspendida hasta febrero de este año– por un acuerdo “tripartito” que realizó con el empresariado y las burocracias sindicales, exhortando a 37 mil patronales a no reducir el número de sus trabajadores a través de malas prácticas.
AMLO ha declarado que el gobierno federal debe dar el ejemplo de no subcontratar; sin embargo, emplea a más de 500 mil trabajadores bajo esta modalidad. Un ejemplo es que, a pesar de las quejas por violaciones a derechos laborales, una de las principales empresas con las que contrata, Decoaro y Supervisión S.A. de C.V. pone a su disposición a 1,500 trabajadoras y trabajadores en Palacio Nacional, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y las Secretarías de Turismo (SECTUR), Relaciones Exteriores (SRE) y Comunicaciones y Transportes (SCT).
A esta empresa no se le renovó contrato, pero se seguirán subcontratando servicios de limpieza para el periodo del 14 de enero al 31 de marzo de 2021, en espacios como la oficina de la presidencia de la república. Entre las candidatas está contemplada Rapax, que emplearía a 33 personas en limpieza en áreas de la Presidencia de la República, en otros seis inmuebles de la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Residencia Manuel Ávila Camacho y en residencial La Herradura. Lo anterior, aunque tienen señalamientos de no otorgar un salario digno y realizar prácticas para no generar obligaciones patronales.
Mientras tanto, los charros de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), lejos de oponerse a la tercerización, no se han pronunciado por su eliminación, sino solo han declarado que el gobierno tiene recursos para contratar, directamente, a los subcontratados.
Consecuencias desastrosas del outsourcing
La labor de limpieza en áreas comunes es esencial, pero la subcontratación implica que no se especifique la protección durante la pandemia, para evitar algún contagio o el seguimiento médico para las y los trabajadores. Si el gobierno federal no se asume como patrón, les está negando derechos laborales.
En el sector público y privado, esto hace la diferencia entre tener derechos como seguridad social, un salario digno, estabilidad en el empleo, entre otros, y en una crisis sanitaria y económica como la actual, es lo que determina si puede llevarse a cabo (o no) el confinamiento y preservar (o no) la salud.
Por otra parte, no se han establecido mecanismos para sancionar a las patronales que siguen subcontratado y despiden trabajadores injustificadamente.
La trabajadora estatal Flora Aco marcó un precedente
La actual iniciativa de reforma no contiene la eliminación del outsourcing, sino su regulación específica. Cuestión que revela la posible continuación de esta forma de contratación.
Al outsourcing se suman otras formas de contratación como por honorarios y servicios profesionales, todas como una forma de precarización implementada en el sector público, así como los despidos injustificados; cuestiones que se han denunciado desde 2018 por la trabajadora estatal Flora Aco, junto con sus compañeras y compañeros en la campaña Queremos Trabajo Digno.
No obstante, alzar la voz fue criterio para las autoridades, particularmente del DIF de la Ciudad de México, para reprimir mediante despidos injustificados; sin embargo, tras movilizaciones –y una dura lucha en unidad con otros sectores de trabajadores– se impuso la reinstalación de las personas despedidas. Hecho que marca un importante precedente para el conjunto de la clase trabajadora.
Ahora, en continuidad con esa lucha, Flora Aco González aspira a una candidatura independiente de la diputación federal por el Distrito 23 de Coyoacán, como una voz anticapitalista de las y los trabajadores, denunciando los acuerdos “tripartitos”, sin trabajadores y proponiendo frente a la crisis: reducción de la jornada laboral a 6 horas y cinco días a la semana, sin reducción salarial, el reparto de las horas de trabajo y un aumento general de salarios –de acuerdo con el costo de la canasta básica y ajustable de acuerdo a la inflación–.
Exige también la prohibición de los despidos, los recortes de salarios y prestaciones, además de la ilegalización del outsourcing y el trabajo precario.
Asimismo, plantea un llamado a las centrales sindicales que se reclaman democráticas y combativas, a movilizarse por la resolución de las luchas de trabajadores.
¡Te invitamos a impulsar esta candidatura independiente! | 
