Con exposiciones a favor y en contra del proyecto, que suscriben diputadas del Frente Amplio y Nueva Mayoría, la despenalización del aborto comenzó a debatirse en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile.
La iniciativa en cuestión llevaba ya dos años esperando su tratamiento. Pero tras la aprobación argentina, la presidenta de esta Comisión, Maite Orsini (Frente Amplio), decidió llamar finalmente al debate. El texto que comenzó a debatirse propone despenalizar la práctica hasta la semana 14 de la gestación, reformando el Código vigente. Así, si un aborto se practicara antes de ese plazo, la interrupción del embarazo no sería punible, es decir, no tendría el castigo de hasta 20 años de prisión que tiene actualmente -siempre que se practique antes de este período-.
Entre quienes se pronunciaron en contra de la ley, estuvieron a la cabeza las diputadas alineadas con el Presidente Sebastián Piñera, Ximena Ossandón y María José Hoffmann, de la pinochetista Unión Democrática Independiente, que sostuvieron que se promueve el “aborto libre” con una “fórmula antojadiza” -en referencia a las 14 semanas para acceder a la práctica- y reafirmando que el gobierno nacional no promoverá que se altere la ley de aborto en tres causales, que desde 2017 permite el aborto solamente en casos de “violación”, “inviabilidad fetal” y “riesgo de muerte de la madre” .
Desde la oposición del Frente Amplio, Maite Orsini afirmó que quiere “un aborto legal", pero "lamentablemente la Constitución de 1980 impide que las parlamentarias podamos presentar proyectos de Ley que incurran en gasto fiscal, como la legalización del aborto. Es decir, que en los hospitales públicos se preste el servicio de aborto hasta las 14 semanas es prerrogativa exclusiva del presidente de la República, por eso no podemos presentar esta iniciativa”.
“Lo que si podemos hacer es despenalizar el aborto, es decir, que si bien no se va a entregar la prestación salud en los hospitales, aquella mujer que decida hacerlo en su casa o una clínica privada, no vaya a la cárcel, por eso presentamos el proceso de despenalización y no el de legalización”, agregó. Además, ante el cuestionamiento oficial, afirmó que la fuerza que integra está dispuesta a discutir el plazo de 14 semanas que propone su proyecto.
Para que no haya más presas ni muertas por abortar
En el país que hoy busca modificar la Constitución de 1980, el régimen de causales se aprobó con objeción de conciencia institucional. Por ese motivo, más del 50% de las y los profesionales de la salud se declaran objetores en el país.
El proyecto de las diputadas chilenas, sin embargo, mantiene la figura de objeción institucional, que impone que en establecimientos y comunas enteras no existan profesionales que garanticen la práctica, y no cuestiona que el acceso a la misma no sea gratuito. Dos cuestiones centrales, justamente, para dar respuesta a la alarmante realidad que indica que las principales víctimas de la clandestinidad son las más jóvenes y las más pobres, es decir, quienes menos recursos tienen para poder pagar un aborto en una clínica privada.
Gloria Maira, ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) e integrante de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, que promueven los “Frentes Feministas” de Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social (Frente Amplio), plantea que en el marco del actual proceso constituyente “la expectativa es poder incorporar derechos sexuales y reproductivos en el capítulo de derechos humanos y con eso avanzar al reconocimiento de la autonomía”. Después de eso, sostiene, se podría lograr una ley que permita “un aborto por plazos, que es el tipo de legislación que hay en la gran mayoría de los países hoy en el mundo”.
Maira da en la tecla de los debates que atraviesan al movimiento feminista, incluso ante la pelea por la conquista de derechos elementales. ¿Por qué seguir dilatando la lucha por la legalización de la práctica, para que sea gratuita y se garantice en todos los centros de salud, ante la sola solicitud de la persona gestante y sin intromisiones de las iglesias y sectores antiderechos, en lugar del espíritu diletante que impone el “paso a paso”? ¿Fortalece esa perspectiva al movimiento de lucha por los derechos de las mujeres y la diversidad, más aún en el marco de ese proceso constituyente que les ha dado la espalda?
"Estamos a favor de toda medida que signifique un avance en nuestros derechos", dice en cambio Pamela Contreras, candidata constituyente por Pan y Rosas y el PTR de Chile. Pamela advierte que, sin embargo, "la despenalización no significa su legalización, y eso es nos preocupa". "Miles de mujeres hemos exigido una y otra vez que la interrupción del aborto sea legal, segura y gratuita, y sin injerencia de las Iglesias. No podemos dejar esa pelea para un futuro incierto", señala, y destaca que "por supuesto que la despenalización sería un avance, pero no alcanza con que no nos condenen penalmente: necesitamos que nuestro derecho a decidir se reconozca y sea garantizado por el Estado, en todos los establecimientos de salud y sin la reaccionaria figura de la objeción de conciencia institucional, que impone que en localidades enteras, ya al día de hoy, no se pueda acceder si quiera a las tres causales que vigentes desde 2017”.
La fuerza está en las calles
Bajo el lema de un “Acuerdo por la paz”, los partidos mayoritarios chilenos (desde la derecha hasta el Frente Amplio) resolvieron impulsar en común una Convención Constitucional, para plebiscitar la redacción de una nueva constitución en Chile.
Ese acuerdo dejó impunes a los represores y violadores de los derechos humanos que actuaron ante el estallido que en 2019 sacudió al régimen heredado de Augusto Pinochet. Para garantizarlo, el acuerdo impuso una Convención que dista (muchísimo) de la Asamblea Constituyente Libre y Soberana que se exigía en las calles, limitando a la vez la participación de quienes no comulgan con los partidos mayoritarios. Entre ellos, miles de activistas del movimiento de mujeres que ese año salieron a las calles y sacudieron al mundo con su denuncia al accionar de las fuerzas represivas chilenas.
Desde la Agrupación de mujeres Pan y Rosas y el PTR de Chile cuestionan que el texto en debate no legaliza el derecho a decidir ni garantiza la gratuidad y el acceso universal al sistema de salud público, que sigue en manos de empresas, clínicas, aseguradoras y farmacéuticas que lucran millonariamente a costa de ella.
“Nuestra lucha es por terminar con el Chile de los 30 años, el del saqueo y la impunidad de las transiciones pactadas a espaldas del pueblo”, dice Jo Cáceres, quien luego de una intensa campaña logró, junto a Pamela y decenas de sus compañeros y compañeras, ser candidata convencional por esa organización. La joven referente del feminismo socialista advierte que “el proceso constituyente está lleno de trabas, pero además tiene una activa participación de los sectores más conservadores, de los grandes empresarios y partidos del sistema”.
“No va a ser de la mano de estos sectores como conquistaremos nuestros derechos”, subraya, y destaca que “es momento de darlo vuelta todo y eso sólo podemos hacerlo organizándonos democráticamente, en los lugares de trabajo, en los barrios y lugares de estudio. Ese camino, como muestra a todo el mundo la marea verde en Argentina, es el que tenemos que reabrir para conquistar que sea ley; para terminar con el negocio de la clandestinidad y del acceso a la salud; para separar a las iglesias del Estado. Al servicio de construir esa fuerza, de aliarnos con las trabajadoras, trabajadores y jóvenes que protagonizaron la rebelión y hoy enfrentan las consecuencias de la crisis que se agravó con la pandemia, están nuestras candidaturas”.
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