La relevancia del testimonio es importante pues confirma la participación del ejército y la policía estatal en la desaparición de los normalistas. El mismo testimonio advierte que los normalistas nunca fueron trasladados a la comisaría, como en un principio señaló la Procuraduría del Estado, versión que respaldó la PGR, sino que durante el suceso se presentó el Comandante de la 27 zona militar en Guerrero por espacio de 15 minutos, preguntando sobre el traslado de los estudiantes.
Los datos proporcionados por Proceso son importantes pues al calor de los sucesos de Ayotzinapa y en medio de la visita del relator del Comité de Naciones Unidas contra la tortura, se ha señalado que en México la desaparición forzada es una es una practica generalizada. En México se siguen documentando casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales como los denunciados por la Comisión de la verdad de Oaxaca 2006, en los que se advierten 500 casos de desaparición forzada y 26 ejecuciones contra activistas, dirigentes sindicales y comunitarios durante el conflicto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), además de múltiples y graves violaciones a los Derechos Humanos como la fabricación de delitos, declaraciones extrajudiciales, violación al debido proceso, etc.
Pero la situación parece empeorar. El fin de semana pasado el diario digital revolucion3.0, denunció una operación de la marina en Durango en el que se disparó a sangre fría desde helicópteros, asesinando a varios jóvenes y niños que se trasladaban a su jornal en el campo. Algunos de ellos resultaron gravemente heridos y varios sobrevivientes se encuentran en calidad de detenidos.
Estamos viendo una especie de limpieza social, donde se vienen dando ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones y tortura como en Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingan, Tanhuato y ahora Acachuane, Durango, con participación de las fuerzas represivas del estado, sea el ejército, la marina, las policías de los tres niveles y grupos paramilitares.
La verdad histórica de la PGR se desmorona entre las propias versiones dadas por el exprocurador, Murillo Karam, los partes militares y las constancias que obran en el expediente de la averiguación, así como las múltiples denuncias por los casos de tortura a los policías municipales o el testimonio del Juez cívico de Iguala.
Tras los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa el ejército ha tratado de limpiar su imagen. Para ello, se ha escudado en el discurso oficial del “combate a la delincuencia organizada”, a la que ahora califican de “apartidas”. Sin embargo, el discurso que justifica el asesinato o las ejecuciones extrajudiciales y que ha venido saliendo a la luz, es el de “el enfrentamiento contra presuntos delincuentes”.
Lo que estamos viendo también, y que se repite en las masacres, es un modus operandi de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas mueven a las personas “abatidas” y contaminan la escena de los hechos o simplemente evitan su preservación, para luego ser los únicos que dan la versión de los acontecimientos.
A ocho meses, los normalistas siguen desaparecidos. Mientras que el régimen en su conjunto y los partidos en el congreso (PRI, PAN, PRD, PVEM) se blindan tras el ejercito, la represión y mayor autoritarismo llamando a elecciones. A la par, continúan los operativos, la militarización y masacres como la de Durango.
Los principales responsables de Ayotzinapa, el ejército y el ejecutivo federal siguen gozando de impunidad ante los hechos, y cada día de “guerra contra el narco” incrementan la violación a los derechos humanos, los feminicidios y la impunidad sobre ellos, las cifras de desaparecidos y desplazados.
Por ello el discurso del Estado respecto a la defensa de los derechos humanos choca con la realidad. Es necesario no acostumbrarnos a la violencia generada por el propio Estado, ni ante la catástrofe humanitaria de la violación a los derechos humanos. Si no salimos a la calle a repudiar que en México se viole de forma impune los derechos humanos se reforzará el envalentonamiento del Estado para avanzar sobre otros derechos y conquistas en la medida que no haya una respuesta desde abajo que frene la militarización, la represión, el autoritarismo y las masacres de las que hemos sido testigos todos.
Desde el Movimiento de los Trabajadores Socialistas pensamos que es urgente construir un movimiento que cuestione de fondo las causas del problema. La militarización del país, que es la principal causa de las masacres de los últimos tiempos, es producto de un plan de recolonización de los Estados Unidos que busca aumentar los lazos de opresión imperialista en México. Llamamos a organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos, organizaciones populares independientes a construir un movimiento contra la militarización del país y en contra de la represión, por la libertad de los presos políticos y por la ruptura de los acuerdos de seguridad, Iniciativa Mérica que establecieron los gobierno de México con los imperialistas. |
